Correo de los Viernes - La guerra clandestina de Rusia en Europa

La guerra clandestina de Rusia en Europa

Viernes 18 de setiembre de 2026. Lectura: 9'

Incendios, explosivos ocultos en encomiendas, ataques contra vías férreas y operaciones de vigilancia forman parte de una campaña rusa destinada a entorpecer el apoyo a Ucrania y poner a prueba las defensas europeas. El caso del instructor cubano de baile Oemis Romagoza Durruthy revela el nuevo método: intermediarios que reclutan por internet a ejecutores prescindibles, movidos generalmente por dinero.

La imagen parece extraída de una novela de espionaje demasiado imaginativa: un profesor cubano de salsa, bachata y kizomba, radicado en una ciudad del norte de Rusia, organiza a distancia una red de incendiarios que actúa en varios países de la Unión Europea. Sin embargo, el caso de Oemis Romagoza Durruthy permite observar con particular claridad una transformación real de las operaciones clandestinas rusas.

Romagoza, nacido en Camagüey, vive desde hace al menos siete años en Petrozavodsk, donde aparece vinculado al estudio de baile Made in Cuba. Se casó con una ciudadana rusa y obtuvo posteriormente la nacionalidad de ese país. En las redes sociales se habría presentado con los nombres de «Adrian» y «Dios».

Una investigación conjunta de Deutsche Welle, RTVE, la televisión checa y la radiotelevisión pública lituana lo identifica como el hombre que, durante 2024, reclutó a ciudadanos latinoamericanos para cometer incendios y realizar tareas de reconocimiento en Polonia, República Checa, Rumania y Lituania. Romagoza no respondió a las consultas de los periodistas y no existe todavía una sentencia judicial contra él. Pero las autoridades lituanas incluyeron en una lista internacional de buscados a un ciudadano cubano residente en Rusia, mientras que los investigadores europeos vincularon la organización con la inteligencia militar rusa, el GRU. La identificación nominal de Romagoza como «Dios» procede, por ahora, de la investigación periodística publicada por esos cuatro medios.

Reclutamiento en las redes

El procedimiento era sencillo. En grupos de Facebook y Telegram destinados a latinoamericanos que buscaban trabajo en Europa, «Dios» publicaba ofertas deliberadamente vagas: fotógrafo, observador, encargado de logística o participante en «misiones especiales». En uno de los avisos prometía 1.500 dólares, más una bonificación por cada operación realizada.

Los candidatos debían enviar sus datos personales, teléfono y pasaporte. Después recibían pasajes, alojamiento, instrucciones, imágenes satelitales y dinero. El coordinador no necesitaba conocerlos personalmente ni incorporarlos formalmente a una estructura de espionaje. Cada uno recibía una tarea limitada: fotografiar un lugar, adquirir materiales inflamables, provocar un incendio o filmar sus consecuencias.

Uno de los reclutados fue el colombiano Luis Alfonso Murillo Diosa, antiguo integrante del Ejército de su país. Murillo pretendía viajar a Ucrania para incorporarse a sus fuerzas armadas, pero fue contactado por «Dios», quien le ofreció participar en supuestas misiones especiales en Europa. Una vez en Rumania, recibió fotografías satelitales de una planta de reciclaje y de una instalación petrolera. Debía reconocerlas y luego incendiarlas. Fue detenido en julio de 2024 mientras fotografiaba uno de los objetivos y posteriormente condenado a seis años de prisión.

La misma red incendió dos depósitos de materiales de construcción en Varsovia y Radom, atacó autobuses en Praga y trató de prender fuego en Lituania a equipos de análisis de radiofrecuencias destinados a las Fuerzas Armadas ucranianas. En el caso checo, el autor material fue condenado a ocho años de cárcel. Al menos nueve personas reclutadas por Romagoza fueron detenidas.

Las investigaciones de los cuatro países comprobaron que los acusados respondían a los mismos organizadores y empleaban procedimientos semejantes. Eurojust, la agencia de cooperación judicial de la Unión Europea, confirmó la existencia de una organización transnacional y sostuvo que sus acciones perseguían intimidar a la población, sembrar desconfianza y obstaculizar el respaldo a Ucrania. Dos de sus integrantes ya fueron condenados y otros seis esperan juicio en Lituania.

Las autoridades lituanas fueron más lejos. Según ellas, las órdenes procedían de personas radicadas en Rusia y relacionadas con el GRU. Los ejecutores habrían recibido o esperado recibir entre 5.000 y 10.000 euros por cada operación.

Agentes para usar y descartar

El método no es una extravagancia del instructor cubano. Es una pieza de lo que los especialistas han denominado el modelo de los «agentes desechables».

Antes de la invasión de Ucrania, los servicios rusos podían apoyarse en una extensa red de diplomáticos que, bajo cobertura oficial, realizaban tareas de inteligencia o dirigían operaciones clandestinas. La expulsión de centenares de funcionarios rusos después de febrero de 2022 redujo esa capacidad. Moscú respondió descentralizando sus operaciones.

En lugar de enviar agentes profesionales, comenzó a reclutar por Telegram y otras plataformas a migrantes, pequeños delincuentes, personas endeudadas, jóvenes o antiguos militares en dificultades económicas. No se les exige adhesión ideológica. Muchos ni siquiera saben exactamente para quién trabajan. Reciben encargos fragmentados y solo conocen al intermediario que se comunica con ellos.

La ventaja para Rusia es considerable. El costo es reducido; la pérdida de un ejecutor no compromete a la organización; y la distancia entre quien enciende el fuego y quien imparte la orden dificulta la atribución jurídica al Estado ruso. Si el autor material resulta ser ucraniano, colombiano, cubano o residente del país atacado, el episodio puede presentarse inicialmente como delincuencia común, vandalismo o una disputa local.

Además, emplear ciudadanos ucranianos ofrece un beneficio político adicional: permite alimentar la desconfianza hacia los refugiados y deteriorar el respaldo social a Kiev. El sabotaje produce así dos efectos simultáneos: el daño material y la contaminación del debate público.

El crecimiento ha sido muy rápido. Un relevamiento citado por el instituto británico RUSI identificó 2 incendios o sabotajes graves atribuibles a Rusia en 2022, 12 en 2023 y 34 en 2024. Las cifras no comprenden únicamente a la Unión Europea ni todos los tipos de operación, pero muestran con claridad la tendencia.

Una campaña, no una sucesión de accidentes

Considerados aisladamente, muchos episodios parecen improvisados o incluso torpes. Vistos en conjunto, configuran una campaña coherente.

En mayo de 2024 fue incendiado un local de IKEA en Vilna. Uno de los autores era menor de edad y, según la Fiscalía lituana, se le habían prometido 10.000 euros y un automóvil BMW por atacar centros comerciales en Lituania y Letonia. Pocos días después, un incendio destruyó el centro comercial Marywilska 44 de Varsovia, que albergaba más de mil comercios. El gobierno polaco atribuyó posteriormente la operación a los servicios rusos.

También en 2024, paquetes con dispositivos incendiarios enviados desde Vilna explotaron en centros logísticos de Alemania, Polonia y el Reino Unido. Una investigación multinacional identificó a 22 sospechosos y vinculó la operación con el GRU. Las autoridades creen que aquellas encomiendas eran un ensayo para introducir explosivos en vuelos de carga con destino a Estados Unidos y Canadá. La posibilidad de que uno de los artefactos se activara durante un vuelo muestra hasta qué punto una operación concebida para mantenerse por debajo del umbral de una respuesta militar podía haber provocado una catástrofe.

Polonia, por su posición como principal corredor terrestre de ayuda hacia Ucrania, ha sido uno de los blancos preferidos. A los incendios y las operaciones de reconocimiento se sumó, en noviembre de 2025, el sabotaje de la línea ferroviaria entre Varsovia y Lublin, utilizada para transportar suministros hacia la frontera ucraniana.

Los objetivos elegidos permiten reconocer tres propósitos.

El primero es práctico: demorar la fabricación, el transporte o la entrega de material destinado a Ucrania.

El segundo es político: aumentar el costo interno del apoyo europeo a Kiev, provocar inquietud y alimentar la sensación de que esa política arrastra la guerra hacia el territorio de la Unión.

El tercero es estratégico: estudiar instalaciones, medir los tiempos de reacción policial, identificar fallas de coordinación y comprobar hasta dónde puede avanzar Rusia sin desencadenar una respuesta directa de la OTAN.

La zona gris

Moscú procura que cada acción sea suficientemente dañina para producir incertidumbre, pero no tan devastadora como para obligar a Europa a responder militarmente. Esa es la esencia de la llamada guerra híbrida o de «zona gris»: actuar en el espacio situado entre la paz convencional y la guerra declarada.

La ambigüedad forma parte del arma. Un incendio puede ser accidental; la rotura de un cable submarino puede deberse al ancla de un buque; un saboteador extranjero puede parecer un delincuente aislado. Cuando los investigadores reconstruyen la cadena de órdenes y pagos, el episodio ya desapareció de los titulares y Rusia conserva la posibilidad de negarlo todo.

Esa cautela no significa que deba atribuirse automáticamente a Moscú cada accidente, incendio o avería producido en Europa. Los casos de los cables submarinos del Báltico, por ejemplo, no siempre han permitido establecer una responsabilidad estatal concluyente. Confundir sospecha con prueba debilitaría precisamente la credibilidad que las democracias necesitan preservar.

Pero tampoco resulta razonable seguir analizando como hechos independientes operaciones que comparten reclutadores, mecanismos de pago, instrucciones, objetivos y campañas posteriores de propaganda.

El significado del caso Romagoza

Oemis Romagoza Durruthy probablemente no sea un oficial de alto rango de la inteligencia rusa. Su utilidad estaría precisamente en ocupar un escalón intermedio: suficientemente cerca de Rusia para recibir orientaciones y recursos, pero suficientemente lejos de sus estructuras oficiales para poder ser abandonado si la red es descubierta.

Su condición de cubano no prueba participación alguna del gobierno de La Habana. Tampoco permite atribuir motivaciones políticas a los latinoamericanos captados. Lo que demuestra es que el reclutamiento ruso dejó de depender de las comunidades de lengua rusa y puede penetrar grupos de migrantes unidos por el idioma, la precariedad laboral o el deseo de llegar a Europa.

La aparente banalidad del personaje constituye, por eso mismo, la parte más inquietante del caso. La nueva amenaza no siempre adopta la forma del espía profesional dotado de una identidad falsa. Puede esconderse detrás de un aviso laboral, una conversación en Telegram y un instructor de salsa que, desde Petrozavodsk, compra un pasaje y señala en un mapa el próximo lugar que alguien deberá incendiar.

Europa ha mejorado la cooperación judicial y policial, pero necesita avanzar en el seguimiento de los pagos, la protección de la logística civil y la identificación de los reclutadores. También debe comunicar públicamente las pruebas sin caer en generalizaciones contra migrantes o refugiados, porque la reacción xenófoba sería uno de los resultados que Rusia busca obtener.

Los sabotajes no han paralizado el apoyo europeo a Ucrania ni producido, hasta ahora, un daño estratégico decisivo. Pero obligan a dispersar recursos, elevan los costos de seguridad y mantienen una presión constante sobre gobiernos y sociedades. Su rentabilidad para Moscú no se mide únicamente por los depósitos destruidos o los trenes demorados, sino por la cantidad de miedo, sospecha y división que cada pequeña operación consigue sembrar.

Esa es la guerra clandestina que Rusia libra actualmente dentro de Europa: barata en su ejecución, negable en su autoría y potencialmente muy costosa para quienes continúen tratándola como una sucesión de incidentes inconexos.