La eutanasia, ¿realmente nos asegura una muerte “indolora, apacible y respetuosa de nuestra dignidad”?
Edición Nº 1055 - Viernes 3 de octubre de 2025. Lectura: 6'
Por Marcela Pérez Pascual
La promesa de una muerte indolora se desvanece si antes no se asegura un horizonte real de alivio y cuidado.
Como ya he manifestado en otras oportunidades, estoy a favor de legislar sobre la eutanasia. Sin embargo, no puedo compartir el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados porque, lejos de ser una norma garantista, presenta serias debilidades jurídicas, éticas y sociales de gran relevancia.
El artículo 2 del proyecto amplía de forma excesiva el acceso a la eutanasia, incluyendo situaciones no terminales. Esta extensión, lejos de proteger, expone especialmente a los más vulnerables: personas mayores, solas, con discapacidad, con problemas de salud mental o con menores ingresos. En lugar de otorgar más derechos y libertades, las deja desprotegidas frente a decisiones irreversibles.
Además, el texto no exige evaluaciones interdisciplinarias. La decisión queda en manos de “un médico” que, en la práctica, probablemente será un médico general y ni siquiera el tratante del paciente. Sin un equipo multidisciplinario:
- No se evalúa la situación psicológica o psiquiátrica ni se detectan posibles depresiones u otros trastornos que influyan en la decisión.
- No interviene un trabajador social que analice el contexto familiar y posibles presiones o abusos.
- No se asegura la participación del médico tratante ni de un especialista en cuidados paliativos para aliviar el dolor y garantizar que la decisión sea verdaderamente libre.
El Estado, en vez de ofrecer garantías previas, solo interviene después del fallecimiento, sin controles efectivos ni acompañamiento real. Esto no es ampliar derechos, sino renunciar a protegerlos.
Tampoco se asegura el acceso universal y efectivo a los cuidados paliativos ya reconocidos por ley, ni se garantiza un acompañamiento adecuado antes de una decisión irreversible. La evaluación sobre si el paciente está “psíquicamente apto” para recibir la eutanasia queda en manos de un médico general que no tiene la formación de un psiquiatra para diagnosticar, por ejemplo, una depresión que podría motivar la solicitud de morir.
Legalizar la eutanasia sin asegurar previamente cuidados, acompañamiento y controles reales no es un acto de libertad: es una renuncia del Estado a su deber de protección.
Pero lo que quiero advertir hoy es que, aun si la ley de eutanasia llega a sancionarse y reglamentarse, ello no garantiza que quienes la soliciten vayan a “morir de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad”, como afirman la norma y quienes la defienden.
En primer lugar, porque la sola decisión de pedirla ya conlleva dolor, angustia y sufrimiento para el paciente, su familia y su entorno. Optar por terminar con la propia vida implica un proceso previo, durante y posterior de intenso padecimiento para todas las personas involucradas. Imagínense tener que tomar la decisión de pedir que lo maten.
En segundo lugar, porque la imagen que suele transmitirse en el debate público y en la ficción —la de un procedimiento sencillo, rápido y libre de dolor— omite una dimensión fundamental: en la práctica, los resultados distan de ser uniformes. No existen protocolos internacionales estandarizados, los profesionales no reciben formación específica y la experiencia acumulada en los países donde se aplica muestra complicaciones frecuentes. En algunos casos la muerte no se produce con la serenidad prometida, sino tras procesos prolongados, con episodios de sufrimiento físico y emocional.
Investigaciones realizadas en los Países Bajos desde 20001 y, más recientemente, en Canadá, Estados Unidos, Bélgica y Suiza evidencian problemas técnicos y clínicos: dificultades en la vía intravenosa, espasmos, vómitos, cianosis por falta de oxígeno, muertes que se dilatan varios días e incluso pacientes que recobraron la conciencia. La diversidad de combinaciones de fármacos y la ausencia de estudios sistemáticos sobre sus efectos explican la falta de homogeneidad y los riesgos. Mientras los medicamentos comunes pasan por rigurosos controles de eficacia y seguridad, las drogas empleadas en la “muerte asistida” no cuentan con evaluaciones equivalentes.
Numerosos informes oficiales advierten que la experiencia puede ser traumática tanto para pacientes como para familiares. Entre los efectos adversos documentados figuran muertes demasiado rápidas o demasiado lentas, dolor en el sitio de inyección y, lo más alarmante, personas que permanecen conscientes bajo la parálisis de los bloqueantes neuromusculares, incapaces de comunicar el sufrimiento que padecen. Autopsias de procedimientos análogos, como las ejecuciones por inyección letal, muestran edema pulmonar agudo, indicador de posible sensación de asfixia en quienes aún conservaban conciencia.
La investigadora argentina Lupe Batallán, en su libro Dignos hasta el final, detalla que, si falla la inducción al coma, los bloqueantes neuromusculares no garantizan ni sueño ni analgesia. Esto significa que el paciente podría atravesar el proceso consciente, con un nivel extremo de dolor, sin poder expresarlo. La imagen de una “muerte dulce” queda así profundamente cuestionada por evidencias que rara vez se mencionan en campañas o debates legislativos.
El procedimiento, que combina la inducción al coma con bloqueantes neuromusculares para paralizar los músculos, provoca paro respiratorio y finalmente la muerte por falta de oxígeno. En teoría debería tratarse de un tránsito sin dolor, pero los riesgos son significativos. Si la sedación inicial es insuficiente, el paciente puede conservar la conciencia, experimentar dolor intenso y una sensación de asfixia sin poder manifestarlo. Además, la duración del proceso es variable: puede extenderse hasta veinte minutos, con signos visibles como la cianosis.
El mayor problema es que estos fármacos no aportan ni analgesia ni sueño; su única función es detener los movimientos respiratorios. Por eso, si la sedación falla, la persona atraviesa el procedimiento consciente y en silencio. Estos escenarios, documentados en la literatura médica y en testimonios internacionales, desmienten la idea de una “muerte indolora y serena”.
Más allá de posiciones ideológicas, el hecho central es que la eutanasia no puede considerarse un procedimiento seguro y previsible. La falta de protocolos uniformes y de controles sistemáticos incrementa el riesgo de muertes con sufrimiento oculto y de duelos traumáticos para las familias.
La verdadera dignidad al final de la vida no puede reducirse a la administración de fármacos que interrumpen la respiración. Requiere garantizar acceso universal a cuidados paliativos de calidad, acompañamiento emocional y soporte social, de modo que la elección de cada persona no surja del abandono o la desesperación, sino de un horizonte real de alivio y cuidado.
En suma, la eutanasia no es necesariamente sinónimo de paz y dignidad. En ausencia de un sistema robusto de cuidados paliativos y apoyos efectivos en salud mental y en lo social, lo que se presenta como libertad puede transformarse en la opción desesperada de quienes sufren abandono. Lejos de ampliar derechos, una legislación que habilite la eutanasia sin resolver estas carencias corre el riesgo de profundizar la injusticia sobre los más vulnerables.
Lo que Uruguay necesita es una ley que garantice vivir con dignidad hasta el final, no una que habilite morir por falta de alternativas.
Sin garantías efectivas, no hay muerte digna. Hay resignación.
1 https://academic.oup.com/bmb/article/142/1/15/6580517
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