La infancia después de Casavalle
Edición Nº 1106 - Viernes 13 de noviembre de 2026. Lectura: 3'
Por Angelina Rios
El mensaje de León XIV sobre el hambre y el miedo de los niños exige mirar los resultados de las políticas públicas. Las balaceras del Marconi vuelven urgente esa discusión.
En Casavalle, León XIV habló de niños que no van a la escuela por miedo a no volver y de madres que carecen de medios para alimentarlos. Sus palabras nos obligan a preguntarnos qué estamos garantizando para que esos niños puedan crecer, aprender y vivir seguros.
Ese mismo sábado 7, por la noche, vecinos del Marconi registraron una prolongada balacera. El informativo de canal 10 recogió testimonios sobre cerca de 200 disparos durante unos quince minutos. Por su parte, Telemundo informó que el sistema de detección ShotSpotter contabilizó 186 detonaciones en ese episodio. Detrás de esos números hay familias que deben decidir dónde protegerse dentro de sus propias casas.
Los testimonios publicados describen a un vecino que se tiró al piso mientras comía, a otro al que advirtieron que no regresara desde la parada de ómnibus y a personas que consideran abandonar sus viviendas. La violencia está condicionando decisiones elementales de la vida cotidiana. Para una familia con niños, protegerlos implica también preguntarse si pueden salir a jugar o recorrer tranquilos el camino a la escuela.
La seguridad es una condición indispensable para la protección de la infancia. El esfuerzo de una maestra, de un equipo de salud o de quienes acompañan a una familia necesita un entorno que permita sostenerlo. Una política social debe poder llegar hasta el hogar y mantener su presencia allí. Cuando los disparos organizan los horarios del barrio, toda esa tarea queda expuesta.
El Estado tiene programas y servicios que deben ser examinados por su alcance y sus resultados. Uruguay Crece Contigo acompaña a familias con embarazadas y niños pequeños, y facilita su acceso a prestaciones y servicios. El Plan de Alimentación Territorial del MIDES incluye un comedor en el Centro de Referencia de Políticas Sociales de Casavalle y distribución de viandas en la zona. Esa presencia obliga a preguntar cuántas familias reciben atención, cuánto esperan las que la necesitan y qué cambios se consiguen sostener.
También hay avances que corresponde reconocer. Según datos preliminares divulgados por Presidencia a fines de octubre, la inseguridad alimentaria moderada o grave en hogares con menores de seis años descendió de 18,9% a 14,8%. La inseguridad alimentaria grave bajó de 2,2% a 1,8%. Son mejoras relevantes, aunque la exposición de esos hogares continúa por encima del promedio nacional.
Esos porcentajes describen una evolución del país. Para conocer lo que ocurre en Casavalle y el Marconi hacen falta resultados del territorio. Es necesario saber cuántos niños acceden regularmente a una alimentación suficiente, cuántos mantienen su asistencia escolar y qué respuesta reciben las familias expuestas a la violencia. Publicar esa información permitiría evaluar las políticas y corregir sus vacíos.
Después de las balaceras hubo actuaciones policiales. El martes 10, la Jefatura de Montevideo dispuso mantener un móvil blindado en Enrique Castro y Chiflet. Ese día también fue detenido un hombre señalado como uno de los principales referentes de las bandas enfrentadas. Son acciones que deben tener continuidad y traducirse en una reducción sostenida de la violencia.
Al Gobierno le corresponde fijar responsables, metas y plazos para esa tarea. Interior, MIDES, ANEP, INAU y los servicios de salud deben poder explicar cómo coordinan la protección de los niños en las zonas más expuestas. Las familias necesitan saber a quién recurrir y qué respuesta pueden esperar.
Después de Casavalle, el compromiso con la infancia tendrá que medirse en la vida diaria: en la comida que alcanza, en las clases a las que se puede asistir y en la tranquilidad de una casa donde nadie deba tirarse al piso para protegerse de los disparos. Los niños necesitan que esa sea la próxima noticia.
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