Correo de los Viernes - La ministra que permaneció sentada

La ministra que permaneció sentada

Viernes 11 de setiembre de 2026. Lectura: 7'

La crisis de Ceuta ha dejado al descubierto algo más grave que una desavenencia personal. Dentro del gobierno español conviven dos relatos incompatibles sobre la información disponible y la responsabilidad de Marruecos. Pedro Sánchez ha elegido respaldar a Interior. Margarita Robles respondió con un silencio que todo el Congreso pudo ver.

En política, permanecer sentado también puede ser una declaración. Margarita Robles lo demostró durante la comparecencia de Pedro Sánchez ante el Congreso de los Diputados para explicar la crisis de Ceuta.

Cuando el presidente anunció que haría públicos los informes de inteligencia y defendió que no existen pruebas concluyentes de que Marruecos hubiera organizado la entrada masiva de más de 70.000 personas, la bancada socialista y los ministros se pusieron de pie para aplaudirlo. Robles permaneció en su escaño, seria, sin acompañar la ovación. Más tarde aplaudiría alguna intervención de Sánchez, con menos entusiasmo que sus compañeros, pero la fotografía política ya estaba tomada: la ministra de Defensa no quiso respaldar el pasaje central del relato presidencial.

Gabriel Rufián advirtió inmediatamente el alcance del episodio: "Nunca había visto a una ministra del gobierno no aplaudir al presidente". Los aplausos parlamentarios tienen mucho de liturgia partidaria, pero precisamente por eso la negativa a participar adquiere significado. Robles sabía que las cámaras apuntaban hacia el banco azul y que su quietud sería interpretada como un desacuerdo.

Dos versiones que no pueden ser ciertas al mismo tiempo

La ruptura viene de la discusión sobre qué sabía el gobierno antes de la avalancha de los días 30 y 31 de julio.

Robles, de quien depende orgánicamente el Centro Nacional de Inteligencia, sostuvo ante el Congreso que el CNI había comunicado a la Delegación del Gobierno en Ceuta la existencia de movimientos sospechosos y el riesgo de una entrada a nado. También explicó que esa clase de información no siempre se trasmite mediante documentos formales.

Marlaska la contradijo pocas horas después. Fue terminante: "No hubo ningún informe ni del CNI ni de ningún centro de un país amigo" que permitiera anticipar lo que acabaría ocurriendo. La controversia dejó entonces de ser una diferencia de interpretación. Una ministra aseguraba que hubo advertencias y otro ministro afirmaba que no las hubo.

Sánchez intentó conciliar lo inconciliable. Admitió que existieron informes de situación del CNI y la Policía, pero afirmó que ninguno advirtió la magnitud de la crisis. Esa formulación permite sostener que Robles tenía razón al decir que hubo comunicaciones y Marlaska también, porque ningún documento pronosticó el ingreso de decenas de miles de personas.

El problema es que no se trata de una diferencia semántica. Entre no recibir advertencia alguna y recibir avisos que no permitían prever la dimensión exacta del episodio existe una distancia política enorme. Una alerta no necesita anticipar el número exacto de personas para obligar a adoptar precauciones.

El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la propia Policía registra ocho alertas emitidas entre el 29 de julio y el 4 de agosto. Una fue enviada el día anterior a la avalancha. La Guardia Civil confirmó además comunicaciones previas con otros organismos de inteligencia, aunque tampoco previeran la magnitud final.

Es posible, por tanto, que nadie imaginara que más de 70.000 personas intentarían cruzar la frontera. Pero resulta cada vez más difícil sostener que no existió señal alguna.

La sombra de Marruecos

La segunda discrepancia es todavía más delicada. Afecta directamente a Marruecos y a la política que Sánchez mantiene hacia Rabat.

Robles fue la primera integrante del gobierno en abandonar las cautelas diplomáticas. Durante su visita a Ceuta proclamó: "Ceuta y Melilla no son españolas, son españolísimas. A Ceuta y Melilla no se las toca". Era una respuesta explícita a las renovadas reivindicaciones marroquíes sobre ambas ciudades.

Marlaska, en cambio, continuó calificando de "extraordinaria" y "excepcional" la cooperación de Marruecos. Esa es también la línea que ha seguido Sánchez, aunque en su comparecencia parlamentaria introdujo algunas cautelas y prometió actuar si aparecían pruebas de una participación directa de Rabat.

Pero esas pruebas circunstanciales comenzaron a aparecer.

Un informe de 55 páginas del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras concluye que agentes marroquíes uniformados participaron en la operación, indicando a los migrantes que cruzaran por el agua en la zona de El Tarajal. El documento describe un "guiado activo", una retirada inusual de las fuerzas de seguridad marroquíes y un patrón organizado de mensajes en las redes sociales.

El informe no atribuye formalmente la planificación al gobierno de Mohamed VI, pero descarta que se tratara de un movimiento accidental o puramente migratorio. Sostiene que la llegada fue coordinada para saturar los sistemas españoles de vigilancia, salvamento y recepción, y que la inmigración habría funcionado como cobertura de una operación cuyo propósito era "eliminar la capacidad de respuesta por parte de España".

Es una conclusión demasiado grave como para despacharla porque no existe una orden firmada por el rey de Marruecos. Decenas de miles de personas no se movilizan simultáneamente ni atraviesan una frontera vigilada sin que las autoridades del país de origen lo adviertan. Mucho menos cuando algunos de sus agentes aparecen guiando el cruce.

Robles parece compartir esa elemental conclusión. Sánchez y Marlaska se resisten a asumirla porque significaría reconocer el fracaso de una política exterior construida sobre sucesivas concesiones a Rabat, desde el abandono de la posición histórica española sobre el Sahara Occidental.

Una guerra que viene de lejos

La relación entre Robles y Marlaska nunca fue buena. Ambos son jueces y llegaron al primer gobierno de Sánchez en 2018, pero desde entonces chocaron repetidamente por la Guardia Civil, el uso de las Fuerzas Armadas durante la pandemia y la delimitación de competencias entre Defensa e Interior.

Marlaska cesó sin consultar a Robles a Félix Azón, director general de la Guardia Civil y persona de confianza de la ministra. Ella se ausentó de la toma de posesión de su sucesora. También discreparon por la utilización de militares en tareas policiales durante la pandemia y por despliegues de la Unidad Militar de Emergencias. La crisis de Ceuta no creó la enemistad: la trasladó al centro del escenario político.

La diferencia actual, sin embargo, no puede reducirse a una mala relación personal. Robles defiende al CNI, cuya credibilidad quedaría comprometida si se aceptara que no advirtió nada. Marlaska procura proteger la gestión de Interior y la cooperación con Marruecos. Sánchez necesita preservar su política hacia Rabat y evitar que se concluya que el gobierno ignoró advertencias previas.

El presidente ha optado por respaldar sustancialmente a Marlaska, aunque haya debido corregir la rotundidad inicial de su versión. Al anunciar la publicación de los informes colocó además a Robles ante una situación incómoda: o los documentos respaldan lo que ella ha dicho, dejando en evidencia a Interior, o la desautorizan públicamente.

Su negativa a aplaudir debe leerse en ese contexto.

Una crisis de autoridad

Un gobierno puede albergar discrepancias. Lo que no puede mantener indefinidamente son dos versiones oficiales sobre una cuestión que afecta a la seguridad nacional, a la integridad territorial y a las relaciones con un Estado extranjero.

Si Robles ha faltado a la verdad, Sánchez debería destituirla. Si dijo la verdad y existieron advertencias, quien debe explicar sus afirmaciones es Marlaska. Y si el presidente conoce los informes y pretende disimular su contenido mediante una cuidadosamente calculada ambigüedad, la responsabilidad asciende directamente hasta La Moncloa.

Mantener a los dos ministros y fingir que no existe contradicción es la peor de las soluciones. Convierte una crisis de seguridad en una crisis de credibilidad y revela un gobierno en el que cada departamento protege su propio relato.

Margarita Robles sigue sentada en el Consejo de Ministros. En el Congreso, sin embargo, permaneció sentada cuando todos los demás se levantaron. Fue un gesto breve, pero difícilmente inocente: la expresión pública de una ministra que ya no está dispuesta a aplaudir una versión de los hechos que considera falsa o, cuando menos, deliberadamente incompleta.