La energía que Uruguay no termina de aprovechar
Viernes 20 de noviembre de 2026. Lectura: 5'
El Centro de Estudios de Políticas Públicas presentó una investigación sobre el mercado eléctrico uruguayo que identifica obstáculos para el crecimiento económico y propone reformas de considerable alcance. Algunas iniciativas son controversiales, pero el conjunto merece un debate serio, informado y sin prejuicios.
Lo primero es reconocer al Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) el trabajo de investigación que acaba de presentar bajo el título Mercado eléctrico de Uruguay. Energía: ¿impulsor o freno del desarrollo?. Se trata de un aporte sustantivo al debate nacional, que combina el examen de abundante información económica y técnica con una revisión del marco normativo y un conjunto de propuestas legislativas concretas. En tiempos en que tantas discusiones públicas se agotan en consignas, es especialmente valioso que una institución se tome el trabajo de estudiar, fundamentar y proponer.
La tesis central del informe es tan sencilla como inquietante: Uruguay logró transformar exitosamente su matriz de generación eléctrica, pero no consiguió aprovechar plenamente esa transformación para impulsar su desarrollo económico. Disponemos de electricidad de excelente calidad, una generación prácticamente toda renovable y costos de abastecimiento competitivos. Sin embargo, las tarifas siguen siendo elevadas y el funcionamiento del mercado no ofrece condiciones suficientemente atractivas para grandes inversiones industriales.
El CEPP identifica una contradicción fundamental entre la legislación y la realidad. La Ley 16.832, aprobada en 1997, durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti, abrió la generación eléctrica a la competencia, habilitó la contratación entre privados y estableció un administrador del mercado independiente de UTE. Casi tres décadas después, buena parte de aquella arquitectura permanece sin concretarse plenamente.
UTE continúa siendo prácticamente el único comprador de la generación privada y el proveedor dominante del mercado. Los contratos exclusivos de largo plazo, las restricciones para los grandes consumidores y los elevados costos de utilización de las redes dificultan el funcionamiento de un verdadero mercado competitivo. El informe destaca que, en 2025, las operaciones del mercado spot doméstico representaron apenas el 0,28% de la electricidad comercializada.
Otro aspecto especialmente significativo es el económico. Según los cálculos presentados, la expansión de las energías renovables redujo considerablemente el costo de abastecimiento, pero ese beneficio no se trasladó proporcionalmente a las tarifas. En cambio, mejoraron sustancialmente los resultados de UTE y aumentaron sus transferencias a Rentas Generales, que promediaron unos 190 millones de dólares anuales entre 2016 y 2025.
No se trata de desconocer que una empresa pública debe financiar sus inversiones, mantener sus redes y asegurar la calidad del servicio. Se trata de preguntarse si los consumidores y las empresas están recibiendo los beneficios que deberían derivarse de la transformación energética, o si parte de esos beneficios termina absorbida por mecanismos tarifarios y necesidades fiscales que corresponde revisar.
El CEPP señala, además, una paradoja que merece particular atención. Uruguay dispone de abundante capacidad de generación instalada, pero presenta restricciones de potencia firme y de infraestructura de transmisión que dificultan incorporar grandes consumidores. En otras palabras, tenemos un considerable potencial energético, pero no necesariamente las condiciones institucionales y materiales para aprovecharlo en nuevas industrias.
Frente a este diagnóstico, el centro formula siete propuestas legislativas. Entre ellas figuran un sistema de tarifas más transparente, con identificación de sus distintos componentes; reglas previsibles para proyectos industriales de mediano y gran porte; incentivos para que los grandes inversores desarrollen o contraten su propia generación; el traspaso efectivo del Despacho Nacional de Cargas a ADME (ya previsto en la Ley 16.832), y la separación explícita de los resultados económicos de generación, transmisión y distribución de UTE.
El propósito es avanzar hacia un mercado en el que puedan participar nuevos actores, sin comprometer la seguridad del abastecimiento ni trasladar al conjunto de los consumidores los costos de grandes emprendimientos privados.
Hay también propuestas de mayor controversia, que no por ello deberían descartarse sin discusión. Una es la creación de una suerte de holding estratégico entre UTE y ANCAP, con integrantes compartidos en sus directorios, coordinación de servicios, planificación conjunta de inversiones y un presupuesto operativo unificado a partir de 2034. Otra es la limitación de los dividendos que ambas empresas transfieren a Rentas Generales, mediante un tope vinculado a sus utilidades de los tres ejercicios anteriores.
Ambas iniciativas plantean interrogantes legítimas. La coordinación entre empresas de características tan diferentes podría generar economías y mejorar la planificación, pero también exige examinar cuidadosamente las responsabilidades de gestión, los mecanismos de control, la viabilidad institucional y los efectos en la distribución del poder sindical.
Del mismo modo, limitar las transferencias al Estado puede favorecer tarifas más competitivas y una mayor capacidad de inversión, pero obliga a considerar cómo se compensarían los ingresos fiscales que dejarían de percibirse.
Precisamente por eso vale la pena discutirlas. Una propuesta no necesita ser compartida íntegramente para constituir una contribución valiosa. Tampoco debería rechazarse por el solo hecho de cuestionar prácticas arraigadas o intereses establecidos. El debate sobre las empresas públicas merece salir de la falsa alternativa entre defenderlas incondicionalmente o pretender desmantelarlas. Su fortalecimiento también exige examinar críticamente cómo funcionan, cuánto cuestan y qué aportan al desarrollo nacional.
El informe del CEPP tiene el mérito adicional de colocar la cuestión energética donde corresponde: en el centro de una estrategia de crecimiento económico. Porque la electricidad no es solamente un servicio que debe llegar a los hogares con seguridad y continuidad. También es un insumo decisivo para atraer inversiones, generar empleo, incorporar tecnología y ampliar la capacidad productiva del país.
Este artículo constituye apenas una primera aproximación al trabajo presentado. Queda a cuenta de un análisis más detenido de sus diagnósticos, sus cifras y, especialmente, sus propuestas, algunas de las cuales merecen ser examinadas individualmente por sus consecuencias económicas, institucionales y fiscales.
Por ahora, corresponde felicitar al CEPP por el esfuerzo realizado y la calidad de su contribución al debate público de calidad. Uruguay necesita discutir mucho más sobre cómo transformar sus ventajas energéticas en oportunidades de desarrollo. Y necesita hacerlo con información, propuestas y disposición a revisar lo que no funciona, en lugar de permanecer prisionero de prejuicios y posiciones inamovibles.
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