El interrogatorio policial a un periodista, luego reconocido como mala praxis por el Minstro del Interior, encendió una señal de alerta sobre los límites del accionar estatal frente a la libertad de prensa.

Los hechos que rodearon el interrogatorio policial al periodista Sebastián Cabrera, de El País, tras una denuncia por presunta difamación, expusieron una práctica institucional de extrema gravedad para la democracia y la libertad de prensa en Uruguay. publicada por El Observador, medio que dio cuenta de una actuación policial que la propia autoridad política terminó calificando como “mala praxis”.

Cabrera relató haber pasado una tarde entera en una comisaría, donde fue interrogado por funcionarios policiales sin que la Fiscalía hubiera sido notificada previamente, a raíz de una denuncia presentada por un particular. El procedimiento se llevó adelante pese a tratarse de un conflicto típicamente amparado por estándares reforzados de protección a la labor periodística y al derecho de la sociedad a informarse.

La gravedad institucional del episodio quedó luego confirmada por la Fiscalía de quinto turno de Maldonado, que archivó la denuncia al entender que no existían elementos de delito de difamación ni “real malicia”, y que se trataba de un hecho de “escasa entidad que no ataca gravemente el orden público”, remitiendo cualquier reclamo a la vía civil.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho.

Un precedente peligroso para la libertad de prensa

Que un periodista sea citado, interrogado durante horas y sometido a presión policial por una denuncia de difamación no es un hecho menor ni meramente procedimental. Constituye un mensaje disuasivo que puede inducir a la autocensura y erosionar uno de los pilares de la democracia: el ejercicio libre del periodismo sin intimidaciones estatales.

No se trata de reconocer fueros especiales, sino de comprender que la función periodística está directamente vinculada a derechos fundamentales. Precisamente por ello, la Institución Nacional de Derechos Humanos tomó el caso de oficio, al advertir el riesgo sistémico que supone naturalizar este tipo de prácticas.

La diferencia política: Ministro Negro reconoce el error

En ese contexto, resulta relevante la actitud asumida por el ministro del Interior, Carlos Negro, quien —casi veinte días después de publicada la crónica original— reconoció ante El Observador que existió una “mala praxis” por parte de la Policía.

Negro no solo asumió el error, sino que anunció que su cartera trabaja en la elaboración de un protocolo específico para orientar el accionar policial en casos de denuncias por difamación, con el objetivo explícito de evitar abusos como el perpetrado contra Cabrera. Además, recordó su posición histórica como fiscal, siempre contraria a citar periodistas por este tipo de denuncias salvo en situaciones excepcionales de real malicia manifiesta.

Ese reconocimiento político no es un gesto menor: marca una línea de responsabilidad institucional y envía una señal correctiva imprescindible.

El contraste: la defensa corporativa del accionar policial

Muy distinta fue la postura pública del director nacional de la Policía, José Manuel Azambuya, quien en declaraciones a radio Sarandí defendió el accionar de sus fuerzas y llegó incluso a sugerir que al periodista se le había hecho un “favor” al permitirle ser interrogado en Montevideo y no en Piriápolis, donde se había radicado la denuncia.

Esa interpretación —minimizada como un trámite administrativo— contrasta de forma directa con los hechos reconstruidos por El Observador, con el archivo fiscal posterior y con la admisión expresa de mala praxis realizada por el propio ministro. Defender sin matices un procedimiento que fue jurídicamente improcedente y políticamente riesgoso no solo desatiende la dimensión democrática del problema, sino que revela una preocupante incomprensión del rol de la prensa en una sociedad abierta por parte de la máxima autoridad policial.

Una advertencia que no debería ignorarse

El episodio deja una lección clara: cuando las fuerzas del orden actúan sin protocolos claros y sin comprensión de los límites que impone la libertad de expresión, el daño no se agota en un caso individual. Afecta la confianza institucional, erosiona garantías básicas y sienta precedentes que ninguna democracia saludable puede permitirse.

Que el Ministerio del Interior haya reconocido el error y esté trabajando en un protocolo correctivo es un paso en la dirección correcta. Pero el contraste entre la autocrítica política y la defensa corporativa policial deja en evidencia que el desafío no es solo normativo, sino cultural e institucional.

La democracia no se erosiona solo con grandes rupturas. A veces, comienza con una citación indebida, una tarde en una comisaría y el mensaje implícito de que informar puede tener consecuencias.