La dueña de la cancha
Edición Nº 1074 - Viernes 27 de marzo de 2026. Lectura: 3'
Por Alicia Quagliata
Un análisis sobre la claudicación técnica de la movilidad metropolitana, la destrucción de inversiones previas y la alarmante descapitalización del patrimonio municipal en favor de una gestión que prioriza la aritmética de votos sobre la planificación profesional.
La reciente bendición del presidente Yamandú Orsi al intendente Mario Bergara, dándole "la derecha" en el lío de la movilidad metropolitana, es mucho más que un gesto de cortesía política; es una señal preocupante. Al validar que la Intendencia de Montevideo es la única "dueña de la cancha", el mandatario firma el acta de defunción de la planificación a largo plazo para darle prioridad a la cuentita de votos en la Junta Departamental.
No estamos discutiendo si el túnel por la Av. 18 de Julio era la solución mágica. Lo que acá se está instalando es la cultura del parche. Resulta ofensivo para el contribuyente ver cómo se proyectan reformas que desarman o contradicen lo que se hizo hace apenas unos meses. Se asume con total naturalidad el costo de borrar con el codo lo que se escribió con la mano, trancando el tránsito como si la ciudad fuera un borrador y no el patrimonio de todos.
Es llamativo el silencio técnico: mientras figuras de peso del propio oficialismo defendieron el proyecto original, el intendente Bergara logró imponer una versión recortada. El propio presidente reconoce que esta alternativa es peor que la anterior, pero prefirió comprar una "paz interna" que ni siquiera consiguió, ya que sectores como el MPP siguen cuestionando el plan. El resultado es un esquema sin cabeza que pretende llenar avenidas como Italia y 8 de Octubre con unidades invasivas, diseñando una ciudad que ya no se piensa para vivirla, sino como una simple vía de paso para quienes llegan desde el área metropolitana.
En este desorden, la inversión para movilidad se estima en 800 millones de dólares —incluyendo los 20 millones para que Cutcsa renueve su flota—. Se tira el rigor técnico por la ventana a cambio de una salida política que le permita a la Intendencia mostrar alguna obra, aunque sea de menor calidad y ni siquiera conforme a la interna del gobierno.
En un carril totalmente distinto, el intendente negocia a las corridas un fideicomiso de otros 300 millones de dólares. Este endeudamiento no tiene relación con el proyecto de movilidad; es un manotazo de ahogado para intentar financiar con crédito tareas básicas como la basura y las veredas, o para insistir con reformas en Ciudad Vieja que ya cuestionamos por su falta de rumbo. Pagar el mantenimiento diario con deuda a largo plazo es la confesión de que la plata de los impuestos ya no alcanza para cubrir la mala gestión.
Como arquitectos, la alarma es técnica: se está ignorando el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). El POT no es un folleto de ideas, es la ley que manda cómo debe crecer la ciudad y dónde se puede construir para que el interés de todos esté por encima del capricho de un gobernante. Es la hoja de ruta que debería evitar que lo que se invierte hoy se tire mañana. Al saltearse estas reglas, se pone en riesgo la seguridad jurídica y técnica de toda la ciudad.
Para conseguir los 21 votos en la Junta —que hoy nadie sabe si están—, la moneda de cambio terminó siendo el remate de terrenos y edificios municipales. Vender lo que es de todos para pagar la conveniencia política del momento es lo opuesto a planificar.
Incluso si aparecen los votos, la promesa de que todo funcione para 2029 es una fantasía; la experiencia nos dice que acá los plazos nunca se cumplen. Montevideo no necesita gestiones que jueguen a media máquina; necesita un gobierno que respete las normas, valore lo que ya se invirtió y deje de tomarle el pelo al vecino.
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