La improvisación al poder
Viernes 3 de julio de 2026. Lectura: 4'
Por Juan Carlos Nogueira
El anuncio de nuevos recursos para la primera infancia reavivó un interrogante que trasciende la política social: ¿el gobierno sigue un plan consistente o responde sobre la marcha a cada crisis? Una sucesión de decisiones recientes alimenta la percepción de que la improvisación empieza a convertirse en un problema de gestión.
Los gobiernos suelen pedir paciencia. Sostienen que las transformaciones profundas requieren tiempo y que los resultados no son inmediatos. Pero existe una diferencia entre gobernar siguiendo un rumbo y gobernar reaccionando a los acontecimientos. Cuando las decisiones parecen responder a urgencias del momento más que a una estrategia definida, esa diferencia se hace notoria.
El reciente anuncio del Poder Ejecutivo de incorporar US$ 31 millones adicionales para políticas de primera infancia abre una discusión que va más allá de la legitimidad de su objetivo. Combatir la pobreza infantil es una prioridad difícilmente cuestionable. Lo que sí merece discusión es el momento, el fundamento técnico y la consistencia de la medida.
El Presupuesto Quinquenal ya preveía US$ 50 millones para políticas de infancia. Ahora se agregan otros US$ 31 millones, elevando el total a US$ 81 millones. Con esta ampliación presupuestal, el gobierno promete una reducción cercana al 25 % de la pobreza monetaria en niños de 0 a 3 años para 2027. Sin embargo, aún no ha explicado públicamente con suficiente detalle cómo llega a esa estimación.
Toda política pública seria, con una meta ambiciosa, necesita explicaciones. ¿Cómo se construyó esa estimación? ¿Se trata de un modelo técnico sólido o de una proyección optimista? ¿Qué indicadores permitirán evaluar el cumplimiento? ¿Qué ocurrirá si cambian variables como el empleo, la inflación o la actividad económica? Y si el gobierno asegura que mantendrá las metas fiscales intactas, ¿de qué áreas saldrán los recursos reasignados?
Las dudas adquieren mayor peso porque esta medida no aparece aislada. Se suma a una serie de decisiones recientes que han reforzado la percepción de improvisación.
La polémica por el uso de los vehículos Mamba es un ejemplo. El gobierno anunció su utilización en tareas policiales como respuesta a problemas de seguridad. La medida pareció buscar una señal rápida frente a la creciente preocupación por la seguridad y el deterioro del clima político. En el apuro, no se tomó en cuenta que los Mamba fueron donados en una forma modal que restringía su empleo en seguridad interior. Tuvieron que retractarse y optar por otros medios del Ejército.
Más allá de las explicaciones posteriores, quedó nuevamente instalada la sensación de improvisación.
La percepción adquiere aún más sentido considerando que la Policía ya incorporó vehículos blindados durante 2024. Surgen entonces dudas razonables: ¿los equipos existentes son insuficientes? ¿No cumplen el objetivo previsto? ¿Existe un diagnóstico técnico que justifique nuevas incorporaciones? Si ese diagnóstico existe, hasta ahora no ha sido explicado públicamente.
Paradójicamente, el plan de seguridad del ministro Negro expresa que “las intervenciones militarizadas muestran efectos transitorios y riesgos de desplazamientos o escalamiento de la violencia, por lo que no se pueden recomendar como herramientas centrales”. Lo que evidencia que el plan fue deficiente y que se tuvo que improvisar.
Algo similar ocurrió con la compra de la estancia María Dolores. La discusión no se centró únicamente en el monto —más de US$ 32 millones— sino también en la decisión de continuar con la operación pese a las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas.
El organismo cuestionó aspectos centrales del procedimiento difíciles de ignorar: la necesidad de una mayoría especial para una compra directa, observaciones vinculadas al sistema de riego, reparos presupuestales y el hecho de que el monto comprometido superaba la asignación anual del Instituto Nacional de Colonización. Nada importó.
Tal vez, si una inversión superior a US$ 32 millones como la estancia María Dolores hubiera sido revisada con mayor profundidad a partir de las observaciones realizadas, hoy existiría un margen más amplio para discutir otras prioridades presupuestales.
El problema para un gobierno no es cometer errores. Todos los gobiernos los cometen. El problema aparece cuando los errores son tendencia y se instala en la población la percepción de que las decisiones son improvisadas.
Ahora el gobierno plantea aumentar el gasto en US$ 31 millones. Esta decisión aparece, además, en un contexto de enorme deterioro de la imagen presidencial y de cuestionamientos a la gestión. La desaprobación del presidente persiste con una tendencia creciente, que llegó al 65% según Cifra. Dato particularmente llamativo, considerando lo temprano del mandato.
No resulta extraño que la desaprobación vaya en aumento. Y no creo que se deba exclusivamente al affaire Hyundai, o a su declaración: “si hay un descuento, yo me tiro de cabeza”, ni a la imagen de inseguridad que transmite en cada aparición pública.
Es mucho más grave. Es el descreimiento instalado ante cualquier anuncio o medida que provenga del gobierno en su conjunto.
Y la credibilidad, una vez deteriorada, es muy difícil que pueda recuperarse.
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