Correo de los Viernes - La erosión democrática que Clara López no ve

La erosión democrática que Clara López no ve

Edición Nº 1096 - Viernes 4 de setiembre de 2026. Lectura: 8'

Por Santiago Torres

La dirigente colombiana Clara López advierte que los gobiernos a los que la izquierda —y casi todo el periodismo— califica como de “extrema derecha” amenazan la democracia latinoamericana. El problema de su diagnóstico es que omite dos de los procesos de destrucción institucional más profundos de las últimas décadas: el chavismo venezolano y el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

Clara López Obregón estuvo recientemente en Montevideo para participar del Tercer Congreso Panamericano, encuentro que reunió a dirigentes y parlamentarios progresistas de distintos países del continente. En una extensa entrevista concedida a la diaria, la veterana dirigente de la izquierda colombiana expresó su preocupación por el avance de los gobiernos que define como integrantes de una “internacional reaccionaria” y sostuvo que “están erosionando los principios básicos de la institucionalidad democrática”.

La afirmación merece ser discutida. No porque la democracia esté inmunizada frente a eventuales amenazas provenientes de la derecha —no lo está frente a ninguna corriente política—, sino porque el diagnóstico de López parece sufrir de una llamativa hemiplejia histórica.

Hay algo particularmente revelador en la propia entrevista. Cuando se refiere al recién instalado gobierno del derechista radical Abelardo de la Espriella, López reconoce que algunas de las conductas que le preocupan permanecen todavía en el terreno de las declaraciones. Critica sus posiciones sobre Israel, su anunciada revisión de políticas del gobierno de Gustavo Petro, su rechazo a continuar determinados diálogos con grupos armados y sus planteamientos culturales. Algunas de esas posiciones pueden naturalmente discutirse, rechazarse o incluso considerarse inconvenientes.

Pero eso no equivale a demoler una democracia.

De la Espriella llegó a la Presidencia después de unas elecciones en las que derrotó por estrecho margen al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Hay oposición organizada, Congreso, tribunales, prensa crítica, movilización sindical y una izquierda que acaba de constituir incluso un gabinete alternativo. López puede conceder una entrevista acusando al presidente de poner en peligro la democracia, Petro puede encabezar la oposición y sus partidarios pueden anunciar movilizaciones contra las decisiones del nuevo gobierno.

Eso, precisamente, es la democracia funcionando.

Algo semejante puede observarse cuando se mira a otros gobiernos habitualmente colocados bajo la muy elástica etiqueta de “extrema derecha”. Javier Milei gobierna Argentina sometido a un Congreso que le aprueba unas iniciativas y le rechaza otras, a una Justicia que puede revisar sus decisiones, a gobernadores opositores, sindicatos capaces de paralizar el país y una prensa que lo critica cotidianamente.

Chile, ahora presidido por José Antonio Kast, continúa siendo una de las democracias más sólidas de América Latina. Las discrepancias con sus políticas —por profundas que sean— no convierten automáticamente a esos gobiernos en dictaduras en gestación.

La vara utilizada para medir la calidad democrática no puede ser la coincidencia con el programa de la izquierda.

Venezuela, el caso que no admite distracciones

Hugo Chávez llegó al poder mediante elecciones en 1999. Precisamente por eso su experiencia resulta tan importante para comprender cómo mueren muchas democracias contemporáneas: no necesariamente mediante un golpe militar, sino desde el propio poder conquistado en las urnas.

Durante los años siguientes se produjo una paulatina concentración del poder, el sometimiento de instituciones de contralor, el debilitamiento de la independencia judicial, la presión sobre los medios de comunicación y una utilización cada vez más abusiva del aparato estatal en favor del oficialismo.

El proceso se aceleró bajo Nicolás Maduro.

Cuando la oposición obtuvo en 2015 una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, el gobierno no aceptó simplemente convivir con un Poder Legislativo adverso. El Tribunal Supremo, controlado por el oficialismo, fue vaciando de competencias al Parlamento. En 2017 se instaló una Asamblea Nacional Constituyente concebida para sustituir en los hechos a la institución que los venezolanos habían elegido.

Luego llegaron la proscripción o inhabilitación de dirigentes opositores, la persecución política, los presos, el exilio y unas elecciones cada vez más alejadas de cualquier estándar democrático.

No estamos hablando de declaraciones altisonantes ni de una ministra conservadora de Cultura. Estamos hablando del desmontaje efectivo de los mecanismos que permiten que un gobierno pueda perder el poder.

La degradación fue de tal magnitud que Freedom House registra a Venezuela entre los países que experimentaron las mayores caídas democráticas del mundo durante los últimos veinte años. El proceso, señala la organización, comenzó bajo Chávez y se agravó dramáticamente con Maduro.

Curiosamente, para buena parte de la izquierda latinoamericana resultó durante años mucho más difícil pronunciar la palabra “dictadura” frente a Caracas que emplear la expresión “extrema derecha” para caracterizar a un presidente elegido democráticamente con el que discrepa.

Nicaragua: de la revolución al régimen familiar

El segundo ejemplo es todavía más difícil de eludir.

Daniel Ortega regresó a la Presidencia de Nicaragua en 2007 mediante elecciones. Desde entonces, el antiguo líder del Frente Sandinista fue construyendo pacientemente un sistema en el que cada contrapeso institucional terminó subordinado al Ejecutivo.

Se eliminaron los límites que impedían su reelección indefinida, se controlaron los poderes del Estado, se restringió el funcionamiento de organizaciones civiles y medios independientes y se persiguió a la oposición.

En 2018, cuando una ola de protestas desafió al gobierno, la respuesta fue la represión. Hubo muertos, detenciones arbitrarias, denuncias de torturas y una persecución que empujó a numerosos opositores, periodistas e intelectuales al exilio. Entre ellos, connotados antiguos sandinistas, como el exvicepresidente y escritor Sergio Ramírez.

Antes de las elecciones de 2021, el método se volvió todavía más sencillo: varios de quienes podían competir contra Ortega fueron encarcelados.

Posteriormente el régimen llegó al extremo de despojar de la nacionalidad nicaragüense a centenares de críticos y adversarios. Y las reformas constitucionales aprobadas en 2025 terminaron por institucionalizar la concentración del poder en Daniel Ortega y Rosario Murillo, convertidos en copresidentes, mientras la Presidencia quedó colocada por encima de los organismos legislativos, judiciales y electorales.

Eso sí es erosión democrática. Mejor dicho: es lo que ocurre cuando la erosión ya ha consumido prácticamente el edificio entero.

Una dirigente con larga historia

Clara López no es una recién llegada a la política ni una observadora ocasional. Nacida en Bogotá en 1950, pertenece además a una familia profundamente vinculada con la historia política colombiana. Es sobrina del expresidente Alfonso López Michelsen y descendiente de una de las tradicionales familias liberales del país.

Estudió Economía en Harvard, donde participó en el movimiento estudiantil contrario a la guerra de Vietnam, y posteriormente se graduó en Derecho en la Universidad de los Andes. Su trayectoria comenzó en el liberalismo colombiano y terminó ubicándola claramente en la izquierda.

Fue concejal de Bogotá, contralora distrital, auditora general de la República, secretaria de Gobierno y alcaldesa encargada de Bogotá. En 2010 acompañó como candidata a vicepresidenta a Gustavo Petro. Cuatro años después fue candidata a la Presidencia por una alianza del Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica. Más tarde integró como ministra de Trabajo el gobierno de Juan Manuel Santos y entre 2022 y 2026 ocupó una banca en el Senado por el Pacto Histórico.

Es, por tanto, una dirigente experimentada, culta y conocedora de las instituciones. Precisamente por eso llama más la atención la selectividad de su diagnóstico.

La democracia no tiene ideología

No sería serio sostener la tesis inversa y afirmar que todo gobierno de derecha es necesariamente respetuoso de las instituciones. No lo es. El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador ofrece señales y hechos suficientemente preocupantes: concentración de poder, debilitamiento de contrapesos y eliminación de límites a la reelección. La democracia debe ser defendida frente a cualquiera que pretenda erosionarla.

Pero justamente de eso se trata.

Si el criterio es realmente democrático, debe aplicarse sin preguntarle al gobernante si se define como socialista, progresista, conservador o liberal.

Y cuando se hace ese ejercicio, resulta imposible escribir la historia latinoamericana reciente como el enfrentamiento entre una izquierda democrática y una derecha que amenaza las instituciones.

Dos de las experiencias más severas de degradación democrática de este siglo surgieron de gobiernos que llegaron al poder reivindicando explícitamente a la izquierda: el socialismo del siglo XXI venezolano y el sandinismo de Ortega. Ambos comenzaron con votos. Ambos invocaron la voluntad popular. Ambos denunciaron a sus adversarios como representantes de intereses reaccionarios. Y ambos fueron desmontando después los controles capaces de limitar su poder.

Hay allí una enseñanza bastante más importante que las etiquetas.

Una democracia no desaparece porque gane las elecciones alguien que nos desagrada. Tampoco porque un presidente anuncie políticas conservadoras, liberales o socialistas. Comienza a desaparecer cuando quien gana decide que ya no puede permitirse perder; cuando somete a los jueces, neutraliza al Parlamento, controla las elecciones, persigue a la prensa y convierte a la oposición en enemiga del Estado.

Eso ocurrió en Venezuela.

Eso ocurrió en Nicaragua.

Y ocurrió bajo gobiernos de izquierda.

Quizás antes de organizar una internacional para salvar a la democracia de quienes piensan distinto, convendría empezar por reconocer a quienes, pensando parecido, ya consiguieron destruirla.