Correo de los Viernes - La intolerancia disfrazada de virtud

La intolerancia disfrazada de virtud

Edición Nº 1105 - Viernes 6 de noviembre de 2026. Lectura: 6'

Por Juan Carlos Nogueira

El autor examina cómo la pretendida superioridad moral puede transformar el desacuerdo político en una condena del adversario y advierte que el respeto a las opiniones diferentes es indispensable para una sociedad abierta.

En 1945, mientras Europa intentaba salir de las ruinas de la guerra, Karl Popper publicó La sociedad abierta y sus enemigos. Su preocupación era el avance de las ideologías que, convencidas de poseer una verdad histórica o moral superior, pretendían organizar la sociedad de acuerdo con un modelo que no admitía discrepancias. Popper advertía sobre el peligro de las doctrinas que subordinan la libertad individual a una supuesta verdad colectiva y terminan justificando el autoritarismo en nombre de un futuro mejor.

Entre las ideas más conocidas de su obra se encuentra la paradoja de la tolerancia. Una sociedad ilimitadamente tolerante corre el riesgo de ser destruida por quienes utilizan esa tolerancia para eliminarla. Si se permite que movimientos intolerantes supriman toda posibilidad de discusión y persigan a quienes discrepan, la tolerancia termina convirtiéndose en el instrumento de su propia desaparición. Popper, sin embargo, no proponía prohibir cualquier opinión intolerante. Distinguía entre discutir ideas, incluso las más desagradables, y permitir que quienes rechazan toda argumentación recurran a la violencia y la persecución para imponerlas.

La paradoja suele pasar desapercibida en las sociedades democráticas contemporáneas. La intolerancia no siempre se presenta como autoritarismo. A veces aparece revestida de superioridad moral. Quien la ejerce no suele reivindicar la censura ni la persecución del discrepante. Por el contrario, adopta la postura de estar defendiendo valores superiores. Se suelen enarbolar conceptos tales como la igualdad, la justicia, la solidaridad, la democracia o la dignidad humana.

Pero cuando esos valores dejan de ser principios compartidos, susceptibles de distintas interpretaciones, y se convierten en credenciales morales que algunos se atribuyen en exclusiva, entonces se trata de manipulación ideológica.

El adversario deja de ser alguien que sostiene una posición diferente y pasa a ser alguien cuya posición revela una deficiencia moral. Ya no se discute con él; se lo condena. Quien cuestiona una política de inclusión puede ser acusado de discriminación; quien discrepa de una determinada política redistributiva, de insolidaridad; quien cuestiona una interpretación histórica, de negacionismo.

El mecanismo es sencillo. Primero se identifica una causa moralmente valiosa. Luego se establece una identificación entre esa causa y una determinada posición ideológica. Finalmente, se concluye que quienes discrepan son reaccionarios, egoístas, autoritarios o enemigos de los derechos. La descalificación moral sustituye a la argumentación. Una discusión sobre políticas públicas termina transformada en un examen de moralidad.

La política uruguaya ofrece algunos ejemplos que permiten observar este fenómeno.

En setiembre de 2026, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, afirmó que "La derecha practica la política del odio. Algo que yo traduzco en barbarie, en ir a lo más elemental, a quitarle derechos a la gente, a generar la cultura del odio, a generar malestar social, lo que en algunos países de América Latina les ha dado resultados."

Pereira atribuye esa práctica a un espacio político entero. La formulación establece una frontera moral. De un lado están quienes defienden los derechos; del otro, quienes practican el odio.

Carolina Cosse, en una entrevista publicada en 2023, sostuvo: "La ultraderecha avanza abrazada del populismo. Todo lo que promueva el odio y el miedo le hace mal a la democracia. (...) Se puede conducir dejando a las personas en el nivel de odio y de miedo o conversando. La ultraderecha no apuesta al crecimiento del ser humano, apuesta a lo peor: odio, intolerancia, que roza el autoritarismo."

La declaración no solo establece una oposición moral entre quienes promueven el diálogo y quienes representan el odio y la intolerancia. Extiende, además, esa caracterización indiscriminadamente a un espacio político entero. A partir de ese punto cualquier defensa del pluralismo queda impedida.

En marzo de 2026, Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia, cuestionó a dirigentes de la oposición por el caso Cardama y afirmó que estaban "defendiendo y militando una estafa en el Parlamento" . Si existen elementos para sostener que hubo una estafa, es legítimo exigir explicaciones y responsabilidades. Pero atribuir a los legisladores opositores que están militando una estafa desplaza la discusión desde la evaluación de sus argumentos hacia la imputación de una conducta moralmente reprochable. El episodio resulta particularmente interesante si se recuerda que el propio Díaz había expresado en 2024 su rechazo a la política del "facho/foca", al agravio y al insulto, reivindicando la confrontación conceptual de ideas. La distancia entre ambos registros permite apreciar lo difícil que resulta sostener en la práctica los principios que se defienden en abstracto.

Estos ejemplos muestran un mecanismo discursivo que transforma el desacuerdo político en una descalificación moral.

Aquí aparece una conexión particularmente interesante con George Orwell. En 1984, Orwell imaginó un poder que procuraba controlar el pensamiento mediante el control del lenguaje. La neolengua reducía deliberadamente el universo de palabras y, con él, la posibilidad de formular ideas contrarias al orden establecido.

Pero no hace falta llegar a la neolengua para lograr el propósito. En el debate político cotidiano, las etiquetas pueden cumplir una función semejante, aunque sin necesidad de una autoridad central que las imponga. "Fascistas", "promotores de odio", "autoritarios", "defensores de estafas" dejan de describir posiciones concretas y pasan a funcionar como mecanismos de descalificación. Una vez colocada la etiqueta, parece innecesario examinar el argumento. El lenguaje ya ha dictado sentencia.

La consecuencia es más profunda que el deterioro de las formas. Cuando las palabras pierden precisión, también se reduce nuestra capacidad para distinguir. Y cuando dejamos de distinguir, terminamos pensando en categorías cada vez más rígidas. El adversario ya no es alguien con quien discrepar, sino alguien de quien debemos defendernos. La discusión deja de ser una confrontación de argumentos y se convierte en una clasificación de personas.

John Stuart Mill había advertido, mucho antes que Orwell, sobre el peligro de silenciar opiniones contrarias. Quien impide discutir una idea perjudica tanto a quien la sostiene como a toda la sociedad, porque priva a unos y otros de la oportunidad de examinarla, refutarla o descubrir una parte de verdad que pudiera contener.

El problema se agrava al incluir la asimetría moral. Las propias acciones se juzgan por sus intenciones; las del adversario, por sus consecuencias. Los errores propios son circunstanciales y explicables; los ajenos revelan su verdadera naturaleza perversa. Las mismas conductas que se disculpan en los compañeros se condenan en los adversarios. Así, la convicción de estar del lado correcto termina proporcionando una licencia para utilizar procedimientos que, en otras circunstancias, se considerarían inaceptables.

Quien se considera moralmente superior a su adversario puede terminar creyendo que tolerarlo es una concesión que no debería permitirse. En ese instante, la virtud deja de ser un fundamento de la convivencia y se convierte en un instrumento de exclusión.

La verdadera prueba de tolerancia consiste en reconocer la legitimidad de quienes sostienen ideas que consideramos profundamente equivocadas.

Una sociedad democrática necesita una cultura política que haga posible la discrepancia. Porque una sociedad abierta no se define por la unanimidad de sus convicciones, sino por su capacidad de preservar la libertad de quienes no las comparten.