Correo de los Viernes - JUTEP ante el espejo: entre la oportunidad y el descrédito

JUTEP ante el espejo: entre la oportunidad y el descrédito

Viernes 17 de abril de 2026. Lectura: 3'

La situación generada en torno a la exvicepresidenta de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alejandra Koch, volvió a colocar en el centro del debate público un problema recurrente: la delgada —y a veces difusa— línea entre la legalidad formal y la ética en el ejercicio de la función pública.

El episodio es conocido. Koch participó en una decisión que implicó el ascenso de su esposo dentro del organismo, lo que desató cuestionamientos políticos, pedidos de informes y, finalmente, su renuncia al cargo en medio de la controversia.

Sin embargo, el caso no quedó allí. La Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) resolvió intervenir y analizar una denuncia sobre la actuación de la exjerarca, centrando su evaluación en la eventual existencia de un conflicto de interés, una de las infracciones más sensibles dentro del régimen ético de la función pública.

Según surge de la cobertura periodística, el organismo no solo tomó conocimiento del caso sino que inició un proceso de investigación para determinar si la conducta de Koch vulneró normas de conducta aplicables a los jerarcas estatales, particularmente aquellas que obligan a abstenerse de intervenir en decisiones con impacto directo en intereses personales o familiares. En ese marco, se inscribe en una línea ya consolidada por la propia JUTEP en antecedentes recientes, donde ha señalado que, ante situaciones análogas, la conducta debida es precisamente la abstención.

El punto, sin embargo, no es únicamente qué ocurrió en la ANP, sino cómo reacciona el sistema institucional frente a ese tipo de episodios. Y es allí donde la actuación de la JUTEP vuelve a generar interrogantes.

Distintas informaciones indican que el vicepresidente del organismo, Alfredo Asti, ha estado recabando información sobre el caso en sus etapas iniciales. Este dato, más allá de su eventual justificación práctica, resulta llamativo desde el punto de vista institucional. En un diseño adecuado de órganos de contralor, la recolección de antecedentes, el análisis preliminar y la instrucción de los expedientes deberían recaer en los servicios técnicos y jurídicos, que son los encargados de garantizar objetividad, especialización y neutralidad procedimental.

No es una cuestión menor. La propia experiencia reciente de la JUTEP muestra que los dictámenes más sólidos —como en el caso que involucró a la exministra de Economía— se apoyaron en informes de la asesoría jurídica del organismo, que concluyeron la existencia de apartamientos a las normas éticas tras un proceso técnico formal.

Ese es, precisamente, el estándar que otorga legitimidad a las decisiones: la separación clara entre conducción política y actuación técnica.

Cuando esa frontera se desdibuja, el riesgo no es solo jurídico, sino también reputacional. Y ese riesgo no es abstracto. La JUTEP arrastra cuestionamientos estructurales vinculados a su capacidad operativa, falta de recursos y debilidades en su funcionamiento, con un plantel reducido y dificultades para cumplir plenamente sus cometidos legales.

En ese contexto, el caso Koch adquiere una dimensión que excede largamente a sus protagonistas. Se transforma en un test de credibilidad institucional.