Correo de los Viernes - La JUTEP sigue perdiendo crédito

La JUTEP sigue perdiendo crédito

Viernes 11 de setiembre de 2026. Lectura: 9'

La supresión de la Asesoría Letrada como unidad independiente y el anuncio de que la JUTEP pretende incorporar sociólogos y politólogos no constituyen un episodio aislado. Llegan después de más de un año de controversias, cambios de procedimientos y decisiones cuestionadas por la oposición, que acusa a la mayoría frenteamplista del organismo de haber comprometido progresivamente su independencia y credibilidad.

La última controversia que envuelve a la Junta de Transparencia y Ética Pública podría parecer, considerada aisladamente, una discusión burocrática acerca de cómo organizar mejor un organismo sobrecargado de trabajo. Pero hace tiempo que nada de lo que ocurre en la JUTEP puede examinarse aisladamente.

La eliminación de la Asesoría Letrada como unidad independiente, la incorporación de profesionales mediante pases en comisión y el anuncio de que la Junta piensa sumar escribanos, sociólogos, politólogos y abogados para intervenir en distintas tareas llegan después de una larga sucesión de episodios que han ido horadando la confianza en el organismo que, paradójicamente, existe para custodiar la transparencia y la ética pública.

Ese deterioro no comenzó ahora.

Desde que la actual mayoría integrada por Ana Ferraris y Alfredo Asti asumió la conducción de la JUTEP, la oposición viene denunciando una progresiva partidización de decisiones y procedimientos. Luis Calabria, representante de la oposición en el Directorio, ha dejado constancia reiteradamente de sus discrepancias, mientras legisladores blancos y colorados llevaron esos cuestionamientos al Parlamento y llegaron a reclamar la remoción de autoridades.

El episodio que puso definitivamente a la JUTEP bajo sospecha política fue el caso Álvaro Danza.

La Asesoría Letrada del organismo había elaborado un informe crítico acerca de la compatibilidad entre la presidencia de ASSE y las actividades privadas que mantenía Danza. Sin embargo, la mayoría integrada por Ferraris y Asti se apartó de esa conclusión y descartó la incompatibilidad.

No fue simplemente una diferencia jurídica.

Calabria recordó posteriormente que Ferraris había declarado públicamente, el 25 de setiembre de 2025, que la Junta ya tenía una “opinión formada” y que el asunto estaba “totalmente estudiado”, cuando la actuación formal de la Asesoría Letrada comenzó recién semanas después, el 14 de octubre.

La oposición vio allí algo mucho más grave que una discrepancia interpretativa: la posibilidad de que la conducción política hubiera llegado a una conclusión antes de recibir el asesoramiento técnico encargado precisamente de estudiar el asunto.

El caso provocó una interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, pedidos de renuncia y durísimas acusaciones de utilización partidaria de la Junta. Pablo Abdala llegó a afirmar que la “apropiación de la JUTEP por el gobierno del Frente Amplio” era propia de regímenes populistas.

Pero Danza tampoco fue un hecho solitario.

Antes había surgido el caso de la Intendencia de Salto. La mayoría de la Junta concluyó que la designación realizada durante la administración de Carlos Albisu configuraba corrupción y nepotismo. Calabria sostuvo posteriormente que se había ido mucho más lejos de lo que decía el propio informe técnico, que, según señaló, no calificaba los hechos de esa manera.

La cuestión es particularmente reveladora porque muestra el mismo problema, pero desde el extremo inverso: en un caso que afectaba a una administración nacionalista, la mayoría política habría endurecido la conclusión respecto del asesoramiento técnico; en el caso Danza, que comprometía a un jerarca del gobierno frenteamplista, se apartó de un informe jurídico que resultaba adverso.

Eso es precisamente lo que alimenta la acusación de doble vara.

Luego aparecieron los casos de Rodrigo Arim y Andrés Ojeda.

En el expediente referido a Arim, Calabria cuestionó actuaciones posteriores a la vista concedida al involucrado, intercambios realizados por correo electrónico y la existencia de un informe del vicepresidente Asti que no habría sido incorporado oportunamente al expediente. Más tarde, el propio Asti calificó una actuación de la Asesoría Letrada en ese asunto como “llamativa y preocupante”.

En el caso de Ojeda, Asti realizó análisis e incluso elaboró un informe antes de la intervención normal de los servicios técnicos. Cuando Calabria objetó el procedimiento, el vicepresidente terminó admitiendo que éste “no fue feliz”.

Cuando comienzan a acumularse excepciones, procedimientos especiales, intervenciones personales y diferencias en la intensidad con que se examinan los distintos expedientes, deja de ser razonable considerar cada episodio como una mera desprolijidad.

Hay más.

En julio de 2025 se alteró el circuito por el cual ingresaban las denuncias. Hasta entonces comenzaban su tramitación en la Asesoría Letrada. Desde ese momento empezaron a pasar primero por Secretaría, sin que —según denunció Calabria— mediara una resolución formal del Directorio que modificara el procedimiento anterior.

El cambio no era inocuo. Permitía que desde la Presidencia se realizaran actuaciones antes de que interviniera la oficina jurídica independiente. En el caso Danza, precisamente, Calabria sostuvo que se libraron oficios antes de esa intervención técnica.

La oposición también cuestionó la existencia de expedientes tramitados parcialmente por vías paralelas, informes confeccionados fuera de los expedientes y un acceso jurídicamente discutible a información reservada contenida en declaraciones juradas.

En mayo, el Partido Nacional recibió un informe de Calabria que describía ya no irregularidades aisladas, sino lo que calificó como un patrón de “progresiva pérdida de juridicidad procedimental”. Según ese documento, se estaba produciendo una acumulación de modificaciones destinadas a sobrepujar los criterios técnicos y sustituirlos por otros más manejables desde la mayoría del Directorio.

La gravedad del conflicto llegó al punto de que los nacionalistas analizaron la posibilidad de presentar una denuncia penal contra Ferraris y Asti por eventuales delitos contra la administración pública. No significa, naturalmente, que tales delitos hayan sido probados. Pero dice bastante sobre el nivel de deterioro institucional al que llegó la relación entre la conducción de la Junta y la oposición.

Hasta la forma de documentar las discrepancias quedó envuelta en controversia.

La mayoría resolvió que los fundamentos de los votos discordes dejaran de formar parte de las resoluciones y quedaran únicamente registrados en las actas. Calabria denunció que el nuevo criterio llegó a aplicarse retroactivamente a actuaciones ya firmadas y notificadas y que documentos fueron retirados del sitio web para ser posteriormente republicados bajo la nueva modalidad.

No parece precisamente una decisión feliz en un organismo cuya materia prima debería ser la transparencia.

Tampoco contribuyó a generar confianza la incorporación mediante pase en comisión de una funcionaria encargada de trabajar con declaraciones juradas cuya conocida militancia frenteamplista fue señalada en el Parlamento por Juan Martín Rodríguez. La objeción no reside en que una funcionaria pueda tener ideas políticas —derecho que naturalmente posee—, sino en la inconveniencia de utilizar mecanismos discrecionales para colocar personas políticamente identificadas en sectores particularmente sensibles de un organismo de contralor.

Rodríguez llegó a rebautizar irónicamente al organismo como “Junta de Opacidad y Falta de Ética Pública”, mientras Gabriel Gurméndez sostuvo que la conducción anteponía criterios partidarios a las exigencias de transparencia.

La mayoría de Ferraris y Asti reaccionó aprobando una resolución institucional de repudio a las expresiones de la oposición y de respaldo a la funcionaria, nuevamente con el voto contrario de Calabria. De ese modo, hasta la propia JUTEP terminó involucrándose institucionalmente en una controversia de naturaleza política con legisladores que estaban ejerciendo su función de contralor.

La presidenta tampoco quedó al margen de cuestionamientos por el régimen que precisamente su organismo administra.

Ferraris debió corregir una declaración jurada de 2024 porque la suma de sus activos contenía una diferencia superior a $ 15 millones. Ya en 2022 había presentado una declaración complementaria luego de omitir inicialmente el 50% de una propiedad. Gurméndez calificó estos episodios como “desprolijidades” particularmente llamativas en quien encabeza el organismo encargado de recibir y controlar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.

Y es sobre todo este telón de fondo que debe evaluarse ahora la desaparición de la Asesoría Letrada como unidad independiente.

No estamos hablando de una oficina cualquiera.

Precisamente fueron las asesoras jurídicas quienes elaboraron algunos de los informes que incomodaron a la mayoría del Directorio. Asti cuestionó públicamente su experiencia después del dictamen sobre Danza, diciendo que había sido elaborado por “gente joven que tiene pocos meses de presupuestada en la JUTEP”. Las profesionales protestaron por escrito y Asti posteriormente se disculpó. También existen antecedentes de tensiones entre Ferraris y las abogadas.

Una de las integrantes de aquella asesoría había renunciado en 2025. Su cargo presupuestado no fue cubierto mediante concurso. En cambio, la mayoría optó posteriormente por incorporar otra abogada mediante pase en comisión.

Ahora la reestructura aprobada por Ferraris y Asti, nuevamente con el voto contrario de Calabria, eliminó a la Asesoría Letrada como unidad independiente. Sus profesionales pasaron a integrar la División Gestión de Denuncias y el asesoramiento jurídico perdió jerarquía dentro de la estructura.

Al mismo tiempo, Ferraris anunció que la Junta pretende reforzarse incorporando escribanos, sociólogos, politólogos y más abogados.

Nada tiene de objetable que la JUTEP cuente con profesionales de diferentes disciplinas. Incluso puede ser conveniente.

El problema sería presentar esto como si ocurriera en el vacío.

Después de cuestionar informes jurídicos que contrariaron a la mayoría, alterar el circuito de las denuncias, intervenir políticamente en expedientes antes de la actuación de los servicios técnicos, incorporar personal mediante pases en comisión y reducir la exposición de los votos discordes, la supresión de la Asesoría Letrada independiente adquiere inevitablemente otro significado.

Por eso Graciela Bianchi, Robert Silva, Rodrigo Blás y otros legisladores opositores volvieron a encender las alarmas.

Silva puso el dedo en el punto central: en un organismo de estas características no basta con que una designación sea formalmente posible. Quienes intervienen técnicamente en investigaciones sobre gobernantes, legisladores y jerarcas deben contar con las máximas garantías de independencia respecto de quienes circunstancialmente conducen la institución.

Ese era precisamente el valor de funcionarios presupuestados, seleccionados mediante concursos y dotados de una ubicación institucional propia.

La JUTEP puede explicar cada uno de estos episodios por separado. Puede invocar urgencias, necesidades administrativas, falta de funcionarios, diferencias jurídicas o nuevas concepciones organizativas.

Lo que resulta cada vez más difícil de explicar es el conjunto.

Porque lo que la oposición viene denunciando desde hace meses no es una sucesión casual de errores. Es un patrón: procedimientos que cambian, técnicos desautorizados cuando sus conclusiones molestan, intervenciones de la mayoría en expedientes sensibles, tratamientos que parecen diferentes según el involucrado, funcionarios incorporados discrecionalmente y una creciente concentración del manejo institucional en quienes representan al oficialismo.

La JUTEP necesita autoridad moral para cumplir su cometido.

Esa autoridad no viene dada por una ley ni por el nombre del organismo. Se construye mediante independencia, imparcialidad, rigor técnico y transparencia.

Y se pierde exactamente de la misma manera.

Episodio tras episodio.

La supresión de la Asesoría Letrada no comenzó a deteriorar el prestigio de la JUTEP. Llega cuando buena parte de ese prestigio ya había sido erosionado por una conducción frenteamplista que ha dado demasiadas razones para que la oposición —y la ciudadanía— se pregunten si el organismo encargado de controlar al poder mantiene todavía la distancia necesaria respecto de él.