Correo de los Viernes - La inversión no espera

La inversión no espera

Viernes 10 de julio de 2026. Lectura: 5'

Las advertencias sobre el deterioro de la inversión en Uruguay ya no provienen únicamente del empresariado local. Un informe de Citi, análisis de economistas y referentes académicos coinciden en señalar la necesidad de impulsar reformas y mejorar la competitividad. En ese contexto, insistir en reducir la jornada laboral sin aumento de productividad parece ir exactamente en la dirección contraria: la de desalentar la inversión, comprometer el crecimiento y dificultar la creación de empleo.

Las advertencias sobre la economía uruguaya empiezan a converger desde distintos ámbitos. Ya no se trata solamente de opiniones empresariales o de reclamos sectoriales. Cuando uno de los mayores bancos del mundo coloca a Uruguay entre los países con mayores dificultades para llevar adelante las reformas que necesita, cuando economistas nacionales alertan desde hace años sobre la caída de la inversión y cuando referentes académicos sostienen que el país “debe acelerar” porque “pasan muy pocas cosas”, lo prudente sería escuchar. No insistir en profundizar los factores que alimentan esa preocupación.

El informe del Citi es especialmente revelador porque no cuestiona los tradicionales activos institucionales del Uruguay. La estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y la calidad institucional siguen siendo fortalezas reconocidas. El problema aparece en otro plano: la capacidad política para impulsar reformas estructurales que permitan recuperar dinamismo económico y mejorar la competitividad. El banco ubica a Uruguay dentro de un grupo de países donde esa capacidad aparece seriamente limitada, precisamente cuando el contexto internacional exige mayor velocidad de adaptación.

La señal es particularmente preocupante porque coincide con un diagnóstico que desde hace tiempo vienen formulando diversos analistas nacionales.

La inversión privada lleva años mostrando signos de debilidad. Diversos economistas han advertido que el país atraviesa un prolongado proceso de desaceleración inversora, con consecuencias inevitables sobre el crecimiento potencial, la incorporación de tecnología, la productividad y, finalmente, el empleo. Incluso se ha llegado a hablar de un fenómeno de “desinversión”, donde ni siquiera se repone plenamente el capital existente, afectando la capacidad futura de producir riqueza.

La preocupación tampoco es nueva. Hace tiempo se viene insistiendo en que Uruguay necesita generar condiciones mucho más favorables para atraer capitales, facilitar nuevos emprendimientos y recuperar tasas de inversión compatibles con un crecimiento sostenido. Porque no existe crecimiento de largo plazo sin inversión, ni inversión sin expectativas razonables de rentabilidad.

En ese contexto resultan especialmente oportunas las reflexiones del decano de UCU Business School, Marcos Soto, a Luis Custodio de El País, quien recientemente sostuvo que Uruguay necesita “acelerar” porque es un país donde “pasan muy pocas cosas”. La frase sintetiza una percepción creciente: mientras otros países compiten agresivamente por atraer inversiones, Uruguay corre el riesgo de instalarse en una peligrosa zona de comodidad institucional que lentamente deriva en estancamiento.

Y es precisamente allí donde aparece una contradicción difícil de comprender.

Mientras las principales señales económicas apuntan a la necesidad de fortalecer el clima de inversión, la Confederación de Sindicatos Industriales decidió relanzar su campaña para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales sin reducción salarial, procurando incluso que el tema forme parte de la próxima ronda de negociación colectiva. La iniciativa cuenta con el respaldo del PIT-CNT y figura entre las prioridades programáticas de la central sindical.

Naturalmente, toda sociedad puede discutir la organización del tiempo de trabajo. Lo que resulta difícil de justificar es hacerlo ignorando completamente el contexto económico en que esa discusión se desarrolla.

Reducir un 16,7% la jornada laboral manteniendo intactos los salarios supone, en los hechos, aumentar significativamente el costo laboral por hora trabajada, salvo que exista un incremento equivalente de la productividad. Y precisamente la productividad constituye hoy uno de los principales desafíos competitivos del país.

No sorprende, entonces, que las cámaras empresariales hayan rechazado frontalmente la iniciativa. Lo hacen argumentando que Uruguay enfrenta escaso crecimiento, pérdida de competitividad y dificultades para atraer inversiones. No parece una preocupación caprichosa.

Porque la inversión no responde a consignas.

Los capitales observan cuidadosamente la rentabilidad esperada, la estabilidad regulatoria, la flexibilidad del mercado laboral, la conflictividad sindical, los costos de producción y la capacidad de adaptación de la economía. Cada nueva regulación que incremente los costos sin mejorar la productividad modifica esa ecuación.

Y en un mundo donde los proyectos de inversión comparan simultáneamente decenas de destinos posibles, esas diferencias terminan siendo decisivas.

La consecuencia es conocida.

Cuando disminuye la inversión privada no solamente se construyen menos fábricas o se desarrollan menos emprendimientos. También se generan menos empleos, se incorpora menos tecnología, crecen menos los salarios reales y disminuye la capacidad de financiar mejores políticas sociales.

Es una cadena económica elemental.

Por eso preocupa que, mientras desde el exterior se advierte sobre la necesidad de fortalecer la capacidad reformista del país y mejorar las condiciones para invertir, algunos actores parezcan decididos a insistir exactamente en la dirección opuesta.

No se trata de negar el derecho de los trabajadores a aspirar a mejores condiciones laborales.

Se trata de comprender que esas mejoras solo pueden sostenerse de manera duradera cuando descansan sobre una economía dinámica, empresas competitivas y una inversión creciente.

Uruguay necesita recuperar velocidad. Necesita transmitir al mundo que sigue siendo un país atractivo para producir, innovar e invertir. Necesita convencer a quienes deciden dónde colocar su capital de que aquí encontrarán estabilidad, previsibilidad y condiciones para desarrollar proyectos de largo plazo.

Todo lo que vaya en sentido contrario constituye un lujo que el país difícilmente pueda permitirse.

Porque las inversiones pueden esperar un tiempo.

Pero no esperan para siempre.