Infortunadamente, el Frente Amplio ha perdido toda autonomía y está conducido por el PIT CNT, al cual, a su vez, jaquean grupos radicales que condicionan a dirigentes nacionales sin el peso histórico de Vázquez, Mujica o Astori. Éstos tenían márgenes de acción. Los actuales protocandidatos frentistas, Intendentes ellos, carecen totalmente de independencia para actuar. Se refugian en sus tareas y no influyen en asuntos políticos fundamentales que merecen respeto y consideración seria.

El caso de la marcha del 8 de marzo es concluyente. Este año el PIT CNT resolvió que la marcha era de ellos, que el homenaje era a la mujer trabajadora y que acompañarían nada menos que con un paro general de actividades.

Algunas activistas del feminismo radical se molestaron, porque veían como una suerte de expropiación de su tarea. Pero se callaron luego que la presión consiguiente se hizo sentir.

Mujeres feministas que no son frentistas se sintieron con razón avasalladas. Estaban obligadas a participar en un acto prácticamente opositor, paro incluido. ¿Qué podía hacer la señora Vicepresidente de la República que desde siempre hace parte de la famosa marcha?

Por supuesto, algunas respetables heroínas, que no se resignan a que una causa que las compromete de siempre se deforme y degrade, fueron igual a pasarla mal. Pero pudo ser peor.

Este Frente Amplio, progresivamente radicalizado, degrada todo lo que toca. Lo partidiza, lo parcializa, intenta confiscarlo en su beneficio. Es el caso de la mujer en nuestro país, cuyo progreso en la sociedad se identifica con la acción del Batllismo desde la primera presidencia de Don Pepe hasta nuestros últimos gobiernos. Los recién llegados al tema, los comunistas que cultivaron desde Marx, Lenin y Stalin, la misoginia más radical, ahora se visten con ropas que nunca calzaron. Desgraciadamente han sido hábiles y su invasión les ha resultado exitosa. Pero quieren llegar hasta el final. No les alcanza con predominar: también quieren echar a quienes no se alinean.

Lo mismo podemos decir de esa inverosímil Institución Nacional de Derechos Humanos, que desconoce la legalidad y atropella de modo totalitario la historia nacional. Es el caso clamoroso de declarar Sitio de la Memoria el lugar del choque en Salsipuedes del ejército nacional, conducido por el Presidente Rivera, con el apoyo de la unanimidad del Senado, con el último grupo de charrúas que aún asolaban la campaña. Sin mayor precisión, se habla de 40 indígenas muertos y 300 prisioneros, cifras que ya de por sí revelan que no hubo por lado alguno un intento "genocida", en que los números serían al revés. Fue un episodio en el largo choque de la sociedad hispano-criolla con la tribu charrúa, que comienza en 1702 con la batalla del Yí, en que el ejército guaraní comandado por los jesuitas le inflige la mayor derrota, declarándose unos 500 indígenas muertos. No es este el lugar para abundar en las razones para destacar la construcción fantasiosa de una inexistente "nación charrúa" de "indios de apartamento", dijera Daniel Vidart.

En todo caso, el Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP y la Comisión de Patrimonio, votaron en contra por considerar que una comisión destinada, por ley, a indagar sobre "la historia reciente" no tiene la menor competencia para laudar un debate histórico harto polémico sobre un episodio de 1831. O sea que se viola la ley y, con "ignorancia y mala fe" como decía Maiztegui, se inventa un genocidio inexistente. Es la pretensión de imponer una historia oficialista, tal cual hizo el comunismo en la fenecida URSS y el kirchnerismo en nuestra hermana Argentina.

Como si todo esto no fuera poco, ahora sale, a dos semanas de un referéndum, a impugnar la ley. Una institución del Estado se arroga el derecho de cuestionar una ley sancionada conforme a la Constitución. Y lo hace en medio de un debate político, con una intención que se desnuda en toda su crudeza por la oportunidad. Intentan incidir en la definición popular, haciéndose eco de la machacona prédica de los partidarios de derogar la ley.

Condenan que la ley presuma que, salvo prueba en contrario, el policía actúa conforme a la ley. Debió existir siempre la norma y extenderse a otros funcionarios del Estado, sea un inspector de tránsito o de las oficinas impositivas. La otra impugnación es a que la ley aumenta el plazo de detención antes de dar cuenta al fiscal, de 2 a 4 horas. ¿Es tan grave? ¿No piensan que es un plazo más que razonable para la actuación policial inicial? Todo plazo es convencional, no hay ciencia exacta, pero nadie en su sano juicio puede imaginar que esto es abrir el camino a la tortura en un país absolutamente democrático, donde hasta la prensa realiza un constante contralor de la acción del Estado.

Realmente es una abierta intromisión en la campaña del referéndum. Los argumentos son groseros. Parten de una acusación inverosímil de la Asociación de Defensores de Oficio que denunciaron a la Justicia un centenar de posibles abusos, sin que ningún juez les haya hecho caso. En una palabra, nada serio, o sea trampa, construcción difamatoria, intento de demonizar a la policía cuando comienza a revertir la curva de los delitos.

Volvemos al principio: el Frente Amplio está degradando las causas más sagradas. Todo lo deforma. Los excesos en la marcha feminista abonan la causa contraria. La Institución de Derechos Humanos, aunque le duela oírlo, está ayudando a los delincuentes. Son los que festejarían la derogación de la ley.