Correo de los Viernes - Irán: la asfixia no garantiza la rendición

Irán: la asfixia no garantiza la rendición

Viernes 21 de agosto de 2026. Lectura: 7'

La nueva ofensiva económica anunciada por Donald Trump puede profundizar la crisis iraní, pero dañar una economía no equivale necesariamente a modificar la conducta de un régimen. La dependencia de China, la capacidad de evasión desarrollada por Teherán, las limitaciones legales de Washington y la ausencia de una salida diplomática clara siembran dudas sobre su efectividad.

Donald Trump eligió nuevamente la hipérbole. El miércoles anunció en Truth Social “la operación económica más aplastante jamás emprendida contra un país”. Un día después, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió “las sanciones más duras de la historia” y aseguró que la combinación del bloqueo naval y la asfixia financiera hará colapsar al régimen iraní.

Los detalles, sin embargo, recién serán presentados el lunes. Por ahora se conocen las áreas que Washington pretende atacar —contrabando de petróleo, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, sociedades pantalla y cualquier auxilio comercial o financiero procedente del exterior—, pero no la arquitectura concreta de la ofensiva. La distancia entre la enormidad del anuncio y la indefinición de sus instrumentos constituye la primera razón para la cautela.

No cabe duda de que Irán es vulnerable. Después de casi seis meses de guerra, enfrenta infraestructura dañada, producción interrumpida, dificultades para importar combustibles y una caída de sus ingresos petroleros y tributarios. La inflación anual llegó en julio al 66% y los alimentos aumentaron 128% en doce meses. El Fondo Monetario Internacional proyecta para este año una contracción del 5,4% y una inflación promedio cercana al 69%.

Trump, por lo tanto, dispone de una economía que ya se encuentra al borde del agotamiento. Pero la pregunta decisiva no es si Estados Unidos puede empobrecer todavía más a Irán. Seguramente puede hacerlo. La cuestión es si ese deterioro conseguirá que sus dirigentes renuncien a sus objetivos, acepten las condiciones estadounidenses, reabran plenamente el estrecho de Ormuz o regresen a una negociación en términos que hasta ahora han rechazado.

La experiencia de la primera campaña de “máxima presión” no ofrece una respuesta alentadora. Las sanciones aplicadas luego de que Trump abandonara el acuerdo nuclear de 2015 golpearon con dureza las exportaciones petroleras, las reservas y la moneda iraní. No obstante, Teherán no capituló ni aceptó negociar un acuerdo más exigente. Por el contrario, fue dejando de cumplir las restricciones nucleares pactadas y profundizó su enfrentamiento con Washington.

Aquella experiencia demostró una diferencia que la retórica suele ocultar: las sanciones pueden ser muy eficaces para provocar daño económico y, al mismo tiempo, fracasar como instrumento de coerción política. Un régimen autoritario puede considerar que ceder amenaza su supervivencia más que soportar el empobrecimiento de la población.

La ambigüedad de los objetivos estadounidenses agrava el problema. Bessent afirma que la intención es “hacer colapsar este régimen”. Trump parece alternar entre esa posibilidad, la reapertura del estrecho de Ormuz, la eliminación de las capacidades nucleares y militares iraníes y el regreso de Teherán a la mesa de negociaciones. No son propósitos equivalentes.

Si el objetivo es obtener concesiones, debe existir una salida claramente identificable: qué tendría que hacer Irán y qué sanciones serían levantadas a cambio. Si, en cambio, Washington persigue abiertamente la caída del régimen, los dirigentes iraníes carecerán de incentivo para negociar. Ninguna concesión les garantizaría la supervivencia. La presión económica dejaría entonces de ser una herramienta diplomática para convertirse en una guerra de desgaste sin un final previsible.

El segundo gran obstáculo es China. Más del 80% del petróleo iraní transportado por mar tuvo como destino el mercado chino en 2025, con un promedio estimado de 1,38 millones de barriles diarios. Durante años, Pekín construyó un circuito relativamente aislado del sistema financiero estadounidense: pequeñas refinerías con escasa exposición internacional, pagos en yuanes, cargamentos presentados como procedentes de Malasia o Indonesia y cadenas de intermediarios difíciles de rastrear.

Sancionar a una pequeña refinería o a una sociedad pantalla puede obligar a cambiar nombres, cuentas y propietarios, pero no necesariamente interrumpe el negocio. Es el juego del topo: cuando Washington clausura una vía, aparece otra. Para producir un efecto verdaderamente decisivo, Estados Unidos tendría que amenazar a grandes bancos, compañías y organismos chinos.

Pero hacerlo significaría trasladar el enfrentamiento con Irán a la relación con la segunda potencia mundial. China podría responder restringiendo minerales críticos, castigando empresas estadounidenses o frustrando los entendimientos comerciales que Trump intenta construir con Xi Jinping. No es casual que Bessent, preguntado sobre posibles sanciones contra Pekín, respondiera que algunas conversaciones debían mantenerse en privado.

La administración estadounidense asegura haber sancionado desde el inicio del segundo mandato de Trump a más de mil personas, buques y aeronaves relacionados con Irán. También ha golpeado su flota fantasma, redes bancarias clandestinas, intermediarios petroleros y plataformas de activos digitales. El volumen de esas actuaciones revela intensidad, pero también demuestra cuán extensa se ha vuelto la estructura creada para eludirlas.

Irán vende con descuentos, paga mayores costos de transporte y recibe una porción menor del valor de sus exportaciones. Las sanciones funcionan así como un pesado impuesto sobre la economía iraní, pero no como un cerrojo hermético. Además, el crecimiento del contrabando, el trueque y los circuitos financieros opacos fortalece precisamente a la Guardia Revolucionaria y a los sectores mejor posicionados para controlar esos negocios clandestinos. La presión que pretende debilitar al régimen puede, en ciertos aspectos, aumentar el poder económico de sus núcleos más duros.

También están los restantes socios comerciales. Turquía necesita el gas iraní; Irak depende de ese suministro para generar electricidad; Pakistán mantiene una importante actividad fronteriza informal; Omán cumple un papel comercial y diplomático, mientras Armenia y Azerbaiyán poseen intercambios energéticos difíciles de sustituir. Emiratos Árabes Unidos suspendió esta semana sus operaciones con Irán, lo cual constituye un golpe significativo, pero no garantiza que los demás países acepten acompañar a Washington.

Penalizarlos indiscriminadamente podría generar crisis energéticas, castigar exportaciones humanitarias y deteriorar alianzas que Estados Unidos necesita para otros objetivos regionales. Una ofensiva que pretenda aislar totalmente a Irán corre el riesgo de terminar aislando parcialmente a Washington.

Existe, además, un problema jurídico. Trump ya había amenazado con imponer un arancel del 25% a los productos procedentes de cualquier país que comerciara con Irán. Sin embargo, en febrero la Suprema Corte determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no autoriza al presidente a establecer unilateralmente esos gravámenes. El Senado aprobó recientemente un proyecto que podría concederle nuevas facultades, pero todavía necesita superar la Cámara de Representantes.

Las sanciones financieras tradicionales siguen disponibles, pero el arma arancelaria con la que Trump procura intimidar a terceros países carece por ahora de la solidez inmediata que su discurso da por supuesta.

Finalmente, queda la incógnita sobre la reacción interna iraní. El sufrimiento económico puede alimentar nuevas protestas y erosionar la legitimidad del régimen. Pero también puede desencadenar una represión todavía mayor. Las movilizaciones de enero fueron aplastadas por la Guardia Revolucionaria y la milicia Basij, y Teherán acaba de colocar al frente de esta última a uno de los principales responsables de anteriores campañas represivas.

En un contexto de guerra, las sanciones externas también pueden ser utilizadas para atribuir todas las privaciones al enemigo y movilizar sentimientos nacionalistas. Los iraníes pueden repudiar a sus gobernantes sin aceptar que una potencia extranjera destruya su economía. Confundir el descontento social con una disposición automática a derribar al régimen ha sido un error recurrente de las políticas de cambio de gobierno.

La nueva presión de Trump no es irrelevante ni inofensiva. Puede reducir los recursos disponibles para el aparato militar, dificultar las operaciones de sus aliados regionales y agravar las tensiones dentro del poder iraní. Pero para transformarse en una estrategia efectiva necesitaría cooperación internacional, instrumentos jurídicamente sostenibles, capacidad de controlar las redes de evasión y, sobre todo, una propuesta política que indique cómo termina el conflicto.

Sin esas condiciones, Washington puede conseguir que Irán sea todavía más pobre, clandestino y represivo sin volverlo más dócil. Entre la asfixia económica y la rendición política existe un espacio que las sanciones, por sí solas, rara vez consiguen atravesar.