Correo de los Viernes - La larga mano de Irán llega a Gran Bretaña

La larga mano de Irán llega a Gran Bretaña

Edición Nº 1102 - Viernes 16 de octubre de 2026. Lectura: 4'

El primer ministro británico, Andy Burnham, atribuyó a la Guardia Revolucionaria iraní un presunto complot contra una base aérea utilizada por Estados Unidos. La denuncia provocó sanciones, una protesta diplomática y una declaración conjunta de 32 países. El episodio vuelve a poner de manifiesto los métodos clandestinos con los que Teherán proyecta su influencia y sus amenazas más allá de sus fronteras.

El primer ministro británico, Andy Burnham, formuló este lunes una gravísima acusación contra el régimen iraní: la operación sospechosa detectada el pasado 27 de setiembre en las inmediaciones de la base aérea de RAF Fairford, en Gloucestershire, habría sido coordinada desde Irán y dirigida por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el poderoso aparato militar e ideológico de la teocracia de Teherán.

Ante la Cámara de los Comunes, Burnham sostuvo que existía una «alta probabilidad de que la operación hubiera sido coordinada desde Irán y casi total certeza de que hubiera sido dirigida por la Guardia Revolucionaria». No se trata, por lo tanto, de una mera especulación periodística, sino de una atribución oficial de responsabilidad formulada por el jefe del gobierno británico.

Los hechos se remontan a la madrugada del 27 de setiembre, cuando cinco ciudadanos británicos de entre 20 y 29 años fueron detenidos cerca de la base, tras llegar a sus inmediaciones en tres camionetas blancas. En los vehículos se encontró combustible, aunque no explosivos. La investigación condujo posteriormente a otras dos detenciones. Los siete sospechosos fueron puestos en libertad bajo fianza policial y permanecen bajo investigación.

Según informaciones recogidas por Reuters de fuentes estadounidenses, los servicios de seguridad investigan la posibilidad de que se estuviera preparando un ataque con drones contra los bombarderos norteamericanos estacionados en Fairford. La amenaza fue considerada suficientemente seria como para que Estados Unidos retirara de esa instalación 12 bombarderos estratégicos B-1.

La elección del eventual objetivo dista de ser casual. Fairford ha desempeñado un papel en las operaciones militares estadounidenses contra Irán. Un ataque contra esa base supondría trasladar el enfrentamiento a territorio europeo, utilizando procedimientos clandestinos y colaboradores locales para eludir la responsabilidad directa de Teherán.

La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, agregó un elemento particularmente inquietante: la operación habría sido coordinada por una persona conocida por los servicios de seguridad y situada en territorio iraní. Denunció, además, que el régimen recurre a organizaciones criminales y a intermediarios para ejecutar acciones hostiles en el extranjero, preservando una apariencia de desvinculación oficial.

El gobierno británico respondió convocando al embajador iraní e imponiendo nuevas sanciones a dos individuos vinculados con las operaciones exteriores de Teherán. Uno de ellos, Ruhollah Bazghandi, dirige actividades de contraespionaje de la Guardia Revolucionaria. El otro, Shahram Ali Reza Tamarzadeh Jakki, está relacionado con la red criminal Zindashti, señalada por su participación en operaciones contra disidentes iraníes.

La reacción trascendió el ámbito bilateral. Una declaración conjunta suscrita por 32 países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá y Australia, respaldó la atribución británica de responsabilidad a Irán y condenó las operaciones violentas, los sabotajes, los incendios provocados y los ciberataques utilizados contra intereses occidentales. El documento recordó también las recientes agresiones contra comunidades judías, periodistas iraníes y objetivos estadounidenses en Europa.

Teherán negó categóricamente cualquier participación en el episodio y reclamó pruebas. Es cierto que la investigación policial continúa y que todavía no se han presentado públicamente elementos suficientes para establecer judicialmente las responsabilidades individuales. Pero esa necesaria cautela no disminuye la gravedad de la evaluación de inteligencia británica ni de la reacción diplomática que ha provocado.

El caso ilustra una dimensión particularmente preocupante de la actuación del régimen iraní: su capacidad para recurrir a redes clandestinas, organizaciones criminales y grupos interpuestos cuando considera conveniente golpear a sus adversarios fuera de su territorio. Es una modalidad que permite amenazar, intimidar o ejecutar actos de sabotaje sin asumir formalmente sus consecuencias.

La cuestión de fondo excede, entonces, lo ocurrido en una base aérea británica. Se trata de determinar hasta dónde está dispuesto a llegar un régimen que, además de reprimir a su propia población, es acusado reiteradamente de utilizar la violencia clandestina como instrumento de política exterior.

La respuesta de Londres y de sus aliados constituye una señal de que semejantes procedimientos no pueden ser aceptados como una manifestación normal de las relaciones internacionales. Si la investigación confirma las responsabilidades denunciadas, el episodio de Fairford habrá demostrado que la guerra clandestina de Teherán puede alcanzar el corazón mismo de Europa.