La granja condicionada por su exposición a eventos climáticos extremos
Viernes 24 de julio de 2026. Lectura: 6'
Por Tomás Laguna
Un nuevo insuceso climático ha golpeado a la granja. Cada oportunidad, en el correr de los años, ha sido dramática en sus consecuencias. Esta última, la ocurrida en Salto en la madrugada del sábado pasado, excede en perjuicios a otras ya vividas.
Aún sin datos oficiales sobre los daños ocurridos, según surge del informe presentado por las gremiales hortícolas de Salto a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados, fueron directamente afectados el 86 % de los productores en la región próxima a la ciudad de Salto. El 57% del total de horticultores sufrieron daños en más de un 75% de su infraestructura y cultivos. El 39% de los cultivos afectados estaban en fase de próxima cosecha, en particular tomate, morrón y frutilla.
Los mayores perjuicios fueron consecuencia de la destrucción de la infraestructura productiva (invernáculos y sistemas de riego), además de la pérdida de cultivos en distinta etapa de desarrollo, muchos próximos a la cosecha. Todo lo que afecta severamente la supervivencia de muchos productores por los costos para la reconstrucción de los sistemas productivos, a la vez de la fuerte afectación de ingresos por reducción de las ventas.
En este escenario de catástrofe para muchos productores, el informe indica que solo el 25,6% contaba con seguro total, el 26,7% tenía seguros de cobertura parcial, en tanto el 47,7% no poseía ningún tipo de cobertura. Una realidad que llama la atención desde que existen subsidios por parte del Estado dirigidos a reducir el costo al productor de las pólizas de los seguros. Estos apoyos dependen en su cuantía de la superficie productiva, oscilando entre un 30% para los más grandes y un máximo del 70% de subsidio para los más pequeños (hasta 6 ha). Seguramente sea esta última la dimensión de los horticultores afectados en Salto.
Se hace necesaria una breve referencia histórica. En el año 1984 ocurrieron fuertes tormentas de granizo en el sur del país, afectando gravemente a la fruticultura con pérdidas no solo en su producción, sino en la viabilidad futura de los montes dañados. El desastre fue prontamente reconocido e incorporado como parte del documento que por entonces se elaboraba en la Concertación Nacional Programática, histórica instancia donde los distintos partidos políticos asumieron compromisos previos a la, por entonces, próxima reinstitucionalización del país.
Con el gobierno democráticamente electo ya en ejercicio de sus funciones, primera administración del Dr. Sanguinetti, se procedió a cumplir con aquellos mandatos, incluyendo el diseño e instrumentación, en modalidad y costos, de los seguros contra granizo para la producción granjera. Han transcurrido 40 años en el desarrollo de una herramienta clave para una actividad productiva a cielo abierto.
En enero de 2013 se sucedieron vientos y granizos con fuerte impacto en la hortifruticultura del sur del país, circunstancias en las que el ministro Tabaré Aguerre, por resolución ministerial 168/013, dispuso el apoyo económico a los productores afectados a través del Fondo de Emergencia Agropecuaria (art. 207, Ley 18.362 y Decreto 829/008). Por entonces los subsidios alcanzaban el 90% de las primas de seguros, lo que llevó al ministro Aguerre a indicar que no se deberían volver a instrumentar estos apoyos con cargo a fondos de emergencia, siendo que existían seguros al alcance de los productores. Trece años después, y casi como si aún estuviéramos en 1984, se reitera la necesidad de un dramático rescate de productores afectados por eventos climáticos extremos.
Convengamos en que termina siendo una decisión política recurrir a los fondos de emergencia ante circunstancias extremas, sea el FAE o el Fondo de la Granja, ambos con recursos provenientes de las exigidas rentas generales. No solo para atender la recuperación de infraestructura productiva, sino financiando los intereses provenientes de las prórrogas otorgadas en los vencimientos al BPS o bien de las distintas obligaciones por deudas anteriores de los productores afectados. Esto lleva a que sea materia para la confrontación política, desvirtuando cada instancia de estas características. Desde la oposición reclamando soluciones y presencia en el terreno de las autoridades de gobierno, desde el oficialismo reaccionando más por cumplir ante los medios que por la responsabilidad que les corresponde.
Para evitar estas incómodas y siempre cuestionadas circunstancias se requiere un adecuado sistema de seguros que dé respaldo a toda la producción y la exima de caer en la controversia política. Para ello está el Banco de Seguros del Estado, el cual, en convenio con el Poder Ejecutivo a través del MGAP, provee coberturas de riesgo subsidiadas atendiendo las especificidades en costos y riesgo de una demanda que no suele ser de interés de las aseguradoras privadas. En nuestro país los antecedentes en materia de seguros agrícolas datan de 1912, luego de la fundación, en diciembre de 1911, de la Empresa de Seguros del Estado durante la segunda administración de gobierno de don José Batlle y Ordóñez. Valga, una vez más, la reivindicación de este estratégico instrumento. Por cierto que existen opciones de cobertura de riesgo en futuros ingresos ofrecidos por aseguradoras privadas, con otros costos y condiciones, los que son contratados por aquellos productores cuya mayor escala se los permite. Finalmente están quienes asumen, en forma consciente o no, el riesgo por su cuenta, no contratando seguros. En última instancia es una decisión que se debería considerar en lo que se ha dado en llamar “libertad responsable” al momento en que ocurren los desastres.
La pregunta es por qué muchos productores, generalmente los más chicos, para los cuales está prevista la cobertura de riesgo subsidiada, no lo hacen. En parte la respuesta está en las varias exigencias establecidas por el BSE para la contratación de una adecuada cobertura de riesgo. La posibilidad de ahorrar en materiales y calidad de la infraestructura pasible de ser asegurada es la principal razón que se escucha. Cómo lograr el 100% de cobertura de riesgos y evitar dramáticas situaciones como la actual excede a este espacio de opinión. Pero es el fondo de la cuestión, cuya solución es responsabilidad política del MGAP con el apoyo de la Junta Nacional de la Granja.
Ya está fuera de contexto mencionar las declaraciones del ministro Fratti en oportunidad de anunciar los apoyos a los granjeros afectados por la turbonada. En modos que ya les son habituales, por todos conocidos, desvirtuó su presencia “canchereando” al decir: “Ante los planteos de asistencia tras el tornado enfrentado, está claro que vamos a apoyar al chico, al mediano a acompañarlo y al grande, un besito en la frente y que siga para adelante” (sic). La grosería y la falta de ponderación ya resultan habituales en su forma de comunicación. A veces es mejor que esté de viaje, sugirió desde las redes una conocida productora granjera.
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