La insistencia con la extranjerización de la tierra
Viernes 30 de octubre de 2026. Lectura: 5'
Por Tomás Laguna
Por estos tiempos que corren ha vuelto al tapete el manido tema de la extranjerización de la tierra en nuestro país. La bancada oficialista reflotó, allá por julio, un proyecto de ley de 2020 para limitar la compra de campos por extranjeros. La iniciativa “descansa” en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, si bien ha vuelto a tomar estado público.
No solo la izquierda insiste con este argumento. Días pasados, un reconocido profesional del agro y respetado dirigente gremial ruralista, en un dedicado reportaje en el semanario Búsqueda, manifestó su preocupación por la propiedad de la tierra en manos de extranjeros, la que estima podría llegar al 70% de la superficie productiva total para el año 2050.
Hace seis años, con motivo de la presentación del proyecto original por parte de la izquierda, entonces en la oposición, nos manifestábamos desde estas páginas con argumentos que siguen siendo bien válidos hoy.
Decíamos entonces: “Si hay un tema sensible desde siempre para la izquierda, este es la tierra. Casi un relicto de viejas revoluciones sesentistas, donde había que nacionalizar todo, empezando por la banca y la tierra, faltaba más… […] Estuvieron 15 años en el gobierno con mayorías parlamentarias y no hubo nacionalización de la banca, todo lo contrario, menos aún reforma agraria ni mucho menos nacionalización de la tenencia de la tierra. Antes bien, fueron años en los que nunca hubo tanto extranjero comprando tierras”.
De hecho, ocurrió que durante los 15 años de la administración de la izquierda coaligada se produjo el mayor pasaje de campos a propiedad extranjera. Contribuyó a ello la expansión del agronegocio agrícola, en particular la soja, y también la forestación. Ese proceso fue alentado, además, por la Ley N.º 18.092, de 2007, que sabiamente permitía que sociedades anónimas con acciones nominativas pudieran comprar campos. No se puede dejar de mencionar las inversiones desde Argentina de empresarios rurales que literalmente disparaban de las políticas adversas al campo por parte de los gobiernos kirchneristas. Esa avanzada cambió positivamente el agronegocio en nuestro país.
A partir del consolidado aumento en la rentabilidad del agronegocio, desde que la tierra es un bien productivo y como tal cotiza en función de las expectativas de las rentas futuras, con el agregado de la inversión extranjera, la tierra multiplicó su valor 11 veces desde el 2003 hasta la fecha. La mayor suba se dio en los primeros cinco años. Fue cuando el por entonces ministro de Ganadería, José Mujica, sentenciaba que estaban corriendo a los productores familiares con el alto valor de la tierra. Desde otra óptica, el mayor beneficio para la sociedad toda, para la economía del país, estaba en que cuanto mayor es el valor del recurso productivo tierra mayor inversión se realiza sobre ella a los efectos de una mayor productividad. Por el contrario, los bajos y muy bajos valores (históricos) de la tierra alientan la especulación inmobiliaria y la producción extensiva, en tanto es más razonable aumentar la tenencia antes que la producción obtenida por unidad de superficie.
Pero resulta efectista hablar de la extranjerización desde una sensibilidad nacionalista. Al reflotar aquella vieja iniciativa, el senador del Frente Amplio y presidente de la Comisión de Ganadería Aníbal Pereyra argumentó que la extranjerización de la tierra afecta la soberanía y condiciona “las posibilidades de desarrollo” de nuestro país. Agrega que resulta “imprescindible defender la tierra”, dado que es “un recurso nacional estratégico”, y reivindicó la necesidad de garantizar que “una parte importante del territorio” sea de propiedad uruguaya. Dramatizando aún más, expresa que es necesario proteger los recursos naturales, los cuales son finitos. La misma monserga de siempre, los mismos argumentos efectistas originados tras las arengas “por la tierra y con Sendic”…
Argumentos como “soberanía”, “recursos nacionales”, “garantizar la territorialidad en manos nacionales”, entre otros, se inscriben en la concepción nacionalista del Estado como ideología o movimiento social. Sentimiento homogeneizador siempre dispuesto a superponer el Estado sobre el individuo, procurando modelar la sociedad. Como tal, es intervencionista y, por cierto, filosóficamente adverso a las concepciones liberales de la sociedad. El necesario criterio de una economía liberal, abierta al mundo, condición sustantiva para nuestro pequeño país, es inconciliable con estos sentimientos de corte nacionalista.
Finalmente, desde las concepciones conspirativas se argumenta que la tierra es un bien finito, no reproducible ni renovable, y como tal debe ser resguardado en su uso del inversor extranjero. Esta advertencia supone que la mera propiedad del bien permite su uso de forma indiscriminada, cuando en nuestro país existen regulaciones que hacen al buen uso sustentable de un recurso no renovable, y esa reglamentación no distingue según la nacionalidad ni la residencia del propietario. Aviesamente o por ignorancia, se omite que, cualquiera sea la forma de tenencia de la tierra, la reglamentación vigente es estricta en cuanto a su uso, resguardando la sustentabilidad del recurso productivo. A tales efectos, existe una sólida institucionalidad del Estado que garantiza el cumplimiento de las normas vigentes. Ejemplos sobran al respecto.
Más allá de los comprensibles sentimientos en cuanto a la ruralidad y la necesidad de preservar los valores culturales incubados a través del tiempo en este medio, el país no puede sustraerse a la inversión extranjera en la actividad agropecuaria, en tanto sea realizada por personas físicas o jurídicas con participación nominada e identificable. Sería retroceder 30 o 50 años en la historia del agronegocio y, como tal, significaría un retroceso para toda la economía.
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