Fuego cruzado sobre ANCAP
Viernes 9 de mayo de 2025. Lectura: 5'
Por Tomás Laguna
Mientras ANCAP es utilizada como terreno para la confrontación política por parte de operadores de la izquierda militante desde sus puestos de gobierno, los sectores productivos de nuestro país deben seguir pagando un combustible desproporcionadamente caro por sobre costos aceptados políticamente y que nadie se anima a discutir.
Si bien la controversia en torno a los resultados de ANCAP en el ejercicio pasado se mantiene en la agenda política, su interés ha ido perdiendo notoriedad pública pasados los intercambios de acusaciones iníciales pero fundamentalmente luego de la comparecencia de la Ministra Cardona en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados. Allí, esta señora debió reconocer que no había informado al Presidente de la República sobre los sobre costos que generó el cierre extendido de la refinería por medidas sindicales. Tampoco mencionó que el endeudamiento actual del ente es 13% menor que en 2019, ni que el endeudamiento estructural se ha reducido en un 76%. Aviesamente ignoró que el patrimonio de la petrolera estatal es mayor que al inicio del último período de gobierno y cuenta hoy con una caja de 159 millones de dólares, mientras que el crédito que se tomó por 160 millones de dólares se justificó en una contingencia operativa ante la falta de los ingresos que debió generar la refinería. Préstamo que fue aprobado en su momento por unanimidad del directorio, incluyendo el voto favorable del representante del Frente Amplio. En definitiva la señora Ministra se dedica a los discursos de barricada antes que a atender sus responsabilidades como secretaria de estado. Eso sí, no deja de cumplir con su objetivo militante. Para el obtuso y obsecuente militante de comité de base la verdad revelada es la que le presentan sus dirigentes políticos. Nunca se lograrán razones objetivas de un calibre suficiente que les permita a estos una reflexión inteligente… Ya se ha escrito in extenso respecto de este lamentable in suceso político, incluso desde estas páginas. Recomendamos el editorial del último número del Correo de los Viernes (2 de mayo).
Resulta oportuno volver sobre el tema desde otra perspectiva, habida cuenta la sensibilidad que existe entre nuestra ciudadanía en torno al accionar de nuestra monopólica petrolera estatal y el precio al consumidor final de los combustibles. En particular para la producción agropecuaria y la competitividad del agro negocio de exportación. Esto ha llevado a que ANCAP sea cuestionada desde alguna gremiales rurales por su condición de empresa estatal monopólica, reclamando la libre importación de combustibles como solución para su abaratamiento. Por cierto que el falso relato construido para el patético lucimiento político de la Ministra de Industrias no hace más que aportar argumentos a quienes, en el otro extremo de la línea, reniegan de ANCAP por su condición de empresa pública monopólica.
En su momento, agosto de 2021, dedicamos este espacio a analizar los distintos componentes que inciden en el precio final del preciado combustible. En el mismo, con información aportada a las gremiales rurales por el entonces presidente de ANCAP Ing. Stipanicic, se explicaba que de los 2.500 millones de dólares que en un año los consumidores uruguayos erogan por los combustibles, los costos de ANCAP empresa pesaban no más del 12%. En ese presupuesto de 300 millones de dólares de la petrolera, el costo de los funcionarios no sobrepasa el 40%. Cifras razonables, no desproporcionadas. Ahora bien, del valor final que pagan productores e industriales, solo el 52% responde a la paridad de importación, considerando todos los costos de entrada a puerto (incluyendo alije). De ahí en más la mayor distorsión en el precio final al consumidor está constituida por sobrecostos de orden “social” que se trasladan al consumidor en el surtidor, además de aquellas pérdidas endémicas, también aceptadas políticamente, como es el caso de la planta de portland. Entre los costos llamados “sociales” es necesario considerar los subsidios tanto al gas licuado como al transporte público de pasajeros entre otros. Estos costos “sociales” deberían ser merecedores de una nota de análisis por separado.
En definitiva, la discusión que se debe dar no es la que plantea esta operadora militante de la izquierda organizada desde el Poder Ejecutivo. Lo que debe preocupar a la ciudadanía es como lograr un combustible con valores competitivos para la agropecuaria y la industria nacional, con la incidencia que esto tiene en la generación de riqueza y empleo para nuestro país. Tampoco lo es la libre importación reclamada por el esnobismo libertario en tanto el valor del combustible estatal esté afectado por los sobre costos ya mencionados, los que implican transferencias del consumidor final hacia otros fines. Librado ANCAP de estos sobrecostos, seguramente sería por dimensión e infraestructura mucho más eficiente para la libre competencia dejando fuera de mercado a cualquier operador golondrina.
Es de esperarse que se comprenda el sentido de estas reflexiones. El costo de los combustibles no responde a ineficiencias de ANCAP sino por decisiones políticas explícitas que lo encarecen. ANCAP es una empresa que seguramente puede ser muy competitiva si se la libera de estos sobre costos decididos políticamente. Mientras tanto poco podemos esperar de los operadores de la izquierda organizada en su obsesión populista electorera. Más vale que dejen de tirar piedras arriba del tejado y se dediquen a gobernar para bien de la República y sus distintos sectores productivos. Piedras que les caen en sus propias cabezas, basta solo recordar el “agujero” por mala gestión y despilfarro en la monumental crisis financiera de una petrolera estatal y monopólica a la que fue llevada ANCAP durante la presidencia de José Mujica. Fueron 872 millones de dólares (622 votados en el Parlamento aportados por Rentas Generales, más 250 por endeudamiento con la Corporación Andina de Fomento), sin considerar otros 100 millones de dólares por ajustes en los precios de los combustibles que no reflejaron la baja que tuvo en su momento el valor del petróleo importado. Por entonces el senador Larrañaga acusaba al gobierno del conglomerado de izquierda de administrar ANCAP como “un boliche de campaña”, mientras que el senador Bordaberry lamentaba que la capitalización de mayor magnitud de una empresa pública en la historia de nuestro país iba a costar unos $ 30.000 a cada familia uruguaya. Datos seguramente desconocidos para la militante Ministra de Industrias…
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