Correo de los Viernes - La ofensiva migratoria de Trump también mata estadounidenses

La ofensiva migratoria de Trump también mata estadounidenses

Viernes 23 de octubre de 2026. Lectura: 5'

Las deportaciones masivas de Donald Trump han venido acompañadas de muertes, heridos y detenciones de ciudadanos estadounidenses. Siete casos permiten apreciar la gravedad de unos operativos cuyas versiones oficiales y mecanismos de control están bajo cuestionamiento.

La ofensiva migratoria de Donald Trump desborda la discusión sobre las deportaciones. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de otras dependencias federales han matado o herido a personas que, en algunos casos, ni siquiera estaban sujetas a procedimientos migratorios. Según un relevamiento de ABC News del 24 de setiembre, desde el inicio del segundo mandato presidencial los agentes migratorios habían baleado a por lo menos 21 personas, de las cuales ocho murieron; tres de los fallecidos eran estadounidenses. No todos los disparos fueron efectuados por el ICE: también intervino la Patrulla Fronteriza (CBP).

Los estadounidenses muertos

Rubén Ray Martínez, de 23 años, murió el 15 de marzo de 2025 en South Padre Island, Texas, por disparos de un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional, división del ICE. El gobierno alegó que había atropellado intencionalmente a otro funcionario durante un incidente de tránsito. Sin embargo, los videos posteriores muestran que el automóvil avanzaba lentamente y no confirman ese atropello. Un gran jurado decidió no acusar al agente.

Renee Nicole Good, de 37 años y madre de tres hijos, fue abatida el 7 de enero de 2026 en Minneapolis por Jonathan Ross, funcionario del ICE, cuando intentaba alejarse en su automóvil de un operativo. La administración sostuvo que había querido atropellar a los agentes y llegó a calificar el episodio como terrorismo doméstico. Las grabaciones pusieron seriamente en cuestión esa versión: muestran que el vehículo intentaba esquivar al funcionario. Good no era buscada por infracciones migratorias. Su familia demandó al gobierno federal en octubre.

Alex Pretti, de 37 años, enfermero de cuidados intensivos en un hospital para veteranos, murió el 24 de enero de 2026, también en Minneapolis. Filmaba un operativo cuando intervino para auxiliar a unas mujeres; fue rociado con un agente químico, derribado y reducido por varios funcionarios. Portaba legalmente una pistola, pero los videos no muestran que la esgrimiera. Según el análisis de las imágenes, un agente le retiró el arma antes de que dos efectivos de la Patrulla Fronteriza le dispararan. El informe preliminar oficial no sostuvo la acusación inicial de que Pretti había intentado sacar su arma.

A estos hechos se suma la muerte de Keith Porter Jr., de 43 años, ocurrida el 31 de diciembre de 2025 en Los Ángeles. Le disparó Brian Palacios, agente del ICE fuera de servicio. Porter habría estado disparando al aire durante los festejos de Año Nuevo; el funcionario invocó legítima defensa y la familia exige una investigación penal. No fue un operativo migratorio, distinción imprescindible para no confundir los casos.

Octubre: tres nuevas víctimas de violencia

El 8 de octubre, en Nueva York, Oscar Belgal, dominicano de 28 años, recibió un disparo en el cuello cuando estaba en un automóvil con su hijo de cinco años. El ICE afirmó que maniobró el vehículo contra sus funcionarios; sus abogados denuncian que agentes de civil se acercaron armados sin identificarse debidamente. Sobrevivió con graves secuelas y continuó bajo custodia federal. Una jueza suspendió provisionalmente su deportación.

El 10 de octubre, en Houston, Miguel Parra Hernández, trabajador mexicano de 48 años, sufrió fracturas graves en una pierna y un tobillo al ser atropellado por una camioneta del ICE. La agencia aseguró que se cruzó delante del vehículo al huir, pero las cámaras muestran que la camioneta giró hacia su trayectoria. La Fiscalía del condado estudia posibles cargos. Surgieron, además, dudas sobre la identidad del hombre supuestamente buscado: una organización aportó documentos según los cuales había muerto en 2017.

El 17 de octubre, en Long Beach, California, Ricardo González, estadounidense de 40 años, terminó con un brazo fracturado. Circulaba en bicicleta eléctrica cuando agentes en vehículos sin identificación lo interceptaron. Según sus familiares, lo derribaron, inmovilizaron y le aplicaron descargas eléctricas. Los videos lo muestran esposado y pidiendo auxilio; la policía local confirmó sus lesiones y su traslado al hospital. Hasta entonces el ICE no había explicado públicamente el motivo de la detención.

Más de 500 ciudadanos detenidos

Una investigación de ProPublica publicada el 6 de octubre documentó 506 estadounidenses detenidos por agentes migratorios desde enero de 2025: entre ellos, al menos 70 menores, más de un centenar de personas cuya ciudadanía fue cuestionada y 63 arrestadas mientras filmaban operativos. No todas las detenciones pueden calificarse automáticamente de ilegales, pero las cifras contradicen las afirmaciones de que estas situaciones no ocurren.

Aparece, además, un patrón de versiones oficiales controvertidas. Reuters identificó seis enfrentamientos en los que videos u otras pruebas contradijeron aspectos relevantes de los relatos iniciales. En Minnesota hubo disputas entre autoridades estatales y federales por el acceso a las pruebas sobre Good y Pretti. El 15 de octubre se supo, asimismo, que el gobierno rechazó una recomendación de activar automáticamente las cámaras corporales cuando los agentes desenfundan sus armas.

Trump justifica su política en la necesidad de hacer cumplir las leyes migratorias y proteger a la población; las agresiones contra funcionarios también deben investigarse. Pero la normativa federal permite la fuerza letal únicamente frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Huir, protestar o resistirse no equivale por sí solo a esa amenaza.

La contradicción es profunda: una política anunciada para proteger a los estadounidenses también ha terminado matando, hiriendo y deteniendo a estadounidenses. Y los extranjeros, cualquiera sea su situación migratoria, poseen igualmente derechos fundamentales. Cada episodio requiere una investigación independiente y responsabilidades determinadas con pruebas, no con declaraciones políticas. El Estado de Derecho se mide también por los límites que impone a quienes ejercen la fuerza en su nombre.