Correo de los Viernes - La lucha contra la delincuencia organizada

La lucha contra la delincuencia organizada

Viernes 31 de julio de 2026. Lectura: 4'

Por Luis Hierro López

El exvicepresidente Luis Hierro López sostiene que la lucha contra el crimen organizado exige una verdadera política de cooperación internacional, pero advierte que el gobierno uruguayo incurre en contradicciones que debilitan ese objetivo. Señala que decisiones motivadas por prejuicios ideológicos han limitado herramientas y alianzas indispensables para enfrentar un fenómeno delictivo que trasciende las fronteras nacionales.

En su reunión con la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, Yamandú Orsi planteó a la mandataria la necesidad de mantener líneas de cooperación entre ambos países para luchar contra el crimen organizado transnacional, reconociendo una necesidad que siempre está en la agenda de los presidentes de la región.

En su discurso de asunción, Keiko Fujimori dedicó varios minutos a los aspectos de la inseguridad, anunciando incluso que recurrirá a las Fuerzas Armadas para que actúen en algunas regiones y circunstancias. Fue muy elocuente al respecto que, apenas terminado su discurso, la nueva presidenta haya recibido expresiones de los titulares de esas fuerzas y de la Policía, ratificando su lealtad institucional y su sumisión al Poder Ejecutivo, algo que en anteriores cambios de mando no había ocurrido.

Perú vive circunstancias muy difíciles en materia de seguridad. Bandas delictivas que trajeron prácticas de Centroamérica y de Venezuela han impuesto procedimientos de extorsión, ofreciendo seguridad a cambio de pagos extraordinarios. Pequeños empresarios del transporte y de otras áreas de servicios han sido ejecutados sanguinariamente al negarse a realizar esas contribuciones ilegales. Los asesinatos se han convertido en moneda corriente en Lima y en otras provincias, previéndose que hay altos grados de omisión o de complicidad de parte de la Policía, ante lo que Keiko hizo una advertencia específica.

Por lo tanto, ha sido oportuna la gestión del presidente Orsi, porque se hace evidente que el narcotráfico y otras formas del delito se han internacionalizado, perforando las fronteras con facilidad o a través de corruptelas que protagonizan los funcionarios públicos cómplices.

Pero para que esa cooperación internacional sea efectiva, nuestro país debería corregir algunas posiciones adoptadas últimamente, impregnadas de ideologismo o de prejuicios.

Una mención rápida de algunos hechos indica que la negativa del gobierno uruguayo a participar en estrategias de Estados Unidos para establecer mecanismos de cooperación va en contra del espíritu demostrado ahora por Orsi. El canciller, señor Lubetkin, dijo hace pocos días, ante la convocatoria del secretario de Estado, Marco Rubio, a integrar una alianza antiterrorista, que Uruguay se encuentra en las “antípodas” del pensamiento expresado por Rubio, pero no llegó a describir cuál sería el plan alternativo. Con esos radicalismos, corremos el riesgo de distanciarnos de Estados Unidos y de aislarnos de países como Perú y otros, que sensatamente aceptan la cooperación del país del norte.

Las vacilaciones del propio gobierno respecto de la participación de militares en algunas tareas complementarias para contribuir a un mejor funcionamiento policial son de índole ideológica y no tienen que ver con la necesidad de utilizar todos los recursos del Estado para amparar a las personas víctimas del delito.

Tampoco ha sido positiva la revisión de la compra de las patrulleras oceánicas, donde se advierte más una intención de atacar a Luis Lacalle Pou que de defender el verdadero interés del país. Por ahora, nos estamos quedando sin esos buques, que son imprescindibles para vigilar nuestro mar y nuestras costas.

Similar juicio puede hacerse respecto de la forma en que el oficialismo trata a la fiscal Ferrero, tratando por todos los medios de desprestigiarla y de quitarle poder. Es la fiscal más especializada en la crucial cuestión del narcotráfico —por algo atentaron contra su vida— y debería ser reconocida por su actuación, designándola fiscal titular. El Frente Amplio tiene en sus manos la responsabilidad de darle a esa investidura la jerarquía que se requiere para enfrentar el delito organizado. Sin embargo, viene haciendo lo contrario, tratando de debilitarla y someterla a sus intereses partidarios.

Ya que mencionamos a la fiscal Ferrero, conviene recordar que ella ha explicado por qué son imprescindibles los allanamientos nocturnos, ya que los narcos actúan en la noche para transportar y depositar su mercadería, aprovechando la disposición constitucional que impide a la Policía ingresar a los hogares durante la noche. Un intento de enmienda constitucional fracasó en el pasado, pero, si ahora hubiera un acuerdo político entre todos los partidos, seguramente se aprobaría, dándole a la Policía una herramienta fundamental de la que hoy carece. Otra vez, la voluntad del Frente Amplio es imprescindible para formar esa nueva mayoría, pero hasta ahora solo hay negativas.

Quiere decir que, para luchar eficaz y responsablemente contra el crimen organizado internacional, el gobierno debería llevar adelante políticas a las que viene negándose insistentemente, a veces por prejuicios ideológicos y otras veces por no tener en cuenta las experiencias de países vecinos.

Si el presidente Orsi desea realmente combatir al delito transnacional —no dudamos de su buena intención— debería primero disciplinar a los sectores frenteamplistas para asumir sin tapujos las políticas de represión que las sociedades más avanzadas ponen en práctica.