La interpelación a la ministra Lazo: del anuncio rimbombante a la contradicción
Edición Nº 1065 - Viernes 12 de diciembre de 2025. Lectura: 4'
 Entre acusaciones graves y versiones cambiantes, el gobierno quedó atrapado en su propia improvisación. Y en el medio dejaron al presidente Orsi en falsa escuadra.
La interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por parte del senador nacionalista Javier García fue una jornada que desnuda, de cuerpo entero, la inconsistencia, el desconcierto y la falta de seriedad con que el gobierno del Frente Amplio ha manejado el caso del contrato con el astillero español Cardama. La instancia no solo resumió semanas de controversia política y jurídica en torno a la adquisición de las dos patrulleras oceánicas para la Armada, sino que confirmó que el oficialismo, por un oportunismo político de poca monta, ha venido minando la credibilidad del Estado uruguayo frente a socios estratégicos y al mundo empresarial.
Desde el inicio de la interpelación, García fue directo en su acusación: el Ministerio de Defensa ha decidido destruir lo que él calificó como un proyecto crucial para la soberanía marítima. La oposición, con los senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado, presentó dos mociones claras: una que señaló que consideró las respuestas de la ministra como “insatisfactorias y peligrosas” y demandó evaluación jurídica de su conducta, y otra que proponía la creación de una comisión especial para representar al Parlamento en la negociación que el gobierno dice estar llevando con Cardama.
Frente a ellas, el bloque oficialista por amplia mayoría aprobó la tercera moción que respaldó a Lazo y al gobierno, pese a las graves inconsistencias de fondo y forma expuestas en sala.
Las imputaciones de García se centraron, con dureza, en lo que calificó de “plan maquiavélico” para boicotear un contrato que es estratégico para la Armada y la defensa nacional. Denunció que los oficiales técnicos designados por la Armada para supervisar la construcción de las patrulleras fueron desplazados: “No hay ninguna institución de la Armada Nacional que durante estos ocho meses haya participado en el análisis técnico de la construcción de las OPV. Fueron expresamente sacados del análisis técnico por la ministra de Defensa”.
Los oficiales técnicos de la Armada —denunció el interpelante— sustituidos por dos oficiales navales que operaron como representantes políticos de la ministra, que actuaron con criterios ad hoc para desprestigiar la compra y que realizaron “tareas de inteligencia” sobre la empresa Cardama en suelo europeo —una imputación de extrema gravedad en términos de respeto a la soberanía y a las normas diplomáticas— con el propósito de abonar un relato que propiciara la terminación el acuerdo. Para el senador, esto no es una falla técnica sino una decisión política deliberada para destruir el proyecto, una conducta que excede cualquier lógica de resguardo contractual y roza lo temerario.
La ministra Lazo, por su parte, durante largos pasajes de su defensa reconstruyó la cronología del proceso, intentando justificar la postura del gobierno en torno a las irregularidades detectadas en la garantía de fiel cumplimiento —un aval por cerca de US$ 4,5 millones que, según peritajes oficiales, sería resultado falso— y defendió la decisión de “no confirmar” la rescisión definitiva del contrato. En una frase que quedará como síntoma de la confusión oficial, Lazo afirmó repetidamente que “al día de hoy no está decidida la rescisión del contrato” pese al anuncio ante todos los medios del presidente Obre la decisión de romper el acuerdo con Cardama, dejándolo en falsa escuadra, lo cual da cuenta del escaso respeto que en el propio gobierno tienen por la investidura presidencial.
Este extremo —que el propio Ministerio de Defensa, después de un anuncio presidencial tajante de ruptura, diga ahora que no hay decisión tomada— revela la grave falta de coordinación interna del gobierno y explicita la profunda improvisación que domina el caso. El propio Prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, había ratificado la actuación oficial afirmando que no existe actualmente proceso de mediación con el astillero y que se recorrerán “los caminos previstos en el contrato” para su rescisión.
A su vez, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, había señalado que si la garantía no tiene sustancia y es sustituida por otra, el contrato podría continuar. Es más: aseguró en Madrid —nada menos— que Uruguay “trabaja para encontrar una solución con Cardama”.
En términos políticos y diplomáticos, estas inconsistencias y contradicciones de discurso y estrategia —sumadas a la prolongada indefinición sobre si el contrato se rescinde o no— no solo debilitan la posición del gobierno ante la opinión pública interna, sino que afectan la imagen internacional de Uruguay como socio confiable. Las relaciones con España —país del astillero implicado y uno de los principales aliados europeos— se tensan en un contexto donde la seguridad jurídica y el respeto a los contratos son elementos clave para la inversión extranjera. El gobierno, por un interés político subalterno y menor, ha puesto en juego no solo la defensa nacional sino también el prestigio del país ante los mercados y las contrapartes internacionales.
En última instancia, la interpelación a Lazo no fue solo un acto de control parlamentario: fue una advertencia sobre cómo la improvisación, la falta de coherencia y las motivaciones políticas subalternas por encima del interés nacional pueden erosionar la soberanía, la seguridad y la credibilidad internacional de Uruguay.
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