Correo de los Viernes - Informalidad: un problema que no cede

Informalidad: un problema que no cede

Viernes 18 de setiembre de 2026. Lectura: 3'

El 55% de los trabajadores de América Latina y el Caribe se desempeña en la informalidad, una proporción que prácticamente no ha cambiado en dos décadas. Uruguay está bastante por debajo del promedio regional y logró una reducción significativa respecto de 2019, aunque el problema persiste y muestra importantes diferencias territoriales.

El Banco Mundial acaba de poner cifras a un fenómeno persistente: el 55% de los trabajadores de América Latina y el Caribe se desempeña en la informalidad, una proporción que prácticamente no ha cambiado en casi dos décadas.

Pero detrás de ese porcentaje conviven realidades diferentes. No es igual la situación de un joven asalariado que encuentra barreras para acceder a un empleo formal que la de quien trabaja por cuenta propia y valora la autonomía y la flexibilidad. El propio Banco Mundial advierte que la informalidad no constituye un bloque homogéneo y que asalariados informales y trabajadores independientes responden a circunstancias y motivaciones distintas.

Uruguay presenta una situación sensiblemente mejor que la del promedio regional. También muestra una evolución que merece ser destacada. En 2019, último año completo del gobierno del Frente Amplio presidido por Tabaré Vázquez, la tasa de no registro a la seguridad social se situaba en 24,9%. Durante el gobierno de la Coalición Republicana ese porcentaje descendió en forma significativa: en 2022 se ubicó en 20,9%. En los dos años siguientes registró un moderado aumento, a 21,3% en 2023 y 21,7% en 2024, pero al terminar ese período de gobierno seguía más de tres puntos porcentuales por debajo del nivel de 2019.

La comparación permite advertir dos fenómenos simultáneos: durante el gobierno de la Coalición Republicana se produjo una reducción importante de la informalidad respecto del nivel recibido en 2020, pero esa mejora se concentró principalmente en los primeros años y no continuó con igual intensidad hacia el final del período. Aun así, el nivel de 2024 permanecía claramente por debajo del registrado antes del cambio de gobierno.

Los datos posteriores indican que el problema sigue ofreciendo resistencia. El INE, aplicando una definición más amplia de ocupación informal, estimó esa tasa en 22,8% para 2025. Esta medición no es estrictamente equivalente al indicador tradicional de no registro a la seguridad social y, por tanto, no debe compararse mecánicamente con las cifras anteriores.

El dato mensual más reciente vuelve precisamente al indicador de no registro. En julio de 2026, el 21,1% de los ocupados no estaba registrado en la seguridad social por su trabajo principal, 1,3 puntos porcentuales menos que un año antes. La diferencia territorial es considerable: el porcentaje era de 15,3% en Montevideo y llegaba a 24,9% en el interior.

El informe del Banco Mundial propone, por eso, mirar más allá de las recetas tradicionales. La formalización no depende solo de nuevas regulaciones o controles. También requiere trabajadores con mejores capacidades, empresas que puedan crecer, invertir y generar puestos de calidad, y sistemas de protección social capaces de acompañar las nuevas formas de trabajo.

El organismo plantea tres grandes líneas de acción: desarrollar habilidades, favorecer el crecimiento y dinamismo de las empresas y modernizar los sistemas de protección social.

El planteo llega en un momento particularmente relevante para una región que necesita incorporar a millones de jóvenes al mercado laboral. Uruguay parte de una posición comparativamente favorable y ha demostrado que es posible reducir de manera apreciable el no registro, aunque los últimos datos también muestran lo difícil que resulta consolidar nuevas mejoras.

El desafío, entonces, no consiste solo en reducir la informalidad, sino en conseguir que el empleo formal constituya una verdadera oportunidad.