La "mordida" que acorrala a Zapatero
Edición Nº 1090 - Viernes 24 de julio de 2026. Lectura: 7'
 Las confesiones de los máximos directivos de Plus Ultra marcaron un punto de inflexión en la investigación sobre el rescate de la aerolínea. Al ratificar la existencia de pagos por la intermediación atribuida a José Luis Rodríguez Zapatero, fortalecieron la posición de la Fiscalía, complicaron la estrategia defensiva del expresidente y abrieron un escenario de creciente presión política sobre Pedro Sánchez y el PSOE, aunque las eventuales responsabilidades penales de cada uno siguen siendo, por ahora, claramente diferenciadas.
La investigación judicial sobre el rescate de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra acaba de entrar en una nueva fase. Si hasta hace pocos días el eje de la causa descansaba fundamentalmente sobre la documentación incautada por la UDEF y las declaraciones de Julio Martínez Martínez —considerado por los investigadores como el hombre de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero—, ahora son los propios máximos directivos de la compañía quienes han decidido colaborar con la Justicia y corroborar buena parte de ese relato.
Ese cambio tiene una importancia jurídica considerable porque deja de tratarse únicamente de mensajes o documentos cuya autenticidad era discutida por la defensa del expresidente y pasa a apoyarse también en testimonios directos de quienes participaron en las decisiones empresariales.
El giro provocado por Plus Ultra
Los escritos presentados por el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y por su director financiero y posteriormente CEO, Roberto Roselli, constituyen probablemente el acontecimiento procesal más importante desde la imputación de Zapatero.
Ambos reconocieron ante la Audiencia Nacional que la contratación de Julio Martínez Martínez respondió precisamente a su cercanía con Zapatero y admitieron la existencia de un contrato cuya remuneración equivalía al 1% del importe del rescate concedido por la SEPI. Además, ratificaron la autenticidad de los mensajes extraídos del teléfono de Rodolfo Reyes Rojas, uno de los principales accionistas venezolanos de la compañía, mensajes que la defensa de Zapatero intenta excluir del procedimiento alegando defectos en su obtención.
Desde el punto de vista procesal, esta circunstancia es especialmente delicada para el expresidente.
Aunque finalmente el juez pudiera declarar nulos determinados mensajes por problemas de cadena de custodia o cooperación judicial internacional, la Fiscalía dispondría ahora de declaraciones independientes que coinciden sustancialmente con su contenido. En otras palabras, la estrategia de anular la prueba documental pierde parte de su eficacia si quienes participaron en aquellas conversaciones reconocen que reflejan fielmente lo sucedido.
El problema para Zapatero
Hasta hace apenas unos días, la defensa del expresidente descansaba sobre tres pilares:
- negar cualquier gestión ante el gobierno;
- sostener que Julio Martínez actuó por iniciativa propia;
- desacreditar las pruebas obtenidas del teléfono de Rodolfo Reyes.
Las nuevas declaraciones afectan directamente a los tres.
Los directivos sitúan a Zapatero como el verdadero punto de conexión político cuya proximidad justificaba la contratación de Martínez. Además, describen una estructura en la que el pago de la comisión aparecía vinculado exclusivamente a la obtención del rescate público, reforzando la tesis de la Fiscalía de que no se trataba de una consultoría ordinaria sino de una intermediación remunerada.
A ello se suma el testimonio previo de Julio Martínez Martínez, quien declaró que era Zapatero quien marcaba las instrucciones y que toda la operación se desarrollaba bajo sus directrices. Aunque afirmó no saber si el expresidente habló personalmente con ministros o con Pedro Sánchez, sí sostuvo que toda la estrategia pasaba por él.
¿Qué cambia jurídicamente?
Conviene distinguir cuidadosamente entre las consecuencias para Zapatero y para Pedro Sánchez. Al menos por el momento.
Respecto de Zapatero
Procesalmente, la situación parece objetivamente más comprometida que hace una semana.
La investigación ya no depende exclusivamente de indicios documentales.
Ahora existe una convergencia entre:
- documentación incautada;
- mensajes electrónicos;
- contratos;
- movimientos económicos;
- declaraciones coincidentes de varios investigados.
En Derecho Penal este fenómeno suele aumentar la fortaleza probatoria porque diferentes fuentes independientes terminan apuntando hacia un mismo relato de los hechos.
Ello no implica, naturalmente, culpabilidad ni condena.
Zapatero continúa amparado por la presunción de inocencia y será el tribunal quien determine si esas declaraciones resultan suficientemente corroboradas.
¿Puede alcanzar a Pedro Sánchez?
Aquí conviene separar claramente el plano político del penal.
En el plano político
El impacto ya existe.
La oposición sostiene que un rescate de semejante magnitud difícilmente pudo aprobarse sin conocimiento del presidente del gobierno.
El PP insiste en que la verdadera cuestión pasa por determinar si Zapatero habló directamente con Sánchez o con alguno de sus ministros antes de que la SEPI autorizara la ayuda.
La presión política aumenta porque Zapatero continúa siendo una figura muy influyente dentro del PSOE y mantiene una intensa actividad diplomática y política vinculada al gobierno.
Por tanto, cualquier deterioro de su credibilidad termina proyectándose sobre el Ejecutivo.
En el plano penal
La situación es distinta.
Hasta este momento no existe ninguna prueba pública conocida que sitúe directamente a Pedro Sánchez participando en las supuestas gestiones.
Las declaraciones conocidas hablan de la actuación de Zapatero y de su entorno, pero ninguno de los investigados afirma haber presenciado una intervención personal del presidente del gobierno.
Para que la investigación alcanzara penalmente a Sánchez harían falta indicios específicos que acreditaran alguna forma de participación, conocimiento o intervención en los hechos investigados. Por ahora, esa conexión no ha trascendido públicamente.
La reacción del PSOE
El PSOE mantiene oficialmente una posición de respaldo.
El discurso ha evolucionado muy poco desde la imputación de Zapatero:
- defensa de la presunción de inocencia;
- confianza en la Justicia;
- rechazo a las acusaciones de la oposición;
- denuncia de una utilización política del procedimiento.
Sin embargo, distintas informaciones periodísticas coinciden en señalar que dentro del partido existe un creciente nerviosismo.
Varios dirigentes reconocen en privado que el problema ya no es únicamente la imputación, sino el hecho de que antiguos colaboradores y empresarios estén modificando su estrategia procesal para colaborar con la Fiscalía.
Los socios de gobierno
Las posiciones tampoco son uniformes.
Sumar ha mantenido un discurso más prudente que el PSOE.
Aunque evita sumarse a las acusaciones de la oposición, sí reclama mayores explicaciones públicas y mayor transparencia. Yolanda Díaz ha señalado que la ciudadanía merece conocer con claridad lo ocurrido.
Otros socios parlamentarios han ido rebajando progresivamente el respaldo inicial que ofrecieron cuando Zapatero fue imputado y han optado por esperar la evolución judicial antes de cerrar filas políticamente.
La estrategia de la Fiscalía
Otro elemento significativo es que Anticorrupción ha decidido ampliar el foco de investigación sobre varios empresarios vinculados al rescate, buscando verificar si existió un circuito organizado de pagos y contraprestaciones asociado a la obtención de la ayuda pública.
La Fiscalía intenta determinar si las comisiones respondían a servicios reales de consultoría o si constituían el precio por ejercer influencia sobre responsables públicos. Esa diferencia será determinante para la eventual calificación penal de los hechos.
Lo que viene
Las próximas semanas probablemente estarán dominadas por tres cuestiones:
- La decisión del juez sobre la validez de los mensajes obtenidos del teléfono de Rodolfo Reyes.
- La comprobación documental de los pagos y contratos admitidos por los directivos de Plus Ultra.
- La eventual aparición de nuevos colaboradores que refuercen o contradigan el relato actualmente asumido por Martínez Martínez, Martínez Sola y Roselli.
Balance
Desde una perspectiva estrictamente procesal, la investigación parece haber dado un salto cualitativo. La principal novedad no reside tanto en la aparición de hechos completamente desconocidos como en que varios protagonistas de la operación han dejado de negar la existencia de pagos ligados al rescate y han confirmado elementos que hasta ahora figuraban únicamente en mensajes y documentación cuestionados por la defensa.
Ello no significa que la responsabilidad penal de José Luis Rodríguez Zapatero esté acreditada, ni mucho menos que pueda proyectarse automáticamente sobre Pedro Sánchez. En un Estado de Derecho, la existencia de indicios relevantes no equivale a una condena y cada eventual responsabilidad debe acreditarse de forma individual.
Políticamente, sin embargo, el escenario es mucho más complejo. Cada nueva declaración incrementa la presión sobre el PSOE, alimenta la ofensiva de la oposición y obliga al gobierno a sostener una defensa cada vez más difícil de un expresidente que continúa siendo una de las figuras de mayor influencia dentro del socialismo español.
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