Edición Nº 1086 - Viernes 26 de junio de 2026

Iluminar las playas también es una política ambiental

Viernes 26 de junio de 2026. Lectura: 5'

Por Darío Peña

La iluminación responsable de las playas no enfrenta al ambiente con el desarrollo: demuestra que es posible proteger la biodiversidad mientras se recuperan espacios públicos más seguros, accesibles y disfrutables para todos.

Recientemente se ha anunciado que la Intendencia de Montevideo instalará iluminación en siete playas de la capital antes del próximo verano, a partir de una propuesta presentada por el edil del Partido Colorado, Federico Paganini. El proyecto, que abarca las playas del Cerro, Ramírez, Pocitos, Buceo, Malvín, Honda y Carrasco, busca democratizar el uso nocturno de la rambla y las playas de Montevideo, que constituyen el principal espacio público de la ciudad para miles de ciudadanos. Como suele darse en una sociedad democrática, la noticia generó posturas disidentes por parte de algunos colectivos, advirtiendo que iluminar las playas podría “destruir el ecosistema costero y alterar los ritmos de la fauna marina”.

He dedicado buena parte de mi vida profesional al ambiente, formándome en estos temas y trabajando para que las decisiones públicas incorporen criterios ambientales serios. La contaminación lumínica existe, tiene efectos sobre la biodiversidad y debe ser considerada en cualquier proyecto responsable, ya que negarlo sería tan absurdo como ignorar los problemas de contaminación del agua o del suelo. Sin embargo, llevado al absurdo, la única actividad humana con impacto ambiental cero sería la inexistencia de actividad humana. Obviamente, nadie propone semejante cosa y justamente por eso existe el concepto de desarrollo sostenible, creado en el Informe Brundtland en el año 1987. La falsa dicotomía entre ambiente y desarrollo ya no debería existir en esta época; fue superada hace tiempo.

El desarrollo sostenible consiste en compatibilizar la protección ambiental con el bienestar social y el crecimiento económico. Es indispensable aplicar un enfoque de profunda sensibilidad social al entender que las playas de Montevideo son el principal espacio de recreación de una enorme cantidad de uruguayos y, para muchas familias, representan sus únicas vacaciones. Para gran parte de la población, la rambla es su gran disfrute. A su vez, una ciudad activa y segura durante la noche abre nuevas y grandes oportunidades para el turismo interno y externo. Cada persona que utiliza la costa de manera segura fomenta el comercio y los servicios recreativos, dinamizando la economía local. Estas dinámicas generan fuentes de trabajo fundamentales para afrontar la realidad económica adversa que atraviesa el país.

Lamentablemente, hoy muchos vecinos denuncian basura, deterioro, situaciones de convivencia complejas, sectores que evitan durante la noche y problemas que afectan el uso cotidiano de la costa. Durante años también venimos conviviendo con problemas vinculados al estado de la infraestructura sanitaria, incluyendo el deterioro del colector de Punta Carretas, cuya reparación comenzó a encaminarse gracias al Partido Colorado. Por eso resulta llamativo que algunas voces se movilicen intensamente contra una propuesta de iluminación ambientalmente responsable mientras guardan mucho menos entusiasmo frente a problemas que afectan directamente la calidad sanitaria de nuestras playas.

Además, existe un aspecto técnico que muchas veces se omite. La discusión pública parece plantearse como si toda iluminación produjera exactamente el mismo impacto ambiental. La evidencia científica demuestra que eso no es cierto. La contaminación lumínica depende de múltiples variables, tales como la intensidad utilizada, la orientación de las luminarias, el flujo luminoso emitido hacia el cielo, la temperatura de color y los horarios de funcionamiento.

Precisamente por eso, el proyecto integral se rige por el estándar internacional conocido como Dark Sky Friendly. Esta iniciativa contempla la instalación de luminarias con tecnología LED full cut-off, diseñadas específicamente para dirigir la luz exclusivamente hacia el suelo. A su vez, se prioriza la utilización de temperaturas de color marcadamente cálidas, como una medida técnica indispensable de mitigación. Asimismo, como garantía institucional ineludible, la propuesta establece la realización de los estudios de impacto ambiental correspondientes antes de su implementación, erigiéndose como una condición insoslayable que determinará el avance para la ejecución final de la obra.

Existe, además, un aspecto fundamental vinculado al uso del espacio y la convivencia ciudadana. Desde hace décadas, diversas corrientes de la criminología ambiental han estudiado cómo las características físicas de los entornos urbanos influyen sobre los comportamientos sociales. En la doctrina especializada se ha defendido que el diseño adecuado y el uso eficaz del ambiente construido pueden conducir a una reducción del miedo al delito y a una mejora en la calidad de vida. Cuando una playa permanece vacía y a oscuras durante la noche, disminuye drásticamente la presencia de controles sociales naturales. Por el contrario, la creación de espacios inteligentemente iluminados fomenta la ocupación positiva del territorio por parte de los vecinos, fortaleciendo el sentido de pertenencia y desalentando conductas delictivas.

Quienes plantean reparos a esta iniciativa son dignos del mayor de los respetos, sin dudar un instante de su buena fe ni de sus conocimientos. No obstante, el ejercicio del gobierno demanda ir más allá del enfoque particular. Quien asume la responsabilidad de gestionar debe hacerlo pensando en la complejidad de la ciudad, asegurando el bien colectivo bajo el mandato irrenunciable del desarrollo sostenible.

La verdadera discusión no exige elegir entre el ambiente y el desarrollo, sino interrogarnos sobre nuestra capacidad para articular políticas públicas inteligentes. Es perfectamente posible salvaguardar la biodiversidad mediante estudios ambientales rigurosos y, en simultáneo, recuperar aquellos espacios públicos que hoy, lamentablemente, son tierra de nadie. Al reintegrar estos territorios a la vida comunitaria, no solo encendemos motores de actividad económica, sino que democratizamos el legítimo derecho de todos los ciudadanos al goce de nuestra valiosa costa.



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