Edición Nº 1074 - Viernes 27 de marzo de 2026

Garrapata trasmisora del virus de la incompetencia

Viernes 27 de marzo de 2026. Lectura: 5'

Por Tomás Laguna

La exportación de carne a China se ha encontrado con una práctica que no es nueva en ese mercado. La constatación de residuos de determinados específicos sanitarios ha determinado la devolución de embarques y la consecuente sanción al frigorífico exportador. Preocupa la incompetencia a nivel local para terminar por adecuar las normas sanitarias vigentes y los procedimientos para su cumplimiento, ajustando el sistema en su rigurosidad y sanciones a las exigencias a las que estamos condicionados. Responsabilidad de los poderes públicos, no de los privados como pretende el ministro Fratti.

Nos referíamos en la pasada entrega a las condiciones competitivas que para exportar debe tener un país, más que nunca cuando su producción se canaliza en más del 80% a los mercados externos. Para el complejo agroindustrial exportador, una de las patas más importantes en sus cimientos es la sanidad, tanto en producción animal como en cultivos. Y lo es a la par de los costos de producción y la misma productividad lograble tanto a nivel de campo como industrial. Más aún, tal vez sea la sanidad más importante, siendo que con costos y productividad cuestionados aún es posible exportar; la sanidad nos cierra directamente los mercados.
Por todo esto es que las políticas sanitarias dirigidas a la producción, tanto animal como vegetal, deben constituir, sin fisuras, políticas de Estado basadas en fundamentos científicos/técnicos, instrumentadas a partir de criterios de sólida base jurídica y consecuente respaldo estatal. No hay lugar para opinólogos de izquierda o derecha, no hay lugar para circunstanciales personajes que la oportunidad política los encumbra en cargos de gobierno. Dicho de otra manera, la política de trinchera no puede meter su larga cola en los programas y regulaciones sanitarias; antes bien, cuanto más lejos, mejor.

En estos últimos tiempos se ha desatado una preocupante reiteración en la constatación de residuos de acaricidas en la carne exportada a China. En particular, el principio activo “fluazurón”, ingrediente de un ectoparasiticida de uso veterinario. Si bien existen regulaciones que determinan los tiempos de espera entre su aplicación en el combate a la garrapata y el envío del ganado a faena, además de estrictas observancias en cuanto a dosis a aplicar en función del peso del animal, es constatable que las mismas adolecen de fisuras en su cumplimiento, debidas a distintas razones, pero fisuras al fin. También es cierto que el mercado chino es el único destino de nuestras carnes donde se registran las denuncias y consecuentes penalizaciones a nuestras exportaciones y, en particular, al frigorífico remitente. ¿Estamos ante una nueva barrera o interdicción no arancelaria? Los residuos de fluazurón perduran 42 días en la carne y 90 días en la grasa; una posible discrecionalidad en la toma de muestras es suficiente para distorsionar un fluido mercado con precios demandantes. Distorsiones que al final inciden deprimiendo los precios.

Como sea, el reclamo existe, aun a pesar de la habilitación de cada embarque en cumplimiento de las exigencias de cada mercado de destino que, mediante certificación sanitaria, hace el MGAP a través de la Dirección de Industria Animal. Si luego de estas habilitaciones persisten constataciones de residuos prohibidos en destino, el problema ya arranca en el mismo MGAP. Más aún, entre el campo y el contenedor con carne de exportación existe todo un sistema de verificaciones que hoy está en el centro de los cuestionamientos, resquebrajado y discutido por todos los distintos actores: productores, industria, servicios oficiales (Sanidad Animal a nivel departamental, Industria Animal en la entrada a planta y posterior habilitación para exportar), endilgándose culpas entre sí. El propio sistema de relevamiento de muestras está muy controvertido en sus resultados por los mismos productores. Hay un buen historial de anécdotas en ese sentido. No en vano hoy es terreno de abogados que representan a estos últimos, pero a la vez asisten a los servicios del MGAP procurando evitar que estos incurran en prácticas jurídicamente cuestionables. Mal que le pese al ministro Fratti, cuando también carga contra estos profesionales del derecho, acusándolos de oportunismo corporativo, desconociendo de paso el derecho de los ganaderos a tener una defensa justa frente a posibles sanciones desde los poderes públicos.

En este aquelarre, cuando más que nunca es necesaria la intervención de las autoridades de gobierno procurando ordenar y encauzar todo el sistema a partir de procedimientos que den garantías a cada parte y a la cadena en su conjunto, surgen las declaraciones altisonantes del ministro Fratti, queriéndole endosar toda la responsabilidad a los productores y, a la vez, pretendiendo que sean los frigoríficos los encargados de sancionar al remitente infractor eliminándolo de su lista de proveedores o bien, último disparate, pretendiendo que no le paguen el ganado. En buen criollo, el ministro se desentiende de sus responsabilidades al frente de una secretaría de Estado y, con la irascibilidad que le es habitual, pretende que un problema que atañe a los poderes públicos sea asumido a través de la relación de carácter comercial entre privados. Impresentable.

Y cuidado, no es que no existan ámbitos formales de encuentro de los distintos actores de la cadena. El país cuenta con un extenso historial de campañas sanitarias en las cuales fue siempre referencia la CONHASA (Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal), creada por decreto de enero de 1982, y sus ramales departamentales (CODESAS). Lugar de encuentro público-privado (Servicios Veterinarios del MGAP, gremiales rurales y la academia). Sin duda, el ámbito indicado para acordar reglamentaciones y procedimientos ajustados a las cambiantes exigencias en materia de sanidad animal. Por cierto, y hasta donde se nos ha informado, jamás fueron convocadas para tomar posición en este monumental mareo en el que están inmersas las autoridades de gobierno. Todo parece canalizarse por los exabruptos personales del ministro Fratti, pretendiendo endosar culpas y responsabilidades a productores y frigoríficos, respectivamente.
Tal vez sea este el tema más desafiante que tiene hoy el MGAP por delante, donde debería encarar una razonable revisión de todo el sistema de sanidad animal, no para desacreditarlo, nada más lejos, sino para ajustarlo en su funcionamiento y recursos, de modo de lograr una mayor eficiencia y credibilidad en sus resultados.

La credibilidad del país en cuanto a sanidad animal y su incidencia en el agronegocio de exportación está en juego. Responsabilidad de las actuales autoridades al frente del MGAP.



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