Horas extras compañeras
Viernes 9 de mayo de 2025. Lectura: 2'
 Mientras la capital se hunde entre la basura, la Intendencia de Montevideo sigue demostrando que para el Frente Amplio gobernar es, ante todo, administrar privilegios. Lo que a los frentistas les causa estupor cuando proviene de otras latitudes, es parte del paisaje montevideano: en 2023, la comuna autorizó la friolera de 826.061 horas extras, con un costo superior a los 10 millones de dólares.
Pero la indignación no se agota en el monto. Lo realmente grotesco es cómo se reparten esas horas. Más de 80 funcionarios recibieron autorizaciones que implican, en promedio, más de 100 horas extra al mes. Algunos lo hicieron durante semestres completos, otros durante años. Hay incluso quienes han sido habilitados cinco veces durante el período 2020-2025, en una suerte de continuidad permanente que desafía la lógica, el reglamento y la ética más elemental. Esto no es gestión, esto es un sistema paralelo de sobresueldo institucionalizado.
¿Dónde están los controles? ¿Dónde está la equidad en el empleo público? ¿Dónde está la protección del trabajador, ese que dicen defender con tanto fervor? Porque hay que decirlo sin rodeos: no creemos que esas horas verdaderamente se trabajen; y si así se hiciera, no tenemos dudas de que ningún ser humano debería trabajar 15 horas por día. Y si un jerarca lo permite, lo habilita y lo firma, está siendo cómplice de una violación sistemática del derecho al descanso.
La candidata colorada Virginia Cáceres, con el tono firme y sereno que la caracteriza, puso el dedo en la llaga: “Aunque una persona pueda hacer 13 o 15 horas diarias, me parece que está mal, que el Estado le permita a una persona trabajar 14 horas… ¿dónde está el derecho de los trabajadores al ocio, al disfrute? No está dentro de los parámetros normales, no está bien que eso se haga”.
Y tiene razón. Porque el problema no es solo el exceso, sino la discrecionalidad. Como bien explicó Cáceres, la normativa ya existe. El digesto municipal establece los límites de horas extra por funcionario según la carga horaria. Pero la Intendencia decidió ignorarla. No por omisión. No por error. Sino por voluntad política. Se emitieron resoluciones explícitas en las que se justifica por qué se opta por no aplicar la normativa. En buen criollo: se saltearon las reglas a sabiendas, y lo escribieron.
Es su forma de gobernar. Es el clientelismo frentista en su versión más descarada: comprar lealtades con sobresueldos encubiertos, disfrazados de esfuerzo extraordinario. Porque nadie cree que haya 80 personas en la Intendencia que estén salvando la democracia todos los días con jornadas maratónicas de 15 horas. Esto no es eficiencia, es simulacro. Y lo pagamos todos.
¿Hasta cuándo?
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