Correo de los Viernes - Improvisación y poca planificación o gestión

Improvisación y poca planificación o gestión

Viernes 10 de abril de 2026. Lectura: 4'

Por Elena Grauert

Un gobierno que anuncia planes como si fueran logros, que llega tarde a las urgencias y que traslada responsabilidades al vértice del poder revela algo más que desorden: expone una preocupante falta de planificación y gestión, cuyas consecuencias ya se sienten en los sectores más vulnerables.

Si hubiera que definir al gobierno en una palabra, sería improvisación. Si fueran tres conceptos, serían improvisación, desorden y falta de gestión. Prueba de ello es el Plan Nacional de Seguridad Pública, presentado con tono fundacional, que al analizarlo aparece más como un programa de gobierno de carácter electoral que como una estrategia de gestión. No explica cómo ni con qué recursos se llevará adelante. Quizás lo más relevante sea la ausencia de una estrategia clara de implementación, así como de metas y resultados esperados.

En el mismo se observa que varias de las medidas exhibidas como novedad son, en realidad, continuidad, reformulación o ampliación de herramientas ya conocidas. Entre ellas, el refuerzo del papel de las Fuerzas Armadas en la frontera, ampliando la zona de acción. Sin embargo, no se menciona la necesidad de aumentar, por ejemplo, la guardia policial permanente, que es lo que necesitan las personas para trasladarse con tranquilidad. Algo que sí se vio en la época del exministro Jorge Larrañaga, cuando la presencia policial en la calle —en moto, a caballo, con patrulleros— era visible y permanente.

Otro hecho revelador de falta de planificación y acción es el presentado por el ministro Gonzalo Civila del MIDES junto al presidente. El gobierno presenta como gran hito: “Vamos a hacer un plan”. Ese plan debió existir desde el inicio de la gestión. Hace más de un año que el gobierno asumió; el invierno pasado hubo situaciones gravísimas, incluso con personas que murieron por el frío, y recién ahora se anuncia un plan cuyo mayor desarrollo se proyecta para los años venideros.

Por otra parte, resulta llamativo que la estrategia se presente bajo conducción presidencial, asumiendo la Presidencia la atención de las urgencias, mientras el ministerio se ocuparía de lo estructural. ¿Por qué duplicar funciones? Esa división no solo es artificial, sino que encarece la gestión, aumenta la burocracia y, muchas veces, termina generando falta de responsabilidad clara.

Los ministerios son los brazos ejecutores del Poder Ejecutivo para llevar adelante los programas de gobierno y administrar. Llenar la Presidencia de nuevas competencias “sui generis” desdibuja el diseño institucional y genera ruido en la toma de decisiones, donde finalmente nadie asume con claridad la responsabilidad. Y si el argumento es la falta de coordinación con otros organismos del Estado —ASSE, Ministerio del Interior, DINALI u otros—, precisamente esa es una de las funciones esenciales de un ministro: coordinar políticas públicas. Para eso existen los secretarios de Estado, que integran el Poder Ejecutivo. No es el presidente quien debe sustituir esa tarea.

Sí es una buena señal que el presidente afirme que vivir en la calle no es un derecho, sino un problema grave de convivencia y seguridad. Lo cierto es que los gobiernos anteriores del Frente Amplio fueron displicentes con este tema, lo que contribuye a la situación actual.

Sin embargo, ese reconocimiento discursivo no se refleja en la gestión. Algo tan básico como estar al día con el pago de salarios a trabajadores tercerizados del MIDES no se cumplió, registrándose atrasos de hasta tres meses.

Las causas invocadas resultan difíciles de justificar, ya que se mencionaron demoras en el Tribunal de Cuentas. Pero estos procedimientos tienen plazos conocidos y previsibles. No son imprevistos: evidencian falta de planificación y gestión.

El punto central es que cuando el MIDES no paga a quienes sostienen los refugios, atienden a mujeres víctimas de violencia, trabajan con consumos problemáticos o contienen personas con padecimientos severos de salud mental, no se interrumpe un expediente; se debilita la atención. No es una mera formalidad: ello impacta en el servicio y afecta a los más débiles. Sin duda, cuando suceden estas cosas, se debilita el servicio social; el costo reaparece luego en la calle, en el abandono, en la reincidencia, en la intemperie y en el deterioro de la convivencia. En una emergencia climática, esto puede transformarse en un verdadero desastre.

En marzo, el sindicato Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines de Uruguay (SUTIGA) denunció salarios impagos en más de diez ONGs y alrededor de cien trabajadores afectados. Otros medios de prensa mencionaron incluso a más de mil tercerizados con atrasos en distintos servicios. El propio ministerio admitió que intentaba “destrabar” la situación y señaló que buscaba regularizar pagos antes de fin de mes, reconociendo que dependía de trámites administrativos pendientes. Pero esos trámites tienen plazos conocidos. Lo que hubo fue falta de previsión básica.

Es justo señalar que el MIDES requiere revisar el diseño de contratación con ONG y la forma de gestión de algunos servicios, lo que ha sido un problema histórico del sistema. Sin embargo, no se había visto un conflicto por falta de pago tan masivo y prolongado como el actual.

Por lo tanto, presentar nuevamente un plan de carácter programático, sin definir claramente cómo se implementará, es más de lo mismo y suena, otra vez, a mucha improvisación y muy poca planificación.