Correo de los Viernes - IMESI a los autos eléctricos: recaudar hoy, retroceder mañana

IMESI a los autos eléctricos: recaudar hoy, retroceder mañana

Viernes 10 de julio de 2026. Lectura: 5'

La decisión del gobierno de gravar con IMESI a una parte de los vehículos eléctricos rompe con una política de incentivos que Uruguay sostuvo durante años para promover la movilidad sustentable. El cambio, impulsado con fines recaudatorios, despertó una inusual reacción del sector automotor, que advierte sobre el impacto en las inversiones, la previsibilidad y el desarrollo de una tecnología que todavía busca consolidarse en el mercado nacional.

La decisión del Poder Ejecutivo de comenzar a gravar con IMESI a los vehículos eléctricos e híbridos a partir del 1.º de enero de 2027 representa mucho más que una modificación tributaria. Constituye un cambio de rumbo respecto de una política de Estado que, durante años, buscó incentivar la incorporación de tecnologías más eficientes y menos contaminantes mediante un tratamiento fiscal diferencial.

El Decreto 147/026 establece que los vehículos eléctricos de pasajeros cuyo valor de importación supere los US$ 19.000 comenzarán a tributar IMESI en franjas del 5% y del 9%, según su valor en aduana. El gobierno justificó la medida como parte del paquete de financiamiento de la Rendición de Cuentas, modificando un régimen de exoneraciones vigente desde 2021, cuando precisamente se había entendido que la promoción de la movilidad eléctrica requería incentivos tributarios.

Lo llamativo no es solamente el cambio de criterio, sino la rapidez con la que se produjo y la forma en que fue adoptado. La Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), que reúne a empresas que representan más del 90% del mercado, sostuvo que se enteró de la decisión por la prensa pese a haber participado de instancias de intercambio con el Ministerio de Economía. La gremial manifestó su “profundo descontento” y calificó la medida como una ruptura con la política de promoción de la movilidad eléctrica desarrollada durante los últimos años.

La discusión, naturalmente, no pasa por sostener que los vehículos eléctricos deban permanecer exonerados de impuestos para siempre. Toda política pública puede ser revisada cuando el mercado madura. El problema es determinar si ese momento realmente llegó y si el diseño elegido resulta coherente con los objetivos ambientales, energéticos e industriales que el propio Estado venía promoviendo.

En ese sentido, incluso aceptando la necesidad de revisar beneficios fiscales, cuesta encontrar la lógica de gravar un sector que todavía representa una porción reducida del parque automotor nacional. Según datos del propio mercado, durante 2026 las ventas de eléctricos han crecido con fuerza, pero siguen siendo una fracción minoritaria del total de vehículos en circulación.

Más aún, el propio análisis de los modelos actualmente comercializados muestra que, si bien el gobierno sostiene que el impuesto alcanzará solamente a los vehículos de mayor valor, buena parte de la discusión gira precisamente sobre dónde comienza esa categoría. El gerente de ACAU, Ignacio Paz, señaló que resulta difícil considerar “alta gama” a vehículos cuyo precio de venta ronda los US$ 29.000 y sostuvo que el nuevo esquema termina alcanzando automóviles de gama media, justamente aquellos que han permitido ampliar el acceso a la electromovilidad.

Ese argumento resulta atendible, aun cuando pueda discutirse cuál debe ser el umbral tributario adecuado. Lo cierto es que el concepto de “vehículo de lujo” pierde consistencia cuando el avance tecnológico reduce progresivamente los costos y transforma en opciones relativamente accesibles productos que hace pocos años eran exclusivos.

Otro aspecto preocupante es el mensaje que transmite el Estado respecto de la estabilidad de las reglas de juego. Uruguay construyó buena parte de su reputación internacional sobre la previsibilidad normativa. Cuando un gobierno promueve inversiones durante años bajo determinados incentivos y luego modifica abruptamente ese esquema para obtener recursos fiscales, inevitablemente introduce un elemento de incertidumbre.

En ese contexto, Ignacio Paz afirmó públicamente que una empresa multinacional habría decidido frenar una inversión en Uruguay como consecuencia del nuevo escenario tributario. Esa afirmación ha sido difundida por diversos medios y refleja la preocupación existente dentro del sector. Sin embargo, hasta el momento no se ha identificado públicamente a la empresa involucrada.

Aun dejando de lado ese episodio puntual, resulta evidente que la preocupación inversora existe. Importadores y representantes oficiales advirtieron que la nueva carga tributaria puede afectar decisiones comerciales, enlentecer la renovación del parque automotor y disminuir el atractivo de Uruguay como destino para nuevas inversiones vinculadas a la movilidad eléctrica.

La discusión también revela una contradicción política difícil de explicar. Durante años el Estado promovió la electrificación del transporte por razones ambientales, energéticas y de reducción de emisiones. Esa estrategia permitió disminuir la dependencia de combustibles fósiles, aprovechar una matriz eléctrica mayoritariamente renovable y desarrollar un mercado que comenzaba a consolidarse. Ahora, una parte de ese mismo Estado resuelve utilizar ese proceso de expansión como nueva fuente de recaudación.

No sorprende entonces que desde el propio sector automotor se atribuya al impuesto un objetivo esencialmente fiscal. Ignacio Paz sostuvo que el nuevo esquema tiene un claro fin recaudatorio y que no responde a criterios de política ambiental o energética. Puede discutirse esa apreciación, pero resulta difícil negar que la incorporación del IMESI aparece vinculada directamente a las necesidades de financiamiento de la Rendición de Cuentas y no a una redefinición integral de la estrategia de movilidad del país.

Toda administración necesita recaudar. Pero también debe evaluar cuidadosamente los costos de modificar políticas que habían demostrado consistencia durante varios gobiernos. Cuando la urgencia fiscal comienza a imponerse sobre los incentivos a la inversión, la innovación tecnológica y la transición energética, el riesgo es terminar obteniendo un beneficio inmediato a costa de desalentar el desarrollo futuro.

Porque recaudar algunos millones adicionales puede ser relativamente sencillo. Recuperar la confianza de quienes invierten bajo determinadas reglas suele llevar mucho más tiempo.