Edición Nº 1107 - Viernes 20 de noviembre de 2026

La democracia sin excusas

Edición Nº 1107 - Viernes 20 de noviembre de 2026. Lectura: 3'

Por Angelina Rios

Las declaraciones de Yamandú Orsi sobre Venezuela reabren una discusión sobre las condiciones que hacen democrática a una nación. Los datos de Latinobarómetro agregan otra preocupación: la necesidad de sostener la confianza ciudadana con representación y respuestas concretas.

El presidente de la República Yamandú Orsi puso sobre la mesa una definición necesaria. Durante su visita a España, afirmó que no reconoce en Venezuela un régimen republicano democrático y reclamó una hoja de ruta que culmine en elecciones libres y transparentes. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas. La respuesta del canciller venezolano fue rechazar sus palabras por considerarlas injerencistas.

La posición del presidente merece respaldo. Reclamar garantías democráticas constituye una obligación política que debe sostenerse con independencia de las afinidades ideológicas. Su credibilidad depende de que los mismos principios se apliquen frente a cualquier gobierno.

La disposición a recuperar vínculos diplomáticos puede contribuir a ese propósito. Las relaciones entre Estados permiten mantener canales de negociación, realizar gestiones y acercar posiciones. Su utilidad dependerá de que el diálogo tenga objetivos claros y de que la voluntad de conversar conserve la firmeza necesaria para señalar la ausencia de garantías.

La respuesta venezolana lleva la discusión al terreno de la soberanía. Pero la soberanía popular exige que los ciudadanos puedan elegir sin coacciones, que la oposición tenga condiciones reales para competir y que los resultados puedan verificarse. Un gobierno que invoca la voluntad de su pueblo debe aceptar los mecanismos que permiten conocerla.

Por eso, la hoja de ruta mencionada por Orsi necesita contenido. Elecciones libres y transparentes requieren libertad de expresión, participación política, autoridades electorales confiables y controles efectivos. También exigen que quien ejerce el poder pueda perderlo y que exista la certeza de que respetará ese resultado. La posibilidad de alternancia es una condición esencial de la democracia.

Hasta allí, el debate refiere a las garantías que deben reclamarse para Venezuela. Sin embargo, la discusión también ofrece una oportunidad para examinar la relación de los uruguayos con sus propias instituciones.

El informe Latinobarómetro 2026 ubica el apoyo a la democracia en Uruguay en 64%, seis puntos menos que en 2024. El país mantiene una posición destacada en América Latina, pero ese retroceso merece atención. Una tradición democrática sólida constituye una fortaleza que cada generación tiene la responsabilidad de preservar.

Conviene precisar qué expresa ese dato. Apoyar la democracia, aprobar a un presidente y estar satisfecho con una gestión son cosas diferentes. Se puede cuestionar duramente a un gobierno y mantener una firme convicción democrática. Esa distinción permite discutir los problemas del país sin convertir cada crítica en un cuestionamiento al sistema ni cada defensa institucional en un respaldo al oficialismo.

La confianza ciudadana también se construye con resultados. La inseguridad, las dificultades de acceso a la salud, los problemas educativos y la falta de oportunidades ponen a prueba la capacidad de respuesta del Estado. Cuando las soluciones se postergan y la rendición de cuentas resulta insuficiente, se amplía la distancia entre quienes toman las decisiones y quienes afrontan sus consecuencias.

Esa distancia debe preocupar a todos los partidos. Representar exige escuchar, explicar prioridades, asumir responsabilidades y corregir decisiones. El voto otorga un mandato y abre un período durante el cual los gobernantes deben responder por su actuación.

A la vez, la exigencia de resultados debe preservar las herramientas que permiten reclamarlos. La libertad de prensa, la independencia judicial, el control parlamentario y la competencia política protegen a los ciudadanos frente a los abusos y les permiten sustituir a quienes fracasan. Su valor se vuelve especialmente visible cuando el poder pretende eludirlas.

Las palabras de Orsi ofrecen una oportunidad para sostener una posición coherente. Hacia Venezuela, reclamando garantías concretas para que su ciudadanía decida libremente. En Uruguay, atendiendo las señales de desgaste y fortaleciendo la relación entre las instituciones y la sociedad.

La democracia necesita gobiernos capaces de resolver problemas y ciudadanos con libertad para juzgar sus resultados. Esa libertad incluye el derecho a disentir, a exigir explicaciones y a cambiar de rumbo. Ningún gobierno puede arrogarse la representación de un pueblo si le impide ejercer esos derechos.



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