Correo de los Viernes - La laicidad como garantía republicana

La laicidad como garantía republicana

Viernes 26 de junio de 2026. Lectura: 5'

Por Gonzalo Durañona

La laicidad no es una restricción de las libertades, sino la condición que permite ejercerlas en igualdad. En momentos en que la visita del Papa reabre el debate sobre los límites entre religión e instituciones públicas, defender la neutralidad del Estado significa reafirmar uno de los pilares históricos de la convivencia republicana uruguaya.

La República Oriental del Uruguay no construyó su convivencia democrática sobre la imposición de una verdad oficial, sino sobre una idea sencilla y profundamente civilizadora: el Estado debe ser de todos, precisamente porque no puede ser capturado por una parte. Esa es, en esencia, la razón de ser de la laicidad.

La laicidad no es hostilidad hacia la religión, ni negación de las creencias, ni censura del pensamiento político, filosófico o moral. Por el contrario, es la garantía que permite que todas esas convicciones puedan existir, expresarse y convivir sin que ninguna de ellas sea elevada por el poder público a la categoría de doctrina oficial.

En un Estado democrático-republicano, los ciudadanos pueden creer, no creer, militar, disentir, profesar una fe, sostener una filosofía o defender una causa política. Esa libertad pertenece a la conciencia de cada persona. Pero el Estado, sus instituciones y sus funcionarios no deben apropiarse de ese espacio común para orientar, presionar o adoctrinar a los ciudadanos desde una posición de autoridad.

Ahí está la diferencia fundamental: debatir ideas es democrático; hacer proselitismo desde una institución común no lo es. Expresar convicciones es legítimo; imponerlas desde el Estado es contrario al espíritu republicano. La laicidad no busca silenciar la discusión pública, sino impedir que una parcialidad utilice el aparato estatal para presentarse como la voz de todos.

Por eso, la laicidad uruguaya no puede reducirse a una mera separación formal entre Iglesia y Estado. Es también una cultura política, una ética institucional y una barrera frente a todo dogma impuesto, sea religioso, partidario o ideológico. Su finalidad no es producir un Estado vacío de valores, sino un Estado respetuoso de la libertad de conciencia.

Un Estado laico no es un Estado indiferente a la dignidad humana, a la justicia, a la libertad o a los derechos. Es un Estado que defiende esos principios desde el marco común de la República, no desde una confesión, una secta, una facción o una verdad revelada. La democracia necesita ideas, partidos, debates y proyectos. Lo que no necesita es que el poder público confunda gobierno con catequesis, educación con adoctrinamiento o función pública con militancia partidaria.

La vigencia de la laicidad se vuelve todavía más evidente en tiempos de polarización. Cuando las sociedades se fragmentan por razones religiosas, ideológicas, culturales o partidarias, la neutralidad del Estado no es una debilidad: es una condición de paz civil. Es lo que permite que el ciudadano que piensa distinto no se sienta extranjero en su propia República.

La próxima visita papal, y particularmente el debate en torno a la posibilidad de un recibimiento de carácter republicano o de una eventual comparecencia en el Parlamento, vuelve a poner este principio en el centro de la discusión pública. No se trata de negar la relevancia internacional del Papa, ni de desconocer que también es jefe de Estado del Vaticano. En esa calidad, naturalmente corresponde dispensarle el respeto protocolar que Uruguay brinda a cualquier autoridad extranjera. Pero otra cosa distinta es trasladar al ámbito institucional de la República una ceremonia cuyo contenido, sentido y simbolismo pertenecen esencialmente al orden religioso. El Parlamento no es un templo, ni el Estado laico debe ofrecer su sede principal como púlpito de ninguna confesión.

La libertad de cultos garantiza que el Papa pueda desarrollar plenamente sus actividades religiosas, dirigirse a sus fieles y ser recibido por quienes profesan esa fe. Lo que no corresponde es convertir esa adhesión religiosa, por mayoritaria o histórica que sea, en una ceremonia oficial del Estado uruguayo. Una cosa es recibir al jefe de Estado; otra, muy distinta, es habilitar que el jefe de una Iglesia ocupe simbólicamente el espacio común de la representación nacional.

En estos días, un texto publicado por el correligionario y amigo Ope Pasquet volvió a recordar con claridad la importancia de la laicidad como rasgo identitario de nuestra República. Podrá compartirse o no su posición; de eso se trata el debate democrático. Lo que no debería admitirse es que la discrepancia derive en agravios personales, descalificaciones o animosidad contra quien piensa distinto. Cuando el intercambio abandona el terreno de las ideas y pasa al ataque personal, no se fortalece ninguna causa: se debilita la convivencia republicana que, precisamente, la laicidad busca proteger.

La historia uruguaya entendió esto con claridad. La laicidad fue una fórmula de concordia, estabilidad y libertad. No nació para perseguir creencias, sino para evitar que las creencias —de cualquier tipo— se transformaran en instrumentos de dominación pública. Fue una manera de decir que la República no pertenece a una Iglesia, a un partido, a una corriente filosófica ni a una generación: pertenece a todos los ciudadanos.

Por eso sigue siendo vigente.

Algunos pretenden contraponer laicidad y laicismo como si defender con firmeza el Estado laico fuera una forma de fanatismo. Pero una cosa es el anticlericalismo, que combate una religión por prejuicio o animadversión, y otra muy distinta es la defensa republicana de la neutralidad institucional. La laicidad bien entendida no combate la fe; combate el privilegio. No niega la religión; niega que una religión pueda ocupar el lugar del Estado. No rechaza las ideas; rechaza el adoctrinamiento. No agravia al creyente; protege también su derecho a creer sin que el Estado favorezca una conciencia sobre otra.

La laicidad no exige que los ciudadanos renuncien a sus creencias. Exige que el Estado no tenga creencias propias. No impide que un gobernante, un legislador o un funcionario tenga convicciones personales. Exige que no use su cargo, su aula, su oficina o su investidura para imponerlas. No prohíbe transformar la realidad. Impide que esa transformación se haga colonizando el Estado con una verdad única.

En síntesis, laicidad no es silencio: es pluralidad sin adoctrinamiento. No es parálisis: es garantía republicana. No es negación de la identidad: es respeto por todas las identidades dentro de un marco común.

Defender la laicidad hoy es defender que ningún ciudadano sea menos uruguayo por creer distinto, votar distinto, rezar distinto o no rezar. Es afirmar que la República debe ser casa común, no trinchera de una parcialidad.

Y esa sigue siendo una de las mayores conquistas de nuestra democracia.