La erosión del poder
Viernes 24 de julio de 2026. Lectura: 7'
Por Juan Carlos Nogueira
La pérdida de popularidad no basta para derribar un gobierno. A partir de experiencias internacionales y de la situación política uruguaya, el autor analiza cómo la verdadera amenaza para un presidente surge cuando el desgaste de imagen comienza a traducirse en una erosión efectiva de su capacidad de ejercer el poder.
Los gobiernos rara vez caen por la impopularidad. Caen cuando la pérdida de apoyo social se transforma en pérdida de poder político.
Es una diferencia fundamental. La desaprobación es un dato de opinión pública; la pérdida de poder es un hecho institucional.
Los ejemplos abundan.
Richard Nixon (EEUU) no renunció porque las encuestas le fueran adversas. Renunció cuando comprendió que había perdido el respaldo del Partido Republicano y que el Congreso contaba con los votos suficientes para destituirlo.
Fernando de la Rúa (Arg.) tampoco abandonó la Casa Rosada únicamente por una crisis económica. Lo hizo cuando el colapso financiero se combinó con protestas masivas, muertos en las calles, la ruptura de su coalición y la certeza de que ya no podía gobernar.
Pedro Pablo Kuczynski (Perú) cayó cuando perdió el apoyo parlamentario indispensable para sobrevivir a un juicio político.
Boris Johnson (UK) resistió durante meses las críticas del Partygate. Renunció recién cuando decenas de ministros de su propio gabinete abandonaron el gobierno en cascada.
Liz Truss (UK) apenas gobernó cuarenta y nueve días. Su problema no fue una encuesta desfavorable, sino haber perdido simultáneamente la confianza de los mercados, de su partido y de su gabinete.
Las destituciones obedecen a la misma lógica.
Dilma Rousseff (Brasil) soportó durante meses índices de aprobación inferiores al diez por ciento. Sin embargo, permaneció en el cargo hasta que la coalición que sostenía su gobierno se desintegró y el Congreso reunió los votos necesarios para su juicio político.
Martín Vizcarra y Pedro Castillo (Perú) fueron removidos cuando perdieron el respaldo político imprescindible para sostener la legitimidad institucional de sus gobiernos.
Este fenómeno no es nuevo. Hace décadas que la ciencia política identifica este patrón. Los presidentes no caen por ser impopulares; caen cuando la impopularidad se convierte en pérdida de apoyos institucionales.
Las renuncias y las destituciones rara vez obedecen a una sola causa. Suelen aparecer cuando varios problemas se acumulan al mismo tiempo: pérdida acelerada de aprobación ciudadana, fractura del partido oficialista, deterioro económico persistente, aislamiento parlamentario, movilización social sostenida y una oposición capaz de transformar esa debilidad en una mayoría institucional.
No es un solo factor el que derrumba un gobierno. Es la acumulación de varios lo que convierte una crisis política en una crisis de gobernabilidad.
Uruguay permite observar hoy algunos de esos mecanismos, aunque en un contexto institucional distinto.
El presidente Orsi enfrenta un desgaste de imagen más temprano de lo habitual. Su estilo comunicacional ha sido objeto de críticas y de una exposición particularmente intensa en redes sociales, donde incluso se ha convertido en motivo de burlas. Un fenómeno que recuerda, al menos en el plano comunicacional, al que afectó a Fernando de la Rúa.
A ello se suman diversas controversias, cuestionamientos éticos y decisiones controvertidas que han contribuido al deterioro de la imagen pública. Esa erosión es políticamente relevante porque consume el principal activo de todo presidente durante los primeros meses: el crédito de confianza.
Un segundo factor desestabilizador es una fractura visible dentro de la coalición oficialista. El ala comunista y el PIT-CNT han expresado desacuerdos con el presidente Orsi. Incluso el ministro Castillo se ha manifestado públicamente en contra de las decisiones presidenciales.
Otro factor de desestabilización es la situación económica. Aunque Uruguay no enfrenta una crisis de la magnitud de la que sufrió Argentina en 2001, los indicadores comienzan a generar preocupación. La economía muestra señales de estancamiento y las proyecciones de crecimiento del PIB han sido revisadas sucesivamente a la baja.
A ello se suma una creciente incertidumbre sobre la conducción económica, alimentada por las diferencias internas ya mencionadas. Las comunicaciones del ministro de Economía tampoco han contribuido a despejar las dudas. Sus declaraciones cambiantes respecto de una eventual reforma del sistema de AFAP y sobre el tratamiento de los depósitos en dólares generaron incertidumbre en sectores del mercado y de la opinión pública.
Existen, además, señales que merecen atención. El martes 14 de julio, el gobierno ofreció colocar deuda por 100 millones de dólares, pero la licitación fue declarada desierta al no alcanzarse las condiciones previstas para su adjudicación. Si bien un episodio aislado no permite extraer conclusiones definitivas, sí puede interpretarse como un indicio de una mayor cautela por parte de los inversores.
En la misma línea, la calificadora Moody’s mantuvo la nota soberana de Uruguay en Baa1 con perspectiva estable, pero advirtió que las medidas fiscales contenidas en la Rendición de Cuentas probablemente no serán suficientes para estabilizar la trayectoria de la deuda pública. No se trata de una pérdida del grado inversor, pero sí de una señal de alerta sobre la necesidad de fortalecer la sostenibilidad fiscal.
La competencia de algunos ministros también ha contribuido al debilitamiento presidencial. No solo porque forman parte del gabinete, sino porque sus errores terminan erosionando la autoridad de quien los nombró. Más aún cuando, pese a las controversias, el presidente ha optado por respaldarlos en lugar de sustituirlos. Bastan cuatro ejemplos:
El ministro Fratti forzó la compra de la estancia María Dolores con el argumento de beneficiar a múltiples colonos. Ahora se ha comunicado que la erogación de 32 millones de dólares beneficiará únicamente a seis colonos.
El ministro Ortuño impulsó el proyecto de la represa de Casupá y decidió expropiar campos, pero aún no se ha terminado el estudio de impacto ambiental. La situación se agrava por el hecho de que la represa se nutre de la misma cuenca de donde OSE toma actualmente agua para procesar. En caso de sequía, la represa de Casupá no aportará redundancia.
La ministra Lasso ha demostrado improvisaciones y desconocimiento de los procedimientos jurídicos y disciplinarios, así como de los temas específicos de defensa. Esto ha quedado demostrado en el proyecto de compra de los patrulleros oceánicos.
El ministro del Interior Negro, que poco después de asumir declaró que la guerra contra el narcotráfico estaba perdida, continúa intentando convencer a la opinión pública de que la seguridad ha mejorado. Mientras tanto, las muertes se suceden casi a diario. El plan implementado, si puede calificarse como tal, no ha producido resultados visibles.
Si bien no existe un conflicto institucional ni una crisis que haga pensar en un levantamiento popular, diversas encuestas muestran que es el peor gobierno desde el retorno a la democracia.
Sin embargo, afirmar que ello anticipa una renuncia o una destitución sería desconocer tanto la experiencia histórica como el funcionamiento del sistema político uruguayo.
Uruguay posee instituciones particularmente estables y los mecanismos constitucionales de remoción son exigentes.
Los gobiernos rara vez colapsan de un día para otro. Primero pierden autoridad. Después, capacidad de iniciativa. Luego, comienzan las dificultades para disciplinar a su propia coalición. Finalmente aparece la sensación de que el poder ha cambiado de manos antes de que termine el mandato.
La pregunta, entonces, no es si Orsi terminará o no su mandato. Todo indica que sí, porque las condiciones institucionales uruguayas hacen de ese escenario el más probable.
La verdadera incógnita es otra: si la erosión de su liderazgo continuará hasta convertirlo en un presidente con mandato formal, pero con capacidad política decreciente para conducir su gobierno. Los anglosajones tienen incluso un nombre para esa situación: lame duck (“pato rengo”), el gobernante que conserva el cargo pero pierde progresivamente su capacidad efectiva de conducción.
La historia enseña que la desaprobación no derriba presidentes. Lo que suele derribarlos es perder, al mismo tiempo, la confianza de la ciudadanía, el respaldo de sus aliados y la capacidad de ejercer el poder.
Y esa diferencia, aparentemente sutil, suele decidir el destino de los gobiernos.
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