Correo de los Viernes - La Comisión del Diálogo Social: Un Escudo para la interna del Frente Amplio

La Comisión del Diálogo Social: Un Escudo para la interna del Frente Amplio

Edición Nº 1044 - Viernes 18 de julio de 2025. Lectura: 4'

Por Elena Grauert

El año pasado quedó resuelto el tema de la reforma de la seguridad social: comenzó con la aprobación de la LUC, que crea la Comisión de Expertos, y terminó con el plebiscito en octubre de 2024.

La Comisión del Diálogo Social no nace de un acuerdo o necesidad urgente de todos los actores —sociales, políticos y no políticos—, sino que surge de una interpretación que intenta impulsar una nueva reforma que contemple a las minorías en el plebiscito, tratando de buscar consensos donde no los hubo y no los va a haber, porque el tema fue ampliamente discutido y resuelto incluso dentro del Frente Amplio.

Es evidente que la iniciativa responde más a una necesidad de estrategia partidaria del actual gobierno —que no apoyó el plebiscito, pero pretende aplacar su interna—, que a una verdadera necesidad o déficit del sistema aprobado.

La seguridad social hoy no es un problema; sin duda es necesario revisarla o hacerle retoques, y mejorar algunos aspectos de interpretación —como el art. 22 de la norma—, pero los ejes fundamentales para salvaguardar el sistema permanecen firmes y consentidos por la ciudadanía, tanto con respecto a la edad de retiro como a las AFAP.

Por supuesto, los demás temas incorporados al diálogo social también son de importancia fundamental: la pobreza infantil, el sistema de cuidados y otros no contemplados, como la sobrepoblación carcelaria —fuente de inseguridad y delincuencia—, o la salud mental. Pero estos claramente no son el objeto del llamado; de hecho, deberían tratarse con urgencia durante el presente año.

El propio procedimiento propuesto por la Comisión de Diálogo Social demuestra que lo que se persigue es otra cosa, más vinculada a actividad proselitista que a una política de Estado. Realizar “una recorrida presencial en las 18 capitales departamentales del interior del país para recoger insumos y propuestas vinculadas a los ejes temáticos” y presentar las conclusiones el próximo año no es un procedimiento apto ni necesario, ya que los temas están ampliamente diagnosticados y lo que corresponde es incluir soluciones en la ley de presupuesto o en una Ley de Urgente Consideración; no demorarlas un año.

Está claro que es el PIT-CNT quien pretende y empuja por una reforma de la seguridad social —eliminar las AFAP, aumentar impuestos, etc.—; los demás temas no importan o, en realidad, no están en el tapete, y ese es uno de los principales problemas de la invitación efectuada.

Por tanto, reducirlo a la cantidad de participantes no es el tema fundamental; la cuestión es cómo diluir la gestión política en una “mise en scène” que cristaliza una estrategia comunicacional: deslegitimar a los partidos de la oposición, invitar a organizaciones sociales afines en pie de igualdad y luego presentar un proyecto como si fuera mayoritario o de cuasi consenso, como si representara a toda la sociedad. Todos sabemos que en realidad solo representan intereses sectoriales de organizaciones amigas del gobierno, con los peligros que ello conlleva en el marco de recíprocas concesiones y acuerdos, muy alejados del interés de las personas individuales.

Comparto al cien la declaración del Partido Independiente cuando expresa que esto ya se vivió en “otras instancias de igual naturaleza en gobiernos anteriores del Frente Amplio, como la convocatoria al Congreso de la Educación, que culminó con la reafirmación de la visión de los sindicatos de la educación e impidió avances en materia de reforma educativa”.

La participación de organizaciones sociales, cámaras empresariales y ciudadanos de a pie —escuchar sus demandas— es sumamente importante y muchas veces aporta insumos incuestionables, pues expresan experiencias y necesidades que desde el sistema político a menudo no se ven.

Pero ello no implica sustitución ni desconsideración, ni fomenta ningún tipo de “partidocracia”; al contrario, las instituciones democráticas —representadas por los partidos políticos— deben velar por el interés general y, sobre todo, por las mayorías que no tienen voz en ninguna organización ni gremio, pues son ciudadanos individuales que no defienden intereses corporativos, sino que viven, aportan y deben ser protegidos por el sistema político.

Por ello, ya no queremos jugar al juego de los hechos consumados. Si nos invitan a un diálogo, primero debemos ponernos de acuerdo en el propósito, los tiempos, los procedimientos y los objetivos, así como en quiénes participarán y en la forma de comunicar los resultados. Todo debe estar muy claro; de lo contrario no tiene sentido. Los diálogos deben construirse sobre la confianza, la transparencia y la igualdad; de lo contrario, no habrá diálogo sino un mandato.