Correo de los Viernes - La competitividad es responsabilidad de todos

La competitividad es responsabilidad de todos

Edición Nº 1101 - Viernes 9 de octubre de 2026. Lectura: 4'

La polémica en torno al proyecto de ley de competitividad ha puesto de manifiesto las dificultades para reducir los costos de la economía uruguaya. El sector privado debe aceptar una mayor competencia y revisar sus propias prácticas, pero el Estado tampoco puede eludir su responsabilidad en materia de presión fiscal, gasto público y déficit.

El proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, impulsado por el gobierno y actualmente a estudio de la Cámara de Representantes, ha provocado una controversia entre el equipo económico y distintos sectores empresariales. Aunque existe un acuerdo bastante extendido sobre la necesidad de abaratar los costos de nuestra economía, las diferencias aparecen cuando se discuten las medidas concretas para conseguirlo.

La iniciativa contiene disposiciones destinadas a simplificar trámites, reducir obstáculos burocráticos, facilitar el comercio exterior y promover una mayor competencia. Son objetivos razonables en un país donde las regulaciones excesivas, la lentitud administrativa y los costos de funcionamiento constituyen obstáculos conocidos para la actividad económica.

El principal enfrentamiento se ha producido alrededor del artículo 140, que facilita la participación de nuevos importadores de productos sujetos a registros técnicos o sanitarios. El propósito es evitar que determinados procedimientos administrativos terminen otorgando, en los hechos, una posición de exclusividad a quienes primero introducen un producto en el mercado.

La Cámara de Industrias ha reclamado la eliminación o separación de esa disposición, advirtiendo sobre sus posibles consecuencias para la producción nacional, particularmente frente a mercaderías provenientes de países vecinos. También se han planteado preocupaciones vinculadas con los controles sanitarios y las condiciones de competencia.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, respondió con firmeza. Sostuvo que algunas empresas se benefician actualmente de rentas monopólicas y cuestionó que se reclame una economía más abierta y barata mientras se resisten medidas destinadas precisamente a incrementar la competencia. El subsecretario Martín Vallcorba, por su parte, defendió el artículo como una pieza central de la propuesta gubernamental.

La discusión tiene además otra dimensión: el proyecto contempla modificaciones institucionales en materia de defensa de la competencia, que han generado reparos parlamentarios acerca de las atribuciones y los controles del organismo encargado de aplicarlas.

Es evidente que el sector privado tiene responsabilidades que asumir. No resulta coherente reclamar permanentemente mejores condiciones de competitividad y, al mismo tiempo, pretender la conservación indefinida de protecciones regulatorias que restringen el ingreso de competidores. La apertura, la innovación, la productividad y la eficiencia deben formar parte de una estrategia empresarial orientada al crecimiento.

Pero también sería un error reducir el problema de la competitividad uruguaya a las conductas del sector privado.

El Estado tiene una responsabilidad igualmente importante, que no puede quedar relegada. La presión fiscal, los costos energéticos, las cargas que pesan sobre la producción y el empleo, y las ineficiencias del aparato público inciden directamente sobre la capacidad de las empresas para competir, invertir y generar puestos de trabajo.

A ello se agrega el problema del déficit fiscal. Su corrección requiere una política sostenida de disciplina presupuestal, revisión del gasto y mejora de la eficiencia estatal. No alcanza con procurar mayores ingresos tributarios: también es necesario examinar cómo se utilizan los recursos que aportan los contribuyentes y qué resultados obtiene la sociedad a cambio.

La Federación Rural, por ejemplo, ha respaldado la orientación general del proyecto, pero advirtió que deja sin resolver cuestiones fundamentales, entre ellas los costos de la energía, la carga tributaria, las relaciones laborales y los problemas cambiarios. Son observaciones que merecen consideración y que exceden largamente la controversia sobre los importadores.

Una política de competitividad verdaderamente integral debe actuar sobre ambos lados de la ecuación. Debe promover mercados abiertos, impedir privilegios injustificados y estimular la eficiencia empresarial, pero también avanzar hacia un Estado menos costoso, más ágil y fiscalmente responsable.

La controversia actual puede ser una oportunidad para discutir estas cuestiones sin simplificaciones. Ni todas las dificultades de la economía uruguaya son consecuencia de las regulaciones estatales ni todos sus problemas se explican por la conducta de los empresarios.

Uruguay necesita más inversión, más productividad y mejores condiciones para competir. Alcanzarlas exige responsabilidades compartidas. Y el esfuerzo que se reclama al sector privado debe tener su contrapartida en una revisión seria de los costos y las obligaciones del propio Estado.