Correo de los Viernes - INALE y el siempre cuestionado financiamiento de la institucionalidad agropecuaria

INALE y el siempre cuestionado financiamiento de la institucionalidad agropecuaria

Edición Nº 1096 - Viernes 4 de setiembre de 2026. Lectura: 7'

Por Tomás Laguna

Entre el fárrago de discusiones y contrapuntos que son habituales en cada negociación de una Rendición de Cuentas, pasó relativamente inadvertido el reclamo por mayores partidas presupuestales para el Instituto Nacional de la Leche (INALE). Una reivindicación más en la pulseada por los recursos destinados a la institucionalidad agropecuaria.

La solución con la que llegó el planteo en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas resultó controvertida, como suele ocurrir en estos casos. Se propuso desviar hacia el INALE recursos que hoy van para el LATU en cumplimiento, este último, de sus responsabilidades en el análisis y certificación de productos lácteos con destino a los mercados externos. Con argumentos a atender de ambos lados, en la pulseada por la partida en cuestión.

El tema en sí merece previamente una referencia a nuestra rica institucionalidad agropecuaria y la racionalidad presupuestal de su financiamiento. Desde la creación del Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional de La Estanzuela en 1911, la institucionalidad agropecuaria fue evolucionando en apoyo al desarrollo del sector, siendo razón sustantiva del mismo a través de la historia. No obstante, esa institucionalidad ha padecido en los últimos años cuestionamientos, y de la peor forma: mediante la afectación de su financiamiento desde el Ministerio de Economía. En algunos casos al punto de poner en riesgo su propia existencia. Y esto ha sido parejo en los últimos gobiernos, variando los énfasis.

Hay dos casos paradigmáticos. Para el funcionamiento del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) el legislador logró una modalidad de financiamiento que fue motivo de referencia a nivel mundial. La producción hacía su aporte a partir de un adicional del 4‰ al impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios en tanto desde rentas generales el Estado “debía” aportar una partida al menos similar. Este principio sustantivo ha sido mañosamente tergiversado al haber reducido el Estado su aporte, al punto que a la fecha el 70% del financiamiento responde al aporte de los productores. De esta manera se ha afectado su funcionamiento a la vez de desvirtuar la jerarquía de su presidencia, designada por cada gobierno de turno cuando hoy debería estar en manos de los productores. El otro caso de referencia es INAC, íntegramente financiado desde la producción mediante un gravamen del 0,6% a la exportación de carne y 0,7% a las ventas en el mercado interno. Cumplir con sus exigentes objetivos de proyección a los mercados externos, permitiendo acceder a nuevos mercados a nuestro principal producto del agronegocio de exportación, pero aún más importante, permaneciendo en ellos una vez abiertos, justifica la magnitud de sus recursos financieros. No obstante, está hoy en la mira codiciosa de tantos que pretenden desviar parte de esos generosos recursos para otros fines que no son los previstos. Acaso puede resultar de recibo la pretensión de que con fondos INAC se financien iniciativas dirigidas al desarrollo productivo de la misma ganadería de carne (tanto con el MGAP como con el INIA). Como sea, la abundancia de recursos exige saber gastarlos en consonancia con los objetivos institucionales a riesgo de perderlos en la encarnizada lucha presupuestal. No en vano desde la producción ha habido planteos para bajar las alícuotas del gravamen que nutre al instituto.

Otro caso para mencionar es el Instituto Nacional de Semillas. En tiempos del desarrollo biotecnológico de la producción vegetal, en la misma ley de semillas (16.811 de 1997) se construyó la formalidad y la institucionalidad necesaria para la producción y comercialización de semillas y material de reproducción vegetativa. Como aspecto sustantivo se atendió el resguardo de la propiedad intelectual para el obtentor original de cada nuevo material genético registrado, exigencia internacional para que nuestro país mereciera la atención de las principales empresas semilleristas del mundo. La evaluación de nuevos cultivares y el registro de los mismos es parte de los objetivos del INASE. Para cumplir con esos cometidos el legislador le asignó al instituto una partida anual de 20.000 Unidades Reajustables más los proventos por las tarifas de sus servicios. En sus inicios, rentas generales financió el 40% del presupuesto en tanto que el 60% lo aportaban los proventos. Durante el anterior gobierno el MEF “pesificó” la partida en UR, reduciendo el aporte del Estado al 20%. Hoy este aporte no pasa del 11%. El instituto se las ingenia para sobrevivir ajustando sus tarifas, mientras el tractor utilizado para los ensayos de validación que necesariamente debe hacer el instituto con cada nuevo cultivar inscripto data de la misma fundación, año 1997. También la sembradora…

Una historia distinta es la del Instituto Nacional de la Granja, reclamado con énfasis desde este sector de la producción. La Ley de Urgente Consideración (julio de 2020), apenas asumido el anterior gobierno, mandató al MGAP para su creación en un plazo de 180 días. Gestación que pronto abortó luego de una negociación con las gremiales granjeras, donde fue razón de fondo la discusión por los recursos presupuestales y la necesidad de reactivar el Fondo Nacional de la Granja. Un aborto consentido. Fue tema de esta columna en aquellos momentos.

Existen otras historias de supervivencia presupuestal, en particular merece referencia el Instituto Plan Agropecuario. Pero en atención al espacio volvamos al objetivo de esta nota.

El INALE fue creado por ley 18.442 del año 2007. Hasta entonces la lechería era atendida desde el MGAP donde, con apoyo de OPYPA, operaba la Junta Nacional de la Leche (Decreto Ley N° 15.640 de 1984). Ya entrado el presente siglo se entendió que la lechería nacional merecía un instituto sectorial por sí mismo, con ambiciosos objetivos que atendieran desde la producción hasta la etapa industrial, definiendo las formas de comercialización, proponiendo líneas de investigación y capacitación, incluso con cometidos en el acceso a la tierra (los objetivos son aún más vastos, sugerimos recurrir a la ley original).

Para cumplir con sus cometidos, el legislador estableció que el novel instituto se financiara con una partida presupuestal anual de valor similar al recaudado por el impuesto del tres por mil (en aquel momento) sobre el valor de exportación en aduana (VAE) de leche y de productos lácteos (la ley 18.442 hace mención al artículo 458 de la ley Nº 16.226, de 1991, previsto para la financiación del LATU desde sus orígenes). La ley de creación del INALE no le quitaba recursos al LATU sino que hacía referencia al tributo para establecer el monto mínimo a recibir de rentas generales. Pero con una trampa para el INALE, el mismo texto legal indicaba “a valores del año 2007”. Esto implica que hoy, según esa premisa e inflación de por medio, el instituto percibe un aporte equivalente aproximadamente a la cuarta parte del previsto en su creación, en tanto el LATU, si bien redujo del 3‰ al 2‰ del valor VAE, lo recibe a valores actuales.

La cuestión no se puede dilucidar a partir de una discusión donde se desviste un santo para vestir a otro. Resulta una discusión inconducente. Si el INALE tiene un objetivo que cumplir, si lo ha justificado a lo largo de todos estos años, esa debería ser la consideración de fondo. Por lo pronto las gremiales lecheras defienden su vigencia y mayor protagonismo en la promoción de la lechería nacional en el mercado mundial. Para lo cual, convengamos, no tiene hoy recursos. La industria láctea, en particular CONAPROLE, tal vez no lo vea con tanto “cariño”. Acaso una competencia protagónica esté solapada en estas diferencias.

En tanto no se resuelve la proyección institucional del INALE, no hay nada más inicuo que ahogarlo sometiéndolo a una muerte lenta por inanición.

Así como van las cosas, ya es una constante que la institucionalidad agropecuaria está siendo maltratada toda vez que su consideración ingresa en el terreno político. De una buena vez se hace impostergable acordar su adecuado financiamiento y consecuente viabilidad.