Correo de los Viernes - La Moncloa bajo sospecha

La Moncloa bajo sospecha

Viernes 20 de febrero de 2026. Lectura: 4'

Las conversaciones reveladas del caso Koldo apuntan a una presunta red de influencias que habría operado en beneficio de intereses privados. Pedro Sánchez y Begoña Gómez quedan en el centro de una tormenta que erosiona la legitimidad del gobierno.

La difusión de los mensajes de WhatsApp contenidos en el teléfono móvil de Koldo García —exasesor del exministro José Luis Ábalos— ha añadido una nueva dimensión política al ya complejo caso que rodea al gobierno de Pedro Sánchez. Lo que hasta ahora era una investigación judicial centrada en contratos públicos y presuntas comisiones irregulares ha adquirido un alcance mayor: la posible existencia de una red de tráfico de influencias que, según la oposición, habría operado en la órbita de La Moncloa y que rozaría directamente al presidente del gobierno y a su entorno más cercano.

Según las informaciones publicadas por diversos medios, los mensajes revelarían gestiones, presiones y contactos relacionados con el rescate de Air Europa durante la pandemia y con otros movimientos empresariales en los que determinados actores privados buscaban interlocución política al más alto nivel. En particular, El Español informó que Sánchez habría presionado a Ábalos por el incumplimiento de compromisos por parte de los propietarios de la aerolínea, en el contexto de la operación de rescate aprobada por el gobierno. La cuestión central no es la existencia del rescate en sí —que fue una decisión pública formalizada— sino el modo en que determinadas comunicaciones privadas podrían evidenciar una interlocución privilegiada y gestiones paralelas.

Infobae, por su parte, recogió declaraciones del Partido Popular en las que se sostiene que los mensajes “apuntarían a una red de influencias gestada desde Moncloa”. La oposición interpreta que los intercambios no muestran simples conversaciones políticas, sino una dinámica de intermediación que podría desdibujar la frontera entre gestión institucional y tráfico de influencias.

Uno de los elementos más delicados es la eventual implicación indirecta de Begoña Gómez, esposa del presidente. Algunos mensajes y declaraciones públicas apuntan a que determinadas gestiones vinculadas a proyectos empresariales o institucionales podrían haber contado con conocimiento o interlocución en su entorno. Medios como Artículo 14 han subrayado la “línea roja entre influencia y corrupción”, destacando que el problema político no reside solo en la ilegalidad —que deberá determinar la Justicia— sino en la apariencia de utilización de posiciones de poder para facilitar intereses privados.

El concepto jurídico de tráfico de influencias implica aprovechar una posición pública o una relación con autoridad para obtener un beneficio o favorecer intereses particulares. Los mensajes conocidos, según la lectura crítica de la oposición, reflejarían intentos de mediación y presión que, aunque no prueban por sí mismos delito, sí configuran un cuadro de proximidad entre poder político y determinados intereses empresariales.

Desde el gobierno se insiste en que no existe ilegalidad alguna y que las decisiones adoptadas —como el rescate de Air Europa— se enmarcaron en instrumentos públicos de apoyo a empresas estratégicas durante la pandemia. Sin embargo, el daño político no depende exclusivamente de la tipificación penal. La sucesión de revelaciones alimenta la percepción de opacidad y erosiona el relato de ejemplaridad que el Ejecutivo ha intentado sostener.

Políticamente, la situación deja a Sánchez en una posición defensiva. No solo por el contenido concreto de los mensajes, sino porque el caso se suma a otras controversias que han tensionado la legislatura. La reiteración de investigaciones y la exposición pública de comunicaciones privadas generan una atmósfera de sospecha permanente que la oposición explota con intensidad.

Además, la implicación de figuras cercanas al presidente multiplica el impacto. Cuando las investigaciones alcanzan al entorno personal y político más próximo, el coste reputacional se amplifica. Aunque la responsabilidad penal sea individual y la presunción de inocencia deba preservarse, el desgaste político es colectivo.

En definitiva, los mensajes de Koldo García no constituyen aún una sentencia judicial, pero sí configuran un problema político de gran envergadura. Plantean interrogantes sobre la gestión de la influencia, la separación entre lo institucional y lo personal y la transparencia en la relación entre poder y empresa. En un sistema democrático, la percepción de integridad es casi tan decisiva como la legalidad formal. Y hoy esa percepción aparece severamente tensionada para el presidente Sánchez y su gobierno.