La comunicación política
Viernes 8 de mayo de 2026. Lectura: 4'
Por Alfredo Menini
En la era digital, donde las redes sociales imponen velocidad y superficialidad, la comunicación política enfrenta su mayor desafío: recuperar la responsabilidad en un ecosistema dominado por la inmediatez, la manipulación y la ausencia de límites claros.
Se está llevando a cabo la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que tiene por objeto analizar la comunicación en campañas electorales, así como durante la gestión de los gobiernos.
El Capítulo Uruguay ya se llevó a cabo, destacándose especialmente la participación de dos expresidentes de la República, el Dr. Julio Ma. Sanguinetti y el Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera, dos políticos de raza a quienes les tocó la responsabilidad de gobernar en épocas en las que la comunicación política era absolutamente otra, dado que gobernaron en un contexto social absolutamente diferente al actual.
Desde hace unos años, desde la inserción de las redes sociales, los teléfonos celulares inteligentes y el streaming, se vive a impulsos de un mercado que funciona “online”, y así se generó una forma de vivir que conduce a que se diseñen nuevas estrategias de venta para cualquier producto que se pretenda sea adquirido por el consumidor, trasladándose eso, por supuesto, también a la comunicación política, ya sea con el propósito de captar votos como para informar y comunicar logros de una gestión de gobierno.
Esa realidad insoslayable conlleva a que las redes sociales, así como la transmisión de datos en tiempo real, sean el motor de la comunicación, y allí es donde el sentido de la responsabilidad debe prevalecer en todos aquellos que saben que tienen la posibilidad de incidir en la opinión de los ciudadanos, en especial en los gobernantes, ya que el ciudadano que se propone teclear detrás de una pantalla está influenciado, sin duda, por quienes asumen la difícil misión de representarlos, con todo lo que eso conlleva.
Antes de que llegara la globalización, el empresariado se preparaba para vender convencido de las bondades del producto que había concebido y, a partir de esa idea, salía al mercado a ofrecerlo; a veces lograba la aceptación del consumidor y otras no, pero el sistema estaba diseñado de tal forma que, si ese producto no le daba el resultado esperado, volvía a pensar cuál sería el siguiente a ofrecer en base a su convicción. Pues bien, eso ha cambiado sustancialmente, porque ese potencial cliente hoy tiene un acceso ilimitado a la información que obliga a que quien le quiera vender algo deba prestar atención a lo que el mercado le demuestra que está demandando.
En política pasa lo mismo: los gobernantes y quienes pretenden captar el voto de la ciudadanía hoy tienen una platea multitudinaria por múltiples medios de comunicación, herramientas fantásticas sin duda para quienes estamos convencidos de la importancia de la libre expresión, pero también armas letales para que especuladores y manipuladores de la opinión pública, detrás de un teclado —muchas veces en forma anónima y con perfiles falsos—, conduzcan a que la comunidad se exprese en forma irreflexiva y sin conocimiento acabado de los temas.
Esta es una realidad que está presente y, a partir de la misma, es necesario actuar, ya que ese manejo espurio no abarca solo la acción política en sí, sino que va mucho más allá, llegando a incidir negativamente en personas vulnerables.
Es una temática a abordar de forma urgente, y para ello el sistema político es el primero que debe tomar la bandera, pero lamentablemente los ejemplos son muy poco auspiciosos. Todos los días leemos y/o escuchamos a presidentes escribiendo en redes cualquier barbaridad, en forma irresponsable, insultando sin medir consecuencias, haciendo publicidad de compra de criptomonedas que terminaron arrastrando a que mucha gente perdiera cientos de miles de dólares, y así tantos otros casos que se dan a partir del accionar de gobernantes que teclean o hacen teclear sin un mínimo sentido de la responsabilidad.
¿Qué herramienta existe para detener ese proceder irresponsable? Sin duda, una regulación acorde, tarea por cierto difícil pero imprescindible.
Así, en días pasados, en la Cámara de Diputados de Argentina, el presidente de la misma le indicó a un legislador que las formas parlamentarias exigen dirigirse con respeto y de usted a los funcionarios. También deberían ponerse límites y tener consecuencias para quienes se expresan difamando, mintiendo, haciendo uso y abuso de las múltiples posibilidades que hoy existen para expresarse; no alcanza con que las plataformas bloqueen. Personalmente, envié varias veces mensajes denunciando cómo se difamaba a una persona íntegra; jamás recibí respuesta y quien difamaba cada tanto continúa haciéndolo libremente. Por lo tanto, es tiempo de que se trabaje en pos de una legislación que ponga límites, ya que empresas a las que solamente les interesa el lucro jamás lo harán.
Uruguay ha sido una república pionera en materia de legislación social; también podemos serlo en esta tan delicada temática. Se puede: solo es cuestión de que el sistema político mire más allá, sin importar las banderas partidarias, y haga este aporte a la sociedad.
Soy consciente de que es una realidad mundial, pero el no ser una potencia no es motivo para resignarse, ya que, en definitiva, es una obligación la que tenemos de demostrar al mundo que algo diferente, y para bien, también en este tema, podemos hacer.
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