Si hay algo que se reconoce con generalidad, en nuestra América Latina, es la credibilidad del Uruguay, asentada en su seguridad jurídica, estabilidad política y cumplimiento de sus obligaciones.

Esto viene de atrás, desde la historia, y ratificado en la crisis del 2002, cuando el Uruguay evitó el default en que había caído Argentina y reafirmó el crédito del país. Ello hoy tiene el reconocimiento de todo el espectro político, comenzando por el Contador Danilo Astori, que así lo dijo en la presentación del libro de Carlos Sténeri sobre el tema.

El acceso del Frente Amplio al poder, con corrientes marxistas en su interior e históricas propuestas populistas, ponía una nota de duda. El eslogan de "no pagar la deuda externa", como el de "No al Fondo Monetario Internacional" o "no a las AFAPS", más la cadena de nacionalizaciones propuestas, habían llegado hasta entonces. El gobierno del Dr. Vázquez, en 2005, con Astori Ministro de Economía, aventó todos los temores. Ya en la campaña electoral, ambos fueron a Washington y en la puerta del mismísimo Fondo Monetario Internacional hicieron declaraciones tranquilizadoras, que naturalmente consolidaron luego en el ejercicio del gobierno.

En los 15 años en que gobernó, el Frente administró la deuda externa, atendió sus compromisos internacionales, respetó a las AFAPS y en términos generales se mantuvo dentro del clima tradicional de legalidad. Por supuesto discrepamos con su Administración, especialmente con despilfarros en aventuras antieconómicas o en la ley de 2008 que comprometió a la Seguridad Social. Sin embargo, reconocemos sin reticencias que aquella actitud contribuyó a esa credibilidad que es fundamental para la vida económica y social del país.

Con orgullo, he compartido con mis colegas ex Presidentes Mujica y Lacalle Herrera numerosas reuniones internacionales en que hemos promocionado ese valor de confianza, con un reconocimiento general.

Ese valor intangible es el que le permite hoy a nuestra República mantener su nivel de vida, por inversiones internacionales y nacionales, que sostienen el empleo. Sin ir más lejos, los dos productos principales de exportación del país, la celulosa y la carne, provienen de industrias en que la amplia mayoría es inversión extranjera. La industria de la construcción que hoy tiene 56 mil trabajadores afiliados al BPS y moviliza 250 mil en el país, se sostiene por la financiación que aportan las AFAPS (con el ahorro de los uruguayos) y una fuerte inversión argentina. Se estima en 2.315 millones de dólares la financiación otorgada a la construcción de obras de vialidad, viviendas, parte del ferrocarril y del plan de saneamiento. Son 30.660 puestos de trabajo.

Todo esto se puede perder en un día. Si el 27 de octubre, el PIT-CNT, con el apoyo del Frente Amplio, deroga la ley de seguridad social y confiscan los fondos de las AFAPS, el Uruguay de la credibilidad se derrumba. Esa misma noche, el país entra en un cono de sombra de nefastas consecuencias para su estabilidad.

Hay que entender que las AFAPS son empresas de derecho privado, que administran los aportes de 1 millón 558 mil personas. Son 22 mil millones de dólares. Propiedad de esos afiliados que tiene el sistema. Como se sabe, estas cuentas son propiedad de cada trabajador, integrando incluso su haber sucesorio. O sea que tomar ese fondo y pasarlo al BPS, por más fideicomiso que sea, es directamente una confiscación de dinero privado. No es expropiación porque ésta, según la Constitución, supone el pago de una "justa y previa indemnización". Se disolverían las AFAPS y todo pasaría al Estado.

Antes de discutir sobre el sistema de seguridad social en sí, hay que entender esto, que a nuestro juicio es tanto o más importante, porque no es algo que va a ir ocurriendo en el correr de los años sino un impacto fulminante. Esa misma noche el Uruguay hiere de muerte su credibilidad. Por el irrespeto a una ley que funciona hace tres décadas. Por la confiscación. Por el cambio fundamental en las reglas de juego. Amén de que a mediano plazo se desfinancia el sistema de seguridad social y a corto plazo pierde todo el crédito que ha ganado con el esfuerzo de tantos años.

Entramos en el camino que Argentina emprendió desde su default y de la disolución de sus AFAPS en 2008.

No estamos discutiendo la derogación de una ley. Estamos discutiendo si el Uruguay creíble y confiable va a sobrevivir. Si los tres ex Presidentes podemos seguir hablando de credibilidad ante el mundo o nos tendremos que esconder.