Correo de los Viernes - Gobernar también implica poner límites

Gobernar también implica poner límites

Edición Nº 1074 - Viernes 27 de marzo de 2026. Lectura: 3'

El problema del dragado del puerto de Montevideo expone una demora injustificable, una tolerancia excesiva frente a la ineficiencia y la necesidad —finalmente asumida— de recurrir a la empresa china con contrato vigente para garantizar la operativa de un enclave estratégico que el país no puede permitirse ver degradado.

Por momentos, el puerto de Montevideo parece condenado a una rutina que Uruguay no puede permitirse: conflictos recurrentes, pérdida de eficiencia y decisiones que llegan siempre tarde. Esta vez no es distinto. La diferencia es que, finalmente, se tomó una decisión correcta. Pero también es necesario decirlo con claridad: se esperó demasiado.

El problema del dragado no es nuevo. Se arrastra desde hace meses —en rigor, más de un año— con una combinación de fallas técnicas, falta de mantenimiento y conflictos sindicales que terminaron paralizando tareas esenciales. Hubo roturas reiteradas en las dragas, incluso con episodios graves como la pérdida de piezas en el lecho del río, y períodos en los que directamente no se pudo operar.

A eso se sumaron medidas gremiales que profundizaron la inactividad. El resultado fue previsible: el puerto perdió profundidad operativa en sectores clave, al punto de que algunos muelles quedaron por debajo de los niveles necesarios para la carga de buques, afectando directamente la operativa exportadora.

Tolerancia excesiva, costo real

En este contexto, lo más llamativo no es la crisis en sí, sino la demora en reaccionar. Durante demasiado tiempo se optó por tolerar lo que era, a todas luces, una disfunción grave del sistema.

El argumento de preservar capacidades estatales o evitar conflictos puede ser atendible en abstracto, pero pierde legitimidad cuando deriva en parálisis. La evidencia es contundente: de tres dragas disponibles, apenas una estaba operativa y con limitaciones, mientras las demás permanecían fuera de servicio o en reparación.

El sindicato, por su parte, denunció un supuesto proceso de “privatización”, pero esa lectura omite un dato central: el deterioro operativo no es una hipótesis, es un hecho verificable. Y sostener el statu quo en esas condiciones no es defender lo público, sino resignarse a su ineficiencia.

La decisión correcta, aunque tardía

Frente a ese escenario, la Administración Nacional de Puertos resolvió avanzar con la empresa china CHEC Dredging Company Limited con la que ya existe un contrato vigente desde 2018.

No se trata de una improvisación ni de una privatización encubierta. Es, simplemente, la ejecución de una herramienta contractual disponible, prevista precisamente para situaciones en las que los medios propios no alcanzan. De hecho, el propio gobierno ha señalado que este acuerdo funciona como respaldo cuando la capacidad estatal es insuficiente.

Más aún: la alternativa era clara. O se recurría a esa capacidad ya contratada, o se aceptaba la degradación del puerto como plataforma logística. No había una tercera vía realista en el corto plazo.

Un puerto que no puede fallar

El puerto de Montevideo no es un actor más de la economía: es su columna vertebral. Es el principal nodo logístico del país y un punto estratégico en la región.

Por eso, su funcionamiento no puede quedar rehén de conflictos internos ni de ineficiencias persistentes. Cada día sin dragado adecuado es un día en que Uruguay pierde competitividad, carga y credibilidad.

El problema de fondo es más profundo que este episodio puntual. Es la reiteración de una lógica en la que los conflictos se administran en lugar de resolverse, y las decisiones se postergan hasta que la realidad las vuelve inevitables.

Una señal necesaria

Apelar a la empresa china no es una claudicación. Es, en este caso, un acto de responsabilidad. Lo cuestionable no es la decisión, sino el tiempo que llevó adoptarla.

Si algo debería dejar esta crisis es una señal clara: los servicios estratégicos no pueden depender de equilibrios frágiles ni de tolerancias indefinidas. Gobernar también implica fijar límites.

Porque lo que está en juego no es un contrato ni una disputa sindical. Es algo mucho más básico: que el puerto de Montevideo deje, de una vez por todas, de ser un problema.