La Asignación Familiar es para educar
Por Julio María Sanguinetti
 El concepto de la obligatoriedad de la educación está íntimamente ligado al espíritu que inspiró la sanción de la Ley de Asignaciones Familiares en 1943. Ambos —concepto y espíritu— deben reforzarse, no debilitarse.
Estos días se ha hecho pública la noticia de que la Asignación Familiar se le suspendió a 10.459 beneficiarios, por no concurrir a la escuela. De esa cantidad, solo el 2% (203 casos) respondió afirmativamente al llamado del BPS, retornando los niños a las aulas.
A partir de ese hecho se montó un debate en que la Ministro de Desarrollo Social, entre otros, concluyó que había que eliminar la exigencia de la concurrencia a la escuela, por inefectiva. O sea que a aquellos padres irresponsables que recibían la asignación correspondiente a sus hijos, como representantes legales, y que no los enviaban a la escuela, les damos la tranquilidad de que van a seguir cobrando pese a su omisión.
El debate no es anecdótico. Define ideas fundamentales sobre lo que es el concepto de seguridad social. Alude a los valores básicos de una sociedad democrática, liberal, republicana.
La asignación familiar se estableció para alentar a los padres a que eduquen a sus hijos desde la escuela. No está para fomentar el abandono y la desidia de los padres, a los que se le quiere relevar de la primera y fundamental de sus obligaciones.
Como se recuerda, las asignaciones familiares nacieron en una ley de 1943, del gobierno colorado del Dr. Juan José Amézaga, una etapa de grandes reformas sociales, que incluyeron la creación de los Consejos de Salarios, entre muchas otras cosas. En ese entonces confluyeron motivaciones diversas. Algunas figuras vinculadas al pensamiento católico defendían las asignaciones como estímulo a la natalidad, ya por entonces muy baja. Desde el lado colorado —y también socialista— se las imaginaba como un estímulo a la educación, pensando en erradicar definitivamente el analfabetismo y consolidar en la sociedad la idea histórica de que la enseñanza es obligatoria.
Se discutió, incluso, si esta asignación era un complemento del salario y quedó claro, para la intención de sus inspiradores, que no era así. Se trataba de una asignación social, no vinculada a la remuneración del trabajo sino inspirada en ese principio sobre la educación.
Si esto fue así entonces, más lo debe ser hoy, en que la obligatoriedad se ha extendido a los niños desde los 4 años y hasta la educación media. O sea que el Estado ha seguido reafirmando el concepto de la obligatoriedad. Es un principio fundamental de la organización republicana. No hay igualdad de oportunidades si no partimos por lo menos de una base educativa universal y en promedio análoga.
Esa obligatoriedad, naturalmente, recae sobre los padres o representantes legales de los niños o adolescentes. Cuando nos encontramos en una situación como la descripta, queda claro que el beneficio le está llegando a más de 400 mil estudiantes. Decir que la herramienta fracasó, es chocar con una realidad abrumadora. Que la gran mayoría de esos niños y adolescentes quizás fueran igual a la escuela sin la asignación, es muy posible, pero muchos otros quizás no, y la totalidad percibe el compromiso del Estado en la materia y su afán de ayudar en el cumplimiento de la obligación. Nadie puede hablar de fracaso sino de éxito.
En esa porción marginal de quienes no envían a escolarizarse, el tema es muy grave. Es evidente que estamos ante una familia desintegrada o padres o tutores de una total irresponsabilidad. Darles a ellos el dinero de los niños para que lo malgasten es el peor de los destinos, porque es premiarles su irresponsabilidad, ya que seguramente no la van a aplicar en beneficio de sus tutelados. En esos casos, el amparo del Estado debe aparecer. Puede llegar hasta la pérdida de la patria potestad de quienes tan mal emplean el dinero de sus hijos. Es una situación difícil pero que solo puede asumirse desde ese plano.
En un plano más general enviarle a la sociedad el mensaje de que incumplir la obligación no tiene sanción alguna, que da lo mismo una cosa que la otra, es agredir los valores éticos fundamentales de la formación ciudadana. Vivimos en tiempos de competencia, los puestos de trabajo son cada vez más exigentes en capacitación. El socialismo fracasó en el mundo por igualar para abajo y esta propuesta de eximir la obligatoriedad es el paradigma de ese camino de fracaso. O hacemos el esfuerzo por mejorar a los que más necesitan, o cristalizaremos desigualdades insuperables. Resulta difícil de asumir que todavía, a esta altura de la experiencia histórica, haya mentalidades tan alejadas del mundo real.
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