La Rendición de Cuentas: ordenar la casa antes de prometer crecimiento
Viernes 3 de julio de 2026. Lectura: 6'
Por Elena Grauert
La Rendición de Cuentas deja en evidencia que el verdadero desafío económico de Uruguay no es crear nuevos impuestos ni aumentar el gasto, sino recuperar la competitividad y ordenar las cuentas públicas. Sin disciplina fiscal, reducción del gasto improductivo y un marco que incentive la inversión, cualquier promesa de crecimiento sostenible corre el riesgo de convertirse en una ilusión difícil de financiar.
En el marco de la primera Rendición de Cuentas de este gobierno, el déficit fiscal y la pérdida de competitividad aparecen como dos de los grandes problemas de la economía uruguaya. Un déficit descuidado y voluntarista nos obliga a preguntarnos si la verdadera solución para generar crecimiento y empleo no pasa, antes que nada, por poner los incentivos donde corresponde y dejar de aumentar el gasto. Porque, más temprano que tarde, llega el día en que ya no se puede pagar más.
Ignacio Munyo, en la conferencia "La dura realidad. Datos, análisis y perspectiva", advirtió que los costos de producción crecieron mucho más que los ingresos asociados a las inversiones productivas. Mientras esos ingresos aumentaron algo más de una vez y media, los costos casi se triplicaron. Ese desfasaje deteriora la opción de invertir en Uruguay frente a alternativas más atractivas y menos riesgosas. A su vez, la relación inversión-PIB sigue por debajo del 16%, lejos del 20% que se considera necesario para sostener mayores niveles de crecimiento. La inversión extranjera directa también continúa demasiado baja respecto de otros países de la región.
Casi al mismo tiempo, en Chile se discutía el Plan de Reconstrucción Nacional de José Antonio Kast, que propone reducir gradualmente el impuesto a las utilidades corporativas del 27% al 23%, con el objetivo de atraer capital, estimular la inversión y favorecer la instalación de empresas. La propuesta recibió apoyos y críticas legítimas. El Consejo Fiscal Autónomo de Chile advirtió que podría afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas si los mayores ingresos proyectados por crecimiento no se concretan.
La discusión chilena sirve para mirar nuestro propio problema. No existe consenso absoluto sobre el impacto de bajar el impuesto corporativo en el crecimiento. La OCDE ha señalado que la inversión empresarial tiende a estar negativamente correlacionada con la carga tributaria corporativa: a mayor impuesto, menor inversión en términos estadísticos. Pero eso no significa que una rebaja tributaria, por sí sola, dispare el crecimiento, baje los precios o genere empleo.
Por eso, cualquier beneficio fiscal debe ir acompañado de confianza, previsibilidad y responsabilidad. Si el gasto público no se mira con seriedad, una baja de impuestos puede terminar favoreciendo únicamente a los empresarios, sin traducirse necesariamente en más inversión o más trabajo. Andrea Repetto calificó la propuesta chilena como "cara, con costos claros y beneficios inciertos", y otros expertos señalaron que comparar países mirando solo la tasa legal del impuesto es metodológicamente débil. La tasa corporativa es apenas una parte del sistema tributario.
Uruguay tiene un antecedente importante en materia de incentivos: el régimen de zonas francas, regulado por la Ley N.º 15.921. Allí el Estado resigna recaudación sobre actividades que, sin ese incentivo, probablemente no se hubieran instalado en el país. No es lo mismo que una rebaja universal, que también beneficia a empresas que quizá no cambien su conducta inversora. Ambos sistemas tienen críticas, pero lo claro es que Uruguay necesita revisar su estructura tributaria, fiscal y parafiscal si quiere atraer inversión y crecer.
También hay países que aplicaron rebajas globales y tuvieron éxito. Irlanda, por ejemplo, con una tasa corporativa de 12,5%, atrajo a multinacionales como Google, Apple y Meta. Pero su situación geopolítica es distinta: Irlanda funciona como puerta de entrada a la Unión Europea. Algo similar ocurre con Estonia o Hungría. Los modelos no se copian mecánicamente. Bajar impuestos puede ser importante, pero requiere una transición y una política integral. No alcanza con bajar impuestos; primero hay que bajar el déficit y ordenar la casa.
La economía estatal no es tan distinta de la economía doméstica. Cuando una familia tiene dificultades, primero deja de gastar en lo superfluo. Luego analiza cómo mejorar los ingresos, pero la realidad manda. Con el Estado sucede lo mismo. Hay gastos sustanciales y gastos innecesarios. En cada organismo podrían introducirse cambios sin afectar lo verdaderamente necesario. Además, se trata de un tema ético: los recursos públicos deben administrarse eficientemente, porque surgen del esfuerzo de toda la sociedad.
Munyo también señaló la existencia de regulaciones excesivas, altos costos laborales, duplicación de controles y un peso creciente del Estado sobre la actividad productiva. Desde CERES se presentaron más de 300 normas por modificar para simplificar el marco regulatorio, pero no se han implementado cambios sustanciales. Mientras tanto, se promueven iniciativas que encarecen la contratación o aumentan la incertidumbre. Así no se crea empleo; se lo desalienta.
No hay nada nuevo bajo el sol. El gran desafío de Uruguay es bajar el gasto. Si lo hace, podrá bajar más impuestos y otorgar incentivos a la inversión con verdadera certeza. Para eso también se necesita responsabilidad desde la sociedad civil. Si realmente queremos combatir la pobreza, y especialmente la pobreza infantil, debemos ser conscientes de que cada reclamo que implica más gasto exige recursos que, si se administran mal, se pierden y perjudican a todos.
Se necesita conciencia, no voluntarismo. Pedir el 6% para la educación, cuando se sabe que es imposible, no resuelve el problema. Los paros, en ese contexto, reflejan falta de responsabilidad. El deber actual es hacer más con menos, y eso es posible. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Trabajo: su responsabilidad debería ser ayudar a crear empleo, no a destruirlo. Promover la reducción de la jornada laboral sin aumento de productividad, en plena crisis de empleo, fomenta la inestabilidad y castiga especialmente a los pequeños y medianos empresarios.
Tampoco faltan ejemplos de gastos que ya no resisten análisis. El pórtland de ANCAP pierde aproximadamente 30 millones de dólares al año, unos 840 millones desde el año 2000. AFE es otro caso elocuente: 349 funcionarios, un subsidio estatal que en 2023 superó los 605 millones de pesos, resultados negativos durante décadas y una actividad cada vez más reducida. En carga pasó de 13 clientes a 2, y en pasajeros mantiene apenas el servicio Rivera-Tacuarembó dos veces por semana.
La Emergencia Ferroviaria decretada en junio de 2024, y prorrogada hasta 2028, reconoce implícitamente que el organismo no funciona en condiciones normales. La discusión no es ideológica: el ferrocarril puede tener un rol estratégico, especialmente con el Ferrocarril Central vinculado a UPM. Pero esa función debe canalizarse mediante estructuras eficientes y acotadas, no a través de un ente sobredimensionado que consume recursos públicos sin brindar servicios acordes a lo que cuesta.
Si Uruguay quiere bajar impuestos, atraer inversión y combatir la pobreza con seriedad, el punto de partida debe ser ordenar la casa con responsabilidad, con datos y sin voluntarismo.
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