Edición Nº 1107 - Viernes 20 de noviembre de 2026

La UTEC tiene las prioridades invertidas

Edición Nº 1107 - Viernes 20 de noviembre de 2026. Lectura: 5'

Por Santiago Torres

Dos profesores prepararon una clase virtual para ayudar a sus alumnos a corregir errores y mejorar sus trabajos. No se presentó ninguno. Cuando los docentes expresaron su indignación en una conversación que creían reservada, fueron grabados y expuestos públicamente. El Consejo Directivo Central de la UTEC reaccionó con sumarios y suspensiones preventivas. Una respuesta que revela una preocupante inversión de las prioridades universitarias.

El episodio protagonizado por dos docentes de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) debería provocar indignación. Pero no precisamente por las razones que invocó el Consejo Directivo Central al disponer que fueran sumariados y suspendidos preventivamente de sus funciones.

Tengo claro que esta posición no me hará popular en ciertos ámbitos, particularmente entre quienes parecen empeñados en tratar a estudiantes universitarios, adultos y responsables de sus actos, como si fueran párvulos de una guardería infantil. Francamente, no es una popularidad que me interese conquistar.

Aclaro, también, que no conozco personalmente a ninguno de los dos docentes; hasta este episodio, ni siquiera sabía sus nombres. Desconozco sus trayectorias académicas, sus ideas y sus afinidades. Mi defensa no responde, pues, a vínculos personales de ninguna naturaleza, sino exclusivamente a una cuestión de principios.

Y ahora a los hechos, que ya todo el mundo conoce.

Dos profesores de la Licenciatura en Tecnologías de la Información habían convocado a sus estudiantes a una clase virtual destinada a explicar errores, responder consultas y ayudarlos a mejorar trabajos académicos cuyo nivel consideraban insatisfactorio. La profesora había preparado especialmente material para esa instancia y, según explicó, ya había dedicado largas horas a corregir las entregas, formulando observaciones detalladas para que sus autores pudieran subsanar las deficiencias.

¿Y qué ocurrió? No se presentó un solo alumno. Ni uno.

Frente a semejante demostración de desinterés —al menos, eso es lo que razonablemente podían interpretar los docentes—, ambos expresaron su frustración conversando entre sí. Utilizaron expresiones duras, incluso groseras, y formularon juicios severos sobre el desempeño académico de sus estudiantes. No estaban dictando una clase, ni pronunciando un discurso público, ni dirigiéndose a los alumnos. Hablaban entre colegas, suponiendo que su conversación era reservada.

Sin embargo, la plataforma había continuado grabando. El registro terminó circulando públicamente y desató un escándalo que ya trascendió fronteras.

La reacción de las autoridades universitarias fue fulminante. El Consejo Directivo Central repudió las expresiones y dispuso sumarios administrativos y la suspensión preventiva de ambos profesores. Todo ello en nombre del respeto, el buen trato y el bienestar estudiantil.

Los docentes son, en puridad, las víctimas de este episodio. En primer lugar, de la desidia estudiantil, que dejó sin un solo asistente una clase preparada para ayudarlos. En segundo lugar, de una infidencia que convirtió una conversación informal que creían privada en un escándalo público (¿nadie va a investigar el origen de esa filtración y quiénes fueron responsables de difundirla?). Y, finalmente, del celo disciplinario de un Consejo Directivo Central que parece tener las prioridades completamente invertidas.

Porque cabe preguntarse: ¿dónde estuvo la preocupación institucional por la ausencia absoluta de los estudiantes? ¿No merece siquiera una reflexión que nadie haya considerado necesario participar de una instancia especialmente organizada para mejorar su aprendizaje? ¿No debería inquietar a las autoridades el bajo rendimiento académico que denunciaban los profesores?

Por supuesto, los estudiantes tienen derecho a ser tratados con respeto y a recibir evaluaciones objetivas. Nadie discute semejantes principios. Pero también tienen obligaciones. Una universidad no es una guardería para adultos ni una institución destinada a distribuir títulos sin esfuerzo. Es un ámbito de estudio, exigencia, responsabilidad y formación intelectual.

Y los docentes no son servidores encargados de satisfacer permanentemente las susceptibilidades de sus alumnos. Son profesionales que deben enseñar, orientar, corregir y evaluar. También tienen derecho a frustrarse cuando su esfuerzo parece caer en saco roto y, desde luego, a expresar privadamente esa frustración, aun cuando lo hagan con palabras que no elegirían para una comunicación pública.

¿Fueron groseros? Sí. ¿Emplearon expresiones desafortunadas? También. Pero una cosa es cuestionar el vocabulario de una conversación entre colegas y otra muy distinta es convertirla en un acontecimiento disciplinario que termina con dos profesores apartados de sus funciones.

No hay, hasta donde se conoce, prueba alguna de que hubieran adulterado calificaciones, negado injustamente una aprobación o aplicado represalias académicas. Una expresión de enojo no equivale a una resolución arbitraria. Confundir ambas cosas supone desconocer la distancia que existe entre las palabras pronunciadas en un momento de frustración y los actos efectivos de un docente.

En un programa televisivo de Infobae, la periodista argentina Cecilia Boufflet, que defendió a los profesores, resumió el problema con una advertencia: «No nos quejemos después de la “generación de cristal”».

La frase apunta a una cuestión que trasciende largamente este episodio. ¿Qué clase de profesionales estamos formando si la exigencia académica termina subordinada a la necesidad de evitar cualquier disgusto? ¿Cómo se prepara a un joven para afrontar las responsabilidades de la vida profesional si la institución parece más preocupada por protegerlo de comentarios desagradables que por exigirle compromiso con su formación?

Nada de esto significa que los docentes estén exentos de responsabilidades o que cualquier conducta deba tolerarse. Significa, sencillamente, que las autoridades deben distinguir lo sustancial de lo accesorio y actuar con sentido de la proporción.

La UTEC tiene sobrados motivos para preocuparse por el rendimiento académico de sus estudiantes, por su participación en las actividades educativas y por la calidad de la formación que reciben. También debería estar preocupada por el mensaje que transmite a su cuerpo docente cuando dos profesores que dedicaron tiempo a ayudar a sus alumnos terminan suspendidos por manifestar entre ellos su hartazgo ante la falta de respuesta.

Mi solidaridad está con esos dos docentes. No porque comparta necesariamente cada palabra que pronunciaron, sino porque entiendo que la libertad de expresión, la autoridad académica y el derecho a exigir responsabilidad a los estudiantes merecen una defensa mucho más firme.

El Consejo Directivo Central todavía está a tiempo de revisar la suspensión preventiva y encauzar el episodio con sensatez, respetando las garantías de todos los involucrados.

Porque, al fin y al cabo, lo verdaderamente preocupante no es que dos profesores hayan perdido la paciencia. Es que una universidad parezca haber perdido de vista sus prioridades.



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