INISA, militares y el reflejo automático: cuando el debate se sustituye por antimilitarismo infantil
Viernes 6 de febrero de 2026. Lectura: 4'
 Las críticas al convenio entre el INISA y Defensa no abren una discusión seria sobre reinserción juvenil: repiten un prejuicio ideológico que confunde disciplina con autoritarismo y formación con militarización.
El rechazo al acuerdo entre el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) para incluir instancias de capacitación con apoyo de las Fuerzas Armadas volvió a exponer un viejo reflejo de parte de la izquierda uruguaya: el antimilitarismo como reacción instintiva, antes que como posición pensada a la luz de evidencia, experiencias comparadas o necesidades concretas de política pública
Las objeciones ya no provienen solo del sector Casa Grande del Frente Amplio y de la senadora Constanza Moreira. Se han sumado el PIT-CNT, sindicatos docentes de formación en educación, organizaciones de derechos humanos como Serpaj y diversas voces académicas y militantes que describen el convenio como “un parche”, una forma de “militarizar la educación” o un mecanismo que “naturaliza el control y la disciplina como herramientas educativas”.
El problema no es que haya críticas: el debate sobre cómo reinsertar a adolescentes privados de libertad debe ser profundo, exigente y plural. El problema es la pobreza conceptual de buena parte de los argumentos.
La palabra “militar” como atajo retórico
Buena parte de los cuestionamientos giran en torno a una idea repetida casi como consigna: que la presencia de militares en instancias formativas “estigmatiza” a los jóvenes y “naturaliza el control”. Sin embargo, casi nunca se explica por qué un curso de oficios, hábitos laborales, organización del tiempo o trabajo en equipo —aunque esté dictado con apoyo logístico o docente de personal militar— equivaldría automáticamente a vulnerar derechos.
Aquí aparece el núcleo del problema: para estos sectores, lo militar no es una institución pública más, sino una categoría moral negativa. La palabra funciona como atajo. No hace falta discutir contenidos, metodologías, límites del convenio ni supervisión civil. Basta decir “militares” y el veredicto ya está dado.
Eso no es análisis de política pública: es reacción ideológica condicionada.
El historial que no es casual
En el caso de Casa Grande y de Constanza Moreira, esta posición no es coyuntural. Forma parte de una trayectoria coherente de deslegitimación sistemática de las Fuerzas Armadas como institución democrática, incluso en funciones no represivas: defensa, apoyo logístico, tareas sociales, emergencias, formación técnica.
Ese mismo sector que hoy denuncia “estigmatización” hacia jóvenes en conflicto con la ley ha sostenido durante años una narrativa que presenta a las FFAA casi como un cuerpo ajeno a la República, prescindible o sospechoso por definición. El problema es que esa lógica binaria —militar = autoritarismo— no admite zonas grises, controles civiles ni usos institucionales diversos.
Lo que vemos ahora es la consecuencia: incapacidad para evaluar un programa concreto sin activar el reflejo automático.
Disciplina no es sinónimo de militarismo
Otro eje repetido es que “la disciplina no puede ser herramienta educativa”. Esta afirmación, llevada al extremo, es insostenible. Todo sistema educativo —escuela, UTU, universidad, talleres de formación profesional— se basa en reglas, horarios, responsabilidades, evaluación de desempeño y cumplimiento de tareas.
La diferencia entre disciplina y autoritarismo no está en la existencia de normas, sino en cómo se ejercen, bajo qué marco de derechos y con qué fines.
Muchos programas de reinserción juvenil en distintos países han incorporado entornos estructurados, rutinas exigentes y formación en oficios con fuerte componente organizativo, justamente porque los adolescentes que pasaron por trayectorias de exclusión profunda suelen carecer de hábitos básicos de inserción laboral. Negar esto en nombre de una idea abstracta de “educación sin control” es desconocer la realidad social que se dice defender.
Riesgos reales… y exageraciones ideológicas
¿Existen riesgos? Por supuesto. Cualquier participación de actores armados en ámbitos socioeducativos exige:
- límites claros de rol,
- supervisión civil estricta,
- centralidad pedagógica del INISA,
- y enfoque de derechos como marco rector.
Eso es materia de regulación, diseño institucional y control democrático. Pero una cosa es discutir cómo se hace, y otra muy distinta es declarar que la sola presencia militar convierte el programa en violatorio de derechos.
Ahí es donde la crítica deja de ser garantista y se vuelve dogmática.
Una paradoja de fondo
Hay, además, una paradoja difícil de eludir: sectores que reclaman más políticas de inclusión, más Estado presente y más oportunidades para jóvenes excluidos, rechazan de plano que una institución estatal con capacidad logística, técnica y formativa pueda aportar en ese terreno, aun bajo conducción civil.
Es como si la prioridad no fuera mejorar las trayectorias de los adolescentes, sino mantener la pureza simbólica de una frontera ideológica.
El verdadero infantilismo
El resultado es un debate empobrecido, donde se confunde:
- disciplina con represión,
- formación estructurada con militarización,
- participación institucional con autoritarismo.
Ese reduccionismo es lo que puede llamarse, con propiedad, antimilitarismo infantil: una postura que no distingue funciones, contextos, controles ni fines; que opera por reflejo y no por análisis; y que, en nombre de proteger derechos, termina cerrando discusiones necesarias sobre cómo ofrecer a jóvenes en conflicto con la ley herramientas reales de inserción.
La pregunta de fondo no es si “los militares nos gustan” o no. Es qué dispositivos concretos funcionan para que un adolescente que pasó por la violencia, la exclusión y el delito pueda construir una trayectoria distinta.
Responder eso exige menos consignas y más política pública.
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