Correo de los Viernes - La Caja de Profesionales y la Ética de la Responsabilidad

La Caja de Profesionales y la Ética de la Responsabilidad

Viernes 11 de julio de 2025. Lectura: 4'

Por Elena Grauert

El Parlamento finalmente aprobó el proyecto de salvataje para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). El trámite legislativo exigió de todas las partes enormes capacidades de negociación, ya que no había acuerdo —en principio ni siquiera dentro de cada partido— y mucho menos en la Coalición Republicana.

Hubo que apelar a las buenas artes de nuestros legisladores, que en Diputados habían sido firmes en no votar aumentos de impuestos, para lograr un acuerdo mínimo y transitorio con el fin de llevar paz a los profesionales.

Es preciso destacar la diferencia de actitud de la Coalición Republicana con respecto al Frente Amplio, ya que estos, siendo oposición, el año pasado se negaron a discutir un proyecto de salvataje y a llegar a un acuerdo, agravando aún más la situación. Además, durante todos sus años de gobierno fueron advertidos del déficit de la CJPPU por el Tribunal de Cuentas, entre otros, pero lo ignoraron y mantuvieron las condiciones sin ningún cambio de rumbo a sabiendas de los resultados.

El único gremio que actuó diligentemente, con apego a su responsabilidad política y gremial, fue la Caja Notarial, que en 2018 propuso la reforma para darle sostenibilidad a la Caja aumentando la edad de retiro; sin embargo, ni en ese momento el gobierno de la época lo tomó como una oportunidad para asumir el desafío y reformar la Caja Profesional.

Hoy la Caja sobrevive, pero apenas. ¿Estamos a tiempo de reencauzarla o simplemente prolongamos su agonía?

Los números no mienten. En 2024, más de 109 000 profesionales declararon estar en “no ejercicio”. Entre ellos miles de contadores, psicólogos, abogados, ingenieros y médicos, ese universo “invisible” representa hoy más del 65 % de los afiliados activos de la CJPPU.

La ley de salvataje aprobada por casi todo el sistema político establece un esquema de financiamiento mixto: aumento progresivo de aportes (hasta 22,5 % en 2028), contribuciones de los pasivos en tramos de hasta 5 % y asistencia estatal de unos US$ 80 millones anuales.

Claramente, si hoy el 65 % ha declarado “no ejercicio” y se aumenta la contribución, por más que existen mecanismos para mantenerse en la misma categoría sin incrementar aportes, termina siendo un incentivo para declarar “no ejercicio” o jubilarse. Todos sabemos que, a la larga, los profesionales activos, con su realidad económica, toman decisiones de acuerdo con su situación actual, lo que conlleva una alta vulnerabilidad del sistema.

Por tal motivo, una reforma sustantiva debe hacerse de inmediato, alineada con el sistema general de seguridad social, tomando en cuenta las diferencias en la capacidad contributiva y los tipos de trabajo, y permitiendo un sistema de ahorro individual que incentive el aporte.

La actual ley, además de generar inequidades entre los activos —pues los profesionales nacidos en 1970 podrán jubilarse a los 61 años, mientras que en el sistema general esa edad recién se aplica a los nacidos en 1974—, también genera inequidades entre los jubilados, quienes además de pagar el IAS deben abonar el tributo de salvataje a la Caja (que no puede descontarse de dicho impuesto), lo cual implica una doble imposición o una reducción de la pensión.

Max Weber, en su célebre conferencia “La política como vocación”, decía que hay dos formas de ética: la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La primera actúa desde una intransigencia principista y dogmática, sin importar las consecuencias. La segunda, en cambio, pondera las consecuencias de los actos, “incluso cuando implican concesiones duras, decisiones impopulares o asumir las culpas de errores ajenos”.

Está claro que la actual oposición señaló con razón que aumentar aportes sin tener en cuenta la capacidad contributiva, u obligar a los jubilados a financiar el sistema sin considerar el esfuerzo fiscal que ya realizan mediante el IASS, tampoco es justo. Pero también sería inmoral dejar caer la Caja por completo, encarecer aún más el salvataje y permitir que el Estado se haga cargo sin buscar una solución, todo ello en contra del artículo 67 de la Constitución.

Generar caos y no asumir la seguridad jurídica es un acto de irresponsabilidad, aunque para algunos pueda parecer conveniente o políticamente expedito aplicar una especie de “ley del talión”, porque el daño al final lo pagamos todos.

La política requiere asumir responsabilidades incluso en contra de convicciones o dogmas —como decía Weber—: “el que busca la salvación de su alma no debe dedicarse a la política, sino a otra cosa, más pura”. El Partido Colorado asumió con valentía esa responsabilidad, y a pesar de ser solo oposición y de que el actual gobierno, cuando le toca estar en la vereda de enfrente, jamás cede y prefiere la destrucción o el incumplimiento.

La Coalición Republicana, en mayoría, optó por defender la institucionalidad sabiendo que de nuestras decisiones dependerán el retiro y la dignidad de miles de profesionales. Demostrar que existe otra forma correcta de hacer política —que no consiste en romper el diálogo apostando a la crisis, sino en la madurez de la buena política, en alzar las banderas del futuro y en actuar conforme a las convicciones— es la manera en que Uruguay se presenta ante el mundo. Es nuestro capital político y lo que debemos seguir defendiendo.