Idas y vueltas que pueden salir caras
Viernes 17 de octubre de 2025. Lectura: 2'
 Las indefiniciones de la ANP y los conflictos entre empresas privadas amenazan con empañar la temporada de cruceros y dañar la imagen internacional del país.
Las idas y venidas de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en torno al transporte de turistas de cruceros ponen en evidencia un problema más profundo: la falta de certeza regulatoria. La suspensión de la licitación, los cambios de criterios y las denuncias cruzadas entre empresas privadas no solo generan costos internos, sino que amenazan con convertir a Uruguay en motivo de escarnio internacional justo cuando empieza la temporada de cruceros.
El turismo marítimo es una vidriera global: cada barco que escala es una oportunidad para mostrar al mundo otra cara del país. Pero cuando los operadores reciben señales contradictorias y políticas, la confianza se quiebra. Que una licitación clave sea suspendida casi en el límite del calendario genera incertidumbre entre navieras, agencias y turistas. ¿Quién arriesgará una escala si no sabe qué transporte lo espera en el puerto?
Las empresas implicadas tienen derecho a denunciar irregularidades. Pero en ese intercambio el público se entera apenas de fragmentos: “irregularidades”, “criterios cambiantes”, “empresas que no saben si pueden ofertar”. Ese ruido alimenta la percepción de que en Uruguay prima el acomodo sobre la transparencia. Y ese es el daño que excede lo técnico y lo administrativo: es reputacional.
No se busca aquí tomar partido por ninguna de las partes involucradas en este berenjenal. Se trata de exigir que, salvo emergencia de fuerza mayor, los organismos públicos actúen con previsibilidad. Si el Estado decide corregir errores, que lo haga con tiempo, con justicia y con comunicación clara. Que no sea con hastío para los privados ni desconfianza para el sector internacional.
En el fondo hay un dilema: ¿queremos ser un puerto de paso confiable o un examen en suspenso? Si el tema no está dilucidado cuando los cruceros empiecen a llegar, pueden generarse incidentes: barcos que se van sin bajar pasajeros, servicios contratados que fallan, quejas que ocupan portadas. Entonces, lo que hoy parece una discusión administrativa podría transformarse en un papelón internacional.
Uruguay tiene suficientes fortalezas —cultura, paisajes, capital simbólico— como para perderlas por falta de gestión portuaria. Exigir rigor y certidumbre no es favorecer a nadie: es proteger la credibilidad del país. Que esas disonancias entre la ANP y las empresas —y de estas entre sí— se resuelvan pronto es asunto de Estado, no de preferencia privada. El reloj de la temporada avanza sin esperar a que los papeles estén en regla. Y la ventana de oportunidad no dura para siempre.
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