La dirección correcta
Viernes 12 de junio de 2026. Lectura: 6'
 La futura Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida busca eliminar trabas burocráticas, fortalecer la competencia y reducir costos que terminan pagando empresas y consumidores. Aunque el propio gobierno la define como una reforma “modesta”, representa uno de los intentos más ambiciosos de modernización estatal de las últimas décadas. Y así debe reconocerse.
Cuando el ministro Gabriel Oddone definió el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida como una “modesta pero importante reforma del Estado”, probablemente resumió mejor que nadie el espíritu de una iniciativa que, sin pretender cambiarlo todo de un día para otro, apunta a uno de los problemas más persistentes de la economía uruguaya: los costos excesivos que genera una burocracia pesada, fragmentada y muchas veces anclada en regulaciones que perdieron sentido hace décadas.
El Poder Ejecutivo remitirá la próxima semana al Senado un proyecto de más de 240 artículos que recoge cerca de un centenar de propuestas surgidas de intercambios con empresarios, sindicatos, organizaciones sociales, profesionales y distintos organismos públicos. Su objetivo declarado es aumentar la productividad, estimular la inversión, promover la competencia y contribuir a la reducción del costo de vida de los uruguayos.
La relevancia política de la iniciativa no reside solamente en su extensión o en la diversidad de materias que aborda. Lo verdaderamente importante es que parte de un diagnóstico acertado: en una economía con inflación relativamente controlada y estabilidad macroeconómica, los principales obstáculos para la competitividad ya no se encuentran en las grandes variables macroeconómicas sino en los costos de funcionamiento, las rigideces regulatorias y los trámites que encarecen la actividad productiva y terminan trasladándose a los precios que pagan los consumidores.
Menos burocracia, menos costos
Uno de los capítulos más ambiciosos del proyecto apunta a la simplificación administrativa. La iniciativa prevé la creación de registros unificados, la digitalización de procedimientos, la ampliación del uso de documentos electrónicos, la reducción de exigencias documentales redundantes y la eliminación de algunas obligaciones consideradas obsoletas, como determinadas traducciones certificadas que hoy generan costos sin aportar valor real.
También se establecen plazos máximos para que la administración responda solicitudes y se incorporan mecanismos de “silencio positivo” en determinados procedimientos, de forma que la falta de respuesta estatal deje de transformarse en una barrera permanente para ciudadanos y empresas.
Se trata de cambios que pueden parecer menores cuando se observan individualmente, pero que tienen un impacto significativo cuando se acumulan. Uruguay ha construido durante décadas una compleja red de autorizaciones, registros y controles que muchas veces terminan castigando a quienes cumplen las reglas sin generar mejores resultados regulatorios. El proyecto intenta corregir precisamente esa situación.
Más competencia para bajar precios
Otro eje central es el fortalecimiento de la competencia en distintos mercados.
El gobierno entiende que existen barreras regulatorias y prácticas comerciales que limitan la entrada de nuevos actores y reducen las opciones disponibles para los consumidores. Por ello, el proyecto fortalece las herramientas de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia y procura eliminar obstáculos que dificultan el ingreso de nuevos productos o proveedores.
Dentro de ese enfoque aparece una de las medidas que más atención ha despertado: la flexibilización de los mecanismos de importación mediante la posibilidad de contar con múltiples importadores para determinados productos. La intención es reducir situaciones de exclusividad que pueden restringir la competencia y mantener precios artificialmente elevados.
La discusión trasciende casos concretos. Lo relevante es el principio que inspira la medida: cuando existe más competencia, los consumidores suelen acceder a mejores precios, mayor variedad y mejores condiciones de compra.
Precios más transparentes
El proyecto también incorpora disposiciones destinadas a mejorar la información disponible para los consumidores.
La filosofía detrás de estas medidas es sencilla: los mercados funcionan mejor cuando quienes compran cuentan con información clara, comparable y accesible. La posibilidad de conocer con precisión precios, condiciones y alternativas fortalece la competencia y reduce las asimetrías que muchas veces terminan perjudicando al consumidor final. Según explicó el gobierno, se busca facilitar las decisiones de compra y hacer más transparentes los mercados de consumo masivo.
Apoyo a las pequeñas empresas
Las micro, pequeñas y medianas empresas aparecen entre las principales beneficiarias de la reforma.
El proyecto prevé mecanismos de graduación tributaria, plataformas unificadas de trámites, sistemas integrados de gestión gratuitos y una reducción de requisitos administrativos que hoy consumen tiempo y recursos de emprendimientos que, muchas veces, carecen de estructura para afrontar la complejidad burocrática existente.
La apuesta es razonable. En un país donde la enorme mayoría de las empresas son pequeñas, cualquier reducción de costos administrativos puede tener efectos concretos sobre la inversión, el empleo y la formalización.
Una coincidencia significativa
La presentación del ministro, como corresponde, tuvo una muy buena recepción en la Coalición Republicana.
Dirigentes opositores destacaron las similitudes entre varias de las medidas propuestas por el gobierno y planteos que durante años impulsaron sectores liberales y reformistas. Incluso algunos señalaron coincidencias con iniciativas promovidas anteriormente por la economista Laura Raffo y otros referentes de la Coalición Republicana. Esa recepción favorable constituye un dato político relevante.
Más allá de las diferencias partidarias, parece existir un consenso creciente respecto de que Uruguay necesita reducir costos regulatorios, simplificar trámites y mejorar su clima de negocios si pretende sostener el crecimiento económico y elevar los ingresos reales de la población.
Por tanto, que se alcancen mayorías importantes en estos temas abre una brecha en temas que parecían impenetrables y que hacen al funcionamiento “micro” del país.
El camino correcto
Naturalmente, nadie debería esperar que un proyecto de estas características resuelva por sí solo los problemas de competitividad acumulados durante décadas.
Uruguay sigue siendo un país con costos elevados, una estructura estatal compleja y múltiples regulaciones que merecen revisión. El propio Oddone reconoció que se trata de una reforma limitada en alcance. Pero precisamente ahí radica una de sus virtudes: en lugar de prometer transformaciones grandilocuentes e imposibles de ejecutar, apunta a remover obstáculos concretos que afectan diariamente a empresas, trabajadores y consumidores.
Por supuesto, queda mucho camino por recorrer. La agenda de modernización del Estado está lejos de agotarse en este proyecto. Sin embargo, sería un error minimizar la importancia de una iniciativa que coloca nuevamente sobre la mesa la necesidad de revisar regulaciones, reducir burocracia y promover la competencia.
Si el objetivo es construir un país más dinámico, más productivo y menos caro para quienes viven y trabajan en él, la dirección elegida por el gobierno parece correcta. Modesta, como dijo Oddone. Pero importante también. Y cuando un gobierno decide avanzar en la dirección adecuada, corresponde reconocerlo y aplaudirlo.
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