La demanda contra la Represa de Casupá
Viernes 24 de julio de 2026. Lectura: 5'
Por Darío Peña
La decisión del gobierno de licitar la represa de Casupá antes de completar el procedimiento de evaluación ambiental motivó una acción judicial que cuestiona su legalidad. El autor analiza los fundamentos jurídicos, ambientales e institucionales de esa iniciativa y advierte sobre los riesgos económicos y políticos de avanzar con una obra sin cumplir previamente todas las exigencias legales.
Nadie en su sano juicio discutiría la necesidad estratégica de asegurar el abastecimiento de agua potable para nuestro país. Sin embargo, en política y en la administración del Estado, el fin nunca puede justificar los medios, especialmente cuando esos medios amenazan nuestro patrimonio natural y exponen a las arcas públicas a riesgos millonarios.
En los últimos días, el Partido Independiente comenzó a promover una acción judicial para solicitar la suspensión de la licitación internacional del Proyecto Represa Casupá. Al mismo tiempo, convocó a otros partidos políticos, dirigentes y organizaciones de la sociedad civil a acompañar la iniciativa y presentar una demanda en conjunto.
Para comprender el problema, es necesario observar cómo funciona nuestro Estado de Derecho. Uno de los pilares del derecho ambiental es el principio de prevención. La normativa es clara al respecto: primero corresponde evaluar el impacto ambiental de una obra; luego, garantizar la participación ciudadana y, únicamente después de ello, resolver si el proyecto puede ejecutarse. Con Casupá está ocurriendo exactamente lo contrario.
El propio Estado clasificó la represa como un proyecto de categoría C, el nivel de mayor riesgo ambiental reservado para emprendimientos que pueden generar impactos negativos significativos. Esa clasificación obliga a realizar un estudio ambiental completo, obtener la Autorización Ambiental Previa y celebrar una Audiencia Pública. A pesar de ello, OSE decidió convocar una licitación pública internacional cuando el procedimiento ambiental todavía no ha concluido y sin que la ciudadanía haya podido participar.
Lo más preocupante es que todo indica que para el actual gobierno la evaluación ambiental nunca fue la prioridad. La prioridad fue sustituir el Proyecto Neptuno por Casupá. Apenas se anunció el cambio de rumbo, comenzaron las celebraciones de varios de los principales referentes ambientales del Frente Amplio. En ese momento no existían estudios de viabilidad actualizados, no se conocían los impactos ambientales del proyecto y tampoco había comenzado el proceso de evaluación correspondiente. Nadie podía afirmar seriamente que Casupá representara una mejor solución desde el punto de vista hídrico ni ambiental. Sin embargo, ya se festejaba la decisión. Resulta difícil interpretar esa reacción como una defensa del ambiente; más bien celebraron la victoria política, como si de fútbol se tratara.
El contraste con el gobierno anterior resulta evidente. Durante el proceso de evaluación del Proyecto Neptuno, el entonces ministro de Ambiente sostuvo públicamente que cualquier decisión dependería de las conclusiones de los estudios de impacto ambiental y del cumplimiento de las exigencias legales. Esa era la posición institucional del Ministerio de Ambiente. Hoy el mensaje es completamente diferente. El actual ministro, Edgardo Ortuño, fue uno de los principales impulsores de Casupá cuando integraba el Directorio de OSE y asumió la conducción del Ministerio con una postura ya definida a favor de esa obra. Es legítimo preguntarse si la evaluación ambiental será realmente un proceso técnico e independiente o simplemente la validación de una decisión política tomada con anticipación. Cuando quien debe controlar un proyecto ha sido uno de sus principales promotores, la exigencia de objetividad debería ser todavía mayor.
Existen razones de sobra para respaldar la demanda que procura suspender la licitación y las expropiaciones hasta que el proyecto cuente con la correspondiente Autorización Ambiental Previa.
La primera razón es el riesgo económico que asume el Estado. Una licitación internacional genera expectativas legítimas entre las empresas interesadas. Los consorcios invierten importantes recursos para elaborar estudios, conformar equipos técnicos y preparar sus ofertas. Si posteriormente el Ministerio de Ambiente exige modificaciones sustanciales o decide no otorgar la autorización correspondiente, el Estado uruguayo podría enfrentar reclamaciones económicas millonarias. En los hechos, se están comprometiendo recursos públicos antes de conocer si el proyecto cumple con todas las exigencias ambientales previstas por la ley.
También preocupa la magnitud del impacto ambiental que podría generar la obra. Los informes técnicos, entre ellos el elaborado por el ingeniero Luis Reolón y los que servirán de respaldo para la futura acción judicial, advierten que el embalse inundará aproximadamente 4.000 hectáreas productivas y provocará la pérdida irreversible de 426 hectáreas de monte nativo. A ello se suma un aspecto especialmente delicado. El tiempo de retención del agua sería aproximadamente ocho veces superior al de Paso Severino. Esa circunstancia, sumada a la concentración de nutrientes existente en la cuenca, incrementaría significativamente el riesgo de proliferación de cianobacterias. El país podría terminar destruyendo un ecosistema de enorme valor para almacenar agua, con serias dificultades para su potabilización.
También está comprometido un principio esencial de nuestra institucionalidad. El artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho de la sociedad civil a participar en la gestión de los recursos hídricos. Licitar una obra de esta magnitud antes de realizar la Audiencia Pública transforma esa participación en un trámite sin incidencia real sobre una decisión ya adoptada.
El Partido Colorado, históricamente identificado con la defensa de la legalidad, la institucionalidad y el Estado de Derecho, tiene razones para acompañar esta iniciativa. La demanda que se propone impulsar procura que el actual gobierno del Frente Amplio respete el procedimiento establecido por la ley. Una vez más, cabe preguntarse dónde está Ortuño.
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