La guerra política en el puerto de Montevideo
Edición Nº 1082 - Viernes 29 de mayo de 2026. Lectura: 5'
 El enfrentamiento entre la ANP y los sindicatos portuarios por el dragado expone mucho más que un conflicto laboral: revela una disputa política e ideológica sobre el futuro del puerto de Montevideo, en medio de graves problemas operativos que amenazan la competitividad logística del país.
La política de dragado del puerto de Montevideo se transformó en uno de los principales focos de conflicto dentro de la Administración Nacional de Puertos (ANP), enfrentando a las actuales autoridades del organismo con el Sindicato Único de la Administración Nacional de Puertos (Suanp) y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), en una disputa que mezcla problemas operativos graves, diferencias ideológicas y una fuerte carga política.
El trasfondo es delicado: el puerto de Montevideo atraviesa problemas estructurales de dragado que afectan directamente su competitividad regional, mientras el gobierno y el directorio de la ANP impulsan una estrategia de creciente participación privada —incluyendo empresas chinas— para garantizar la profundidad operativa del canal y de las áreas intraportuarias. Del otro lado, los sindicatos denuncian una “entrega” de funciones estratégicas del Estado y sostienen que existe una intención deliberada de debilitar las capacidades públicas de dragado.
La tensión escaló en las últimas semanas luego de que autoridades de la ANP responsabilizaran directamente a sectores sindicales por la paralización y deterioro del sistema de dragado público.
Un problema operativo crítico
El puerto de Montevideo necesita mantener profundidades competitivas para no perder carga frente a terminales de la región. El objetivo oficial es alcanzar y sostener los 14 metros de profundidad, algo considerado estratégico para captar mayor tránsito marítimo y consolidar al puerto como hub regional.
Sin embargo, la situación operativa del sistema de dragado estatal es extremadamente compleja.
La ANP dispone de tres dragas principales —la D7, la D9 y la D11— pero durante meses varias de ellas estuvieron fuera de servicio por desperfectos mecánicos, reparaciones o problemas administrativos. Según informó El Observador, la D11 sufrió a fines de 2025 el desprendimiento de un caño de succión que terminó en el fondo del Río de la Plata, mientras la D9 continuaba en reparación y la D7 operaba con certificados vencidos renovados excepcionalmente.
La consecuencia directa fue la reducción de profundidad en zonas clave del puerto. El muelle C, por ejemplo, cayó por debajo de los 11 metros, afectando especialmente a buques graneleros y generando preocupación entre exportadores y operadores logísticos.
En ese contexto, las autoridades de la ANP comenzaron a avanzar con mayor decisión hacia soluciones privadas para mantener el dragado operativo.
El ingreso de privados y la presencia china
La actual conducción de la ANP sostiene que el sistema público de dragado dejó de ser suficiente para garantizar la operativa portuaria. Por eso resolvió profundizar acuerdos con empresas privadas y mantener vigente el contrato con firmas chinas especializadas en dragado.
La empresa Shanghai Dredging Company - China Communications Construction Company (SDC-CCCC), vinculada a infraestructura y dragado marítimo, quedó en el centro de la estrategia oficial. El gobierno incluso ratificó la continuidad de ese vínculo durante la misión oficial encabezada por el presidente Yamandú Orsi en China.
Para las autoridades, la participación privada aparece como una respuesta pragmática frente a la incapacidad operativa del sistema estatal. Desde la ANP se sostiene que el puerto no puede quedar rehén de roturas permanentes, falta de personal o conflictos sindicales.
En Búsqueda se informó además que el directorio del organismo quedó dividido por la forma en que se comunicó internamente el conflicto del dragado. El director nacionalista Jorge Gandini acusó a la conducción del ente de utilizar el tema con intencionalidad política y de responsabilizar exclusivamente a la administración anterior y a determinados sectores sindicales.
La reacción sindical: “entrega” y “privatización”
La respuesta del Suanp y del Supra fue inmediata y muy dura.
Los sindicatos consideran que la ANP está utilizando los problemas operativos para justificar un proceso de privatización encubierta de funciones estratégicas. En declaraciones públicas y movilizaciones recientes denunciaron que existe una política deliberada para favorecer a operadores privados y reducir el papel del Estado en el dragado.
Los sindicatos sostienen que la ANP posee equipamiento suficiente y que el verdadero problema es la falta de inversión, mantenimiento y personal. También denuncian que existe una campaña para desacreditar a los trabajadores del área de dragado.
El conflicto se agravó aún más cuando trascendió que un turno de trabajadores de la draga D7 se negó a navegar reclamando la presencia de un cocinero específico a bordo. Las autoridades utilizaron ese episodio para cuestionar lo que consideran privilegios y rigideces sindicales incompatibles con una operativa eficiente.
El componente político
El conflicto excede largamente lo técnico y revela tensiones políticas profundas dentro del sistema portuario.
Buena parte de las críticas opositoras han sido encabezadas por Jorge Gandini, representante del Partido Nacional en el directorio de la ANP, quien acusa a la conducción del organismo de utilizar el conflicto sindical con fines políticos y de manipular la comunicación institucional.
Por el lado sindical, tanto el Suanp como el Supra mantienen históricas vinculaciones con sectores de izquierda. La defensa del dragado estatal se transformó así en una bandera ideológica vinculada a la defensa de las empresas públicas y al rechazo de la privatización de áreas estratégicas.
El choque adquiere además otra dimensión por el antecedente del acuerdo entre el Estado uruguayo y Katoen Natie, que ya había provocado fuertes tensiones políticas y sindicales sobre el modelo portuario del país.
Un puerto estratégico bajo presión
Más allá de las disputas partidarias y sindicales, el problema central permanece intacto: el puerto de Montevideo necesita resolver urgentemente su capacidad de dragado.
La pérdida de profundidad compromete la competitividad del principal puerto uruguayo en un escenario regional extremadamente competitivo. Brasil y Argentina continúan desarrollando infraestructura portuaria, mientras operadores privados presionan para obtener garantías de navegabilidad y eficiencia.
La propia ANP reconoció oficialmente que el dragado es una “prioridad estratégica” para el país y admitió que los medios propios podrían resultar insuficientes.
En paralelo, el conflicto sindical amenaza con profundizar la inestabilidad operativa. Las movilizaciones, paros y medidas gremiales generan incertidumbre en un sector donde la continuidad de los servicios es clave para mantener cargas y captar inversiones.
El resultado es una combinación explosiva: problemas técnicos, déficit de gestión, enfrentamientos sindicales y disputas políticas convergiendo sobre uno de los principales activos logísticos del Uruguay.
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