La ilusión de jubilarse antes: demagogia previsional y realidad demográfica
Edición Nº 1070 - Viernes 27 de febrero de 2026. Lectura: 4'
Por Santiago Torres
La entrevista de Hugo Bai en «El Observador» revela que no se trata de “bajar la edad jubilatoria” sino de habilitar excepciones mientras se incentiva seguir hasta los 65. El debate expone la tensión entre el gesto político y la sostenibilidad del sistema, y confirma, de paso, que el pilar de ahorro individual sigue siendo imprescindible, pese a años de prédica contra las AFAPs.
El economista Hugo Bai, coordinador de la Comisión Ejecutiva del llamado “Diálogo Social”, adelantó en entrevista con El Observador que el gobierno evalúa habilitar la posibilidad de que las personas se retiren a edades más tempranas que las actualmente previstas en la legislación vigente. Sin embargo, en la nota —firmada por Diego Cayota y Miguel Noguez— queda claro que la intención no es un regreso simple a los 60 años de retiro, sino un diseño complejo de incentivos a través de la “tasa de reemplazo” para que la mayoría de los trabajadores continúen activos hasta los 65 años o más, manteniendo al mismo tiempo opciones para quienes enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad social y laboral.
Se ha repetido en ciertos discursos públicos que el diálogo social estaría impulsando la posibilidad de ir a una edad jubilatoria de 60 años. Pero si uno analiza con atención las palabras de Bai y el enfoque planteado, la realidad es otra: lo que se busca es habilitar formalmente esa posibilidad, pero con incentivos fiscales y contributivos que tiendan a que quienes puedan sostenerlo sigan trabajando hasta alrededor de los 65 años.
La discusión no es simplemente “bajar la edad de retiro”, sino reconocer las desigualdades laborales y sociales con las que ciertas personas llegan a la tercera edad, para que el sistema previsional pueda contemplar esos casos sin poner en riesgo la sostenibilidad general del sistema ni trasladar la carga al resto de la población. Esa distinción es clave y suele perderse en el mensaje simplificado de “vuelta a los 60 años”, que aparece como un eslogan político sin sostenibilidad técnica alguna.
De hecho, la propuesta parte de un diagnóstico comprensible: no todos los trabajadores llegan a los 65 años con iguales condiciones físicas, de salud o de historia laboral. Las tasas de desempleo, informalidad y desgaste físico varían ampliamente según nivel de ingresos y trayectoria contributiva. El propio coordinador reconoce que estas diferencias deben ser parte del diseño institucional del sistema de retiro.
Otro aspecto crucial es el reconocimiento tácito de que el pilar de ahorro individual, administrado hasta ahora por las AFAPs, debe mantenerse dentro del sistema, aunque pueda reformarse. A diferencia de planteos anteriores del frenteamplismo, la posición oficial ahora parece ser fortalecer el sistema en su conjunto, mejorar su eficiencia y reducir costos para los afiliados, sin abandonar el componente de ahorro individual.
De hecho, la discusión técnica sobre las AFAPs no gira en torno a su eliminación (como hasta hace bien poco), sino a hacerlas más eficientes, centrarlas en la gestión financiera de los ahorros y reducir costos excesivos, así como evaluar si la centralización de ciertas funciones en el Estado podría beneficiar a los trabajadores. Esto implica un reconocimiento implícito de que décadas de prédica contra las AFAPs —especialmente en ciertos sectores sindicales y políticos— era un gesto demagógico sencillamente impracticable.
El diálogo social reconoce que es imposible concebir un sistema previsional eficaz sin atender tanto las desigualdades sociales como los desafíos demográficos que enfrenta Uruguay, donde el envejecimiento de la población presiona la sostenibilidad de cualquier sistema de pensiones.
Y el gesto de “posible retiro temprano” es demagogia pura al reconocer la necesidad de incentivar la permanencia laboral hasta edades razonables, de mantener pilares de ahorro que permitan prestaciones dignas y de asegurar que cualquier reforma no deteriore la solvencia del sistema a largo plazo.
La propuesta de habilitar legalmente jubilaciones a partir de los 60 años debe leerse, entonces, como un ejercicio de demagogia retórica más que como una invitación generalizada a retirarse antes. La clave está en los mecanismos de incentivos (tasas de reemplazo diferenciadas según historia laboral e ingresos).
Asimismo, el reconocimiento de la importancia de conservar y mejorar el pilar de ahorro individual, en lugar de descartarlo tras décadas de debate polarizado, es una señal de que la discusión ha madurado más allá de consignas simplistas. El verdadero desafío estará en traducir ese reconocimiento teórico en un diseño institucional que proteja tanto a los sectores vulnerables como al conjunto del sistema previsional.
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