Correo de los Viernes - La continuidad del Estado y el caso Cardama

La continuidad del Estado y el caso Cardama

Viernes 20 de febrero de 2026. Lectura: 3'

La rescisión del contrato con Cardama expone algo más profundo que un conflicto técnico: revela la fragilidad de la continuidad institucional cuando el cambio de gobierno convierte decisiones de Estado en trincheras partidarias, dejando al país ante costos económicos, litigios inciertos y una señal preocupante hacia el exterior.

Cada gobierno que asume lo hace sobre una estructura en movimiento. El Estado no empieza de cero con cada cambio de signo político. Hay contratos firmados, procesos administrativos en curso, obligaciones internacionales asumidas y decisiones que, acertadas o no, ya han generado efectos jurídicos y económicos. Esa es la naturaleza misma de la institucionalidad: continuidad dentro del cambio.

Cuando hay alternancia en el poder, surge inevitablemente la tentación de revisar lo actuado por el gobierno anterior. Es legítimo examinar, auditar y, si corresponde, corregir. Lo que no resulta prudente es confundir la necesaria supervisión con la demolición automática de lo heredado. Allí aparece el riesgo del revisionismo: convertir una política pública en un campo de batalla partidario.

El caso Cardama encarna con claridad ese dilema. El país necesita capacidades navales acordes a sus responsabilidades marítimas. Esa necesidad estratégica no depende del color político del gobierno de turno. Sin embargo, el contrato celebrado con el astillero español quedó rápidamente atrapado en una lógica de confrontación.

Es cierto que surgieron objeciones relevantes sobre las garantías ofrecidas por el proveedor. Es razonable exigir seguridad jurídica y financiera en operaciones de esta magnitud. Pero entre advertir defectos y optar de inmediato por la rescisión hay un trecho considerable. En contratos complejos, lo habitual es abrir instancias de negociación, exigir rectificaciones, fortalecer garantías y preservar, en la medida de lo posible, el interés nacional comprometido.

La decisión de cancelar el contrato, sin haber agotado públicamente todas las vías de reconducción, expone al Estado a riesgos significativos. No sólo está en juego el dinero ya desembolsado, sino la eventualidad de un litigio internacional prolongado, con costos económicos y reputacionales difíciles de calcular. Los arbitrajes de esta naturaleza rara vez se resuelven en plazos breves y casi nunca sin consecuencias.

A ello se suma el espectáculo político. Investigaciones cruzadas, acusaciones altisonantes y un clima de sospecha permanente no contribuyen a resolver el problema de fondo: la ausencia de los medios que el país necesita. El Parlamento tiene derecho a indagar, pero cuando la discusión se transforma en un intercambio de reproches partidarios, el debate pierde altura institucional.

El Estado no puede comportarse como si cada cambio de gobierno habilitara a desandar lo ya recorrido simplemente por razones de identidad política. La continuidad no implica convalidar errores; implica administrarlos con realismo. Si el contrato era defectuoso, correspondía corregirlo; si era inviable, demostrarlo con fundamentos sólidos y asumir con claridad los costos de la decisión.

El riesgo mayor no es sólo económico. Es institucional. Si cada administración revisa estructuralmente lo actuado por la anterior, la señal hacia el exterior es de inestabilidad. Y en un mundo donde la credibilidad es un activo estratégico, esa percepción pesa tanto como cualquier cláusula contractual.

El país necesita soluciones, no relatos. Necesita capacidades operativas efectivas, no controversias interminables. La política democrática exige control y transparencia, pero también prudencia y sentido de Estado. Cuando el revisionismo sustituye al pragmatismo, los problemas no se resuelven: se heredan amplificados.

La cuestión no es defender a un proveedor ni justificar decisiones pasadas. Es entender que la continuidad institucional es un valor en sí mismo. Sin ella, cada gobierno gobernará para deshacer y el Estado quedará atrapado en un ciclo de permanente recomienzo. Y en ese círculo vicioso, los costos —como siempre— terminarán siendo públicos